El 6 de enero de 2022, fecha en la que se conmemora el “Día de Reyes”; el estado de Zacatecas despertó con una de las noticias más dantescas de los últimos años o al menos hasta ese momento. Diez cuerpos habían sido abandonados al interior de una camioneta justo bajo el árbol navideño que colocaron en la Plaza de Armas en frente del Palacio de Gobierno.
Un mensaje claro y contundente para el recién ungido gobernador David Monreal, quien en ese momento llevaba poco menos de tres meses en el cargo, el cual tomó oficialmente el 12 de septiembre de 2021 en sustitución del priista Alejandro Tello.
Ese mismo día, el gobernador informó que los responsables de abandonar el vehículo habían sido detenidos gracias a las labores de investigación, no obstante no se tiene mucha información del tema, solo que siete de las 10 víctimas (ocho hombres y dos mujeres de entre 20 y 29 años), fueron identificadas y entregados a sus familiares, incluso se brindaron apoyos económicos para los gastos funerarios según lo dicho por la administración estatal.
Pero eso fue solo el inicio de lo que se ha convertido en una espiral de violencia que pareciera ser interminable y que cada día afecta a más sectores de la sociedad. Homicidios, narcobloqueos, secuestros, desplazamientos, cobro de piso, narcotráfico y enfrentamientos, son la realidad que miles de familias zacatecanas han vivido los últimos 10 años, siendo el último, uno que sin duda deja un profundo precedente de incapacidad e indiferencia gubernamental.
“Heredamos un estado con los más altos índices de inseguridad, endeudado y con problemas económicos, lo que nos obliga a no desistir para regresar la paz y tranquilidad a todas y todos los zacatecanos. No daremos tregua en nuestra lucha por regenerar nuestro tejido social, seguiremos empeñados en proteger la vida y la integridad de las y los zacatecanos, no más impunidad, no más corrupción”, declaró el gobernador morenista al inicio de su administración.
Palabras vacías que no han servido de nada ante el avance del crimen organizado y la fallida estrategia en materia de seguridad. Muestra de ello fue la renuncia el 19 de noviembre de 2021, del entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, quien ocupó el cargo como enviado del gobierno federal desde el 9 de septiembre de 2020. En su lugar se nombró al General Brigadier en retiro, Adolfo Marín Marín, quien ostenta el cargo actualmente y quien ha enfrentado diversas críticas por los nulos resultados en la prevención del delito, sobre todo en homicidios dolosos.
De acuerdo a datos oficiales, de los 28,469 asesinatos que ocurrieron en México entre enero y noviembre de 2022, Zacatecas registró 1,218 (4.2%) del total, cifra que ha ido aumentando a diario. Y que dista mucho de los menos de 300 homicidios al año que se registraban en el 2015.
Los municipios con mayores niveles de violencia e incidencia delictiva en homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo, son Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas capital. Los cuales suman el 57% de este tipo de delitos con 5 mil 132 de los 8 mil 927 casos que registra el estado.
Según el INEGI, en el 2021, Zacatecas fue la entidad con mayor tasa de homicidios al registrar 109 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Además, los estudios señalan que el 81% de homicidios dolosos están vinculados al crimen organizado.
Situación que reconoce el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien ha explicado que la ubicación geográfica y las vías de comunicación han convertido al estado en un territorio de disputa para los grupos criminales, particularmente entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Los municipios que tienen mayor cantidad de delitos (Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe) coinciden precisamente con los lugares donde están los nudos de comunicación, una conjunción de carreteras. Para las organizaciones delictivas es importante tener una presencia en estas áreas para poder desarrollar sus actividades de trasiego de drogas en el territorio”, señaló el pasado 9 de septiembre en la conferencia matutina del presidente López Obrador.
Sin embargo, pese a existir un diagnóstico, la violencia, los enfrentamientos, los desplazados, los cuerpos colgados en puentes y las pugnas territoriales que se viven en los municipios, calles y carreteras a lo largo y ancho del estado, no han disminuido, por el contrario, se han convertido en la manera más eficiente de demostrar su poderío ante una sociedad atemorizada y un gobierno superado en todos los aspectos.
Organismos defensores de derechos humanos alertaron que solo durante los tres primeros meses del 2022, 18 municipios zacatecanos han quedado en control del crimen organizado, lo que ha causado que más de 10 mil personas se hayan desplazado de sus localidades.
