Hablemos de Política, por Diego Martínez Sánchez
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos.
337 vidas borradas en un solo sexenio. No estamos ante una estadística de seguridad. Estamos parados sobre un cementerio.
Hay que ser quirúrgicos con el análisis. El informe de Berkeley no acusa al Poder Ejecutivo de haber ordenado estas ejecuciones. Revela algo mucho más incómodo. El Estado se convirtió en el gran facilitador del peligro. Crearon el clima, retiraron los cerrojos y dejaron la puerta abierta para que el crimen hiciera el trabajo sucio.
Un entorno de riesgo que nació de la palabra oficial. A lo largo de 1,437 conferencias mañaneras, el micrófono presidencial dedicó 2,827 segmentos exclusivos a calumniar y exhibir a la prensa. El insulto se volvió política de Estado a través de adjetivos como “prensa fifí”, “chayoteros” o “hampa del periodismo”. La fórmula funcionó con precisión milimétrica porque se señalaba con nombre y apellido en televisión nacional, y de inmediato se activaba el asedio en redes, las demandas por daño moral y la fabricación de cargos penales.
Y cuando la descalificación no bastaba, el gobierno echaba mano de la tecnología. La investigación de Berkeley confirma lo que se negó sistemáticamente desde el podio presidencial, demostrando que el área de inteligencia de la Sedena utilizó el software Pegasus para espiar a civiles sin ninguna orden judicial.
En este país la vigilancia militar cuesta vidas y el expediente registra un ejemplo muy claro con el nombre de Fredid Román. Su teléfono fue geolocalizado por el Ejército y, veinticuatro horas después, fue asesinado a tiros frente a su casa.
La consecuencia directa de este acoso sistemático es una impunidad que oscila entre el 93 y el 99 por ciento. Una cifra de este tamaño no es un fallo del sistema judicial, representa un permiso oficial para matar.
Con ese historial de abandono, el Estado se presenta en este 2026 pretendiendo educar a los medios.
Ahí están los nuevos Lineamientos para la Protección de las Audiencias, un decreto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —órgano dependiente del gobierno federal— que ahora pretende obligar a radio y televisión a certificar qué información es veraz y a separar la opinión de los hechos.
Quien ejerce este oficio con honestidad no le teme a la verdad. El problema es la hipocresía del censor, porque no hay una ventanilla oficial que haya recibido las quejas de las audiencias por los 2,827 ataques lanzados desde la tribuna del poder. El mismo Estado que es incapaz de aclarar 337 homicidios, hoy pretende decidir qué es verdad y qué es mentira.
La estrategia de control incluye la llamada Ley Antimemes. Una reforma al Derecho de Autor que está diseñada para dar de baja contenidos de internet de forma inmediata, bajo la amenaza de multas que superan los 4.6 millones de pesos. El discurso oficial asegura que la comedia no corre peligro, pero el estudio de Berkeley demuestra lo contrario al documentar que las leyes en México se usan como garrote contra la disidencia. Un botón de censura rápida en manos del poder es un peligro inaceptable.
En estados como Oaxaca este debate no es académico, sino que se escribe en las páginas de nota roja. La Fiscalía local ignoró de manera consecutiva cinco alertas de protección en el caso de Alejandro Leyva antes de que lo asesinaran. A Pedro Matías lo amenazaron de muerte. Y apenas esta semana, las balas alcanzaron al defensor comunitario Humberto García en Santa Cruz Itundujia, sumando 36 activistas ejecutados en el estado desde diciembre de 2022. Solo Oaxaca tiene 194 personas inscritas en el Mecanismo Federal de Protección, lo que significa ciudadanos protegidos por un papel, pero completamente abandonados en las calles.
Esta realidad se repite de manera idéntica en entidades como Veracruz, catalogada históricamente como una de las regiones más letales para la prensa. La violencia contra los periodistas locales no cesa y se manifiesta en crímenes brutales como el de Luis Ángel López Valdez, reportero del portal Vanguardia Veracruz asesinado a balazos en Poza Rica.
Lo alarmante es que el comunicador contaba formalmente con medidas de acompañamiento de la comisión estatal, pero el papel oficial fue incapaz de detener los dieciocho disparos que terminaron con su vida en plena vía pública. En Veracruz, la simulación de las autoridades deja a los reporteros expuestos a redes criminales que operan con total libertad.
Los tratados internacionales establecen mandatos muy específicos que el gobierno está obligado a cumplir. El Pacto Internacional y la Convención Americana no le otorgan al Estado la facultad de vigilar la ironía digital ni de calificar las líneas editoriales. Al contrario, las leyes internacionales le ordenan al poder abstenerse de estigmatizar, frenar el espionaje ilegal, investigar con seriedad y castigar a los responsables de las agresiones.
Cuando el Estado incumple estos mandatos y permite que las balas silencien el disenso, la democracia misma empieza a desmoronarse. Matar a un periodista o a un defensor de derechos humanos no solo borra una vida, sino que destruye la posibilidad de que una comunidad exija justicia, denuncie la corrupción y conozca su propia realidad. Cada homicidio impune es una advertencia para los demás, un golpe directo al derecho que tenemos todos de saber qué hace el poder a nuestras espaldas. Sin justicia para ellos, nos quedamos a ciegas y sin voz.
Mientras las ejecuciones sigan impunes, cualquier ley aprobada bajo el pretexto de protegernos debe leerse con absoluta desconfianza. Porque esto no es protección, es el intento del régimen por administrar el silencio.
Que no se nos olvide la cifra, 337. Y que no se les olvide a ellos.