La organización Causa en común, dirigida por la activista María Elena Morera, informó que durante enero y febrero, Zacatecas registró al menos siete masacres, ocho asesinatos de mujeres con extrema violencia y ocho homicidios de funcionarios públicos.
Números que han ido incrementando mes con mes. Además, la agrupación dirigida Morera resaltó que Zacatecas es el estado donde más atentados sufren los cuerpos de seguridad municipales y estatales.
Agentes en la mira
Como primera línea de defensa, las corporaciones de seguridad municipales se convirtieron en un objetivo prioritario de los grupos criminales, quienes intentaron comprar a los elementos y mandos, o ejecutar a quienes se opusieran a su avance.
Hasta el 20 de diciembre, Zacatecas encabeza la lista de policías asesinados en el país con 61 elementos ejecutados. Municipales, estatales, metropolitanos y hasta elementos federales, han sido asesinados tanto en enfrentamientos como en sus días de descanso.
A finales de septiembre, un comando armado ejecutó a seis policías que se estaban ejercitando en el municipio de Calera. El pasado 1 de octubre, un grupo de hombres armados secuestró al Director de la Policía Municipal de Valparaíso, Juvenal Torres Domínguez, a quien sacaron violentamente de su domicilio y de quien hasta hoy, se desconoce su paradero.
En ese mismo municipio, tres elementos de la policía fueron agredidos por civiles armados la tarde del viernes 3 de diciembre; perdiendo la vida dos de ellos (un hombre y una mujer).
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, ha dicho que los homicidios de los agentes son una respuesta a los operativos que realizan para inhibir al crimen organizado.
“Es más fácil para la delincuencia agredir o atacar a un elemento que anda en su día de descanso a que esté cumpliendo una misión específica con todas las unidades debidamente coordinadas tanto Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal o Municipal en su caso”, señaló.
Pero esta situación se replica en prácticamente todas las comunidades desde hace varios años. Lo que provocó que municipios como Loreto, Apulco y Monte Escobedo, se quedaran sin policías ante el temor de ser acribillados por los narcotraficantes o por la poca confianza por posibles vínculos con criminales.
Mientras que en otros como Melchor Ocampo, Mazapil, Villa Hidalgo, Villa García, Cuauhtémoc y Tepetongo, la Guardia Nacional asumió el control total de la seguridad.
Zacatecas II, Operativo fallido
En noviembre de 2021, se presentó el Plan Zacatecas II, que implicaba un alto nivel de coordinación entre los tres niveles de gobierno, preponderando el control militar y de la Guardia Nacional en su implementación. Lo que implicó el incremento de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en tres zonas: mil 940 en el centro, 804 en el norte y 1,104 en el sur.
En una primera etapa se enviaron 460 elementos de refuerzo (210 del Ejército y 250 de la Guardia Nacional) que sumados a los que ya operaban en la región dieron un total de 3 mil 848 efectivos. Aunque la proyección final es el despliegue de 5,177 elementos de seguridad: 1,744 militares, 1,644 de la Guardia Nacional, 652 policía estatal y 1,137 policías municipales.
Los cuales serían distribuidos en seis regiones: Río Grande, Jalpa, Guadalupe, Jerez, Zacatecas y Fresnillo. Sin embargo, pese a una mayor presencia de fuerzas federales, el crimen organizado no retrocede, por el contrario, avanza y se fortalece.
Al menos así lo muestra el asesinato del Coordinador de la Guardia Nacional en el estado, General José Silvestre Urzúa Padilla. El mando de más alto rango abatido en este sexenio.
De acuerdo a los informes oficiales, Urzúa murió en cumplimiento de su deber durante un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, en el municipio de Pinos. Lo que generó enfrentamientos que duraron cerca de seis horas. El ataque se dio justo el 24 de noviembre, día que el operativo Zacatecas II cumplió un año de arranque.
En respuesta, el presidente López Obrador ordenó el envío de 200 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano con base en el Estado de México y, de 239 miembros de la Fuerza de Tarea Regional de Guadalajara, Jalisco. Pero la violencia continúa.
El sábado 3 de diciembre el Juez de Control del Poder Judicial de Zacatecas, Roberto Elías Martínez fue atacado al interior de su vehículo. Según el informe de las autoridades la ejecución la ordenaron criminales que se encuentran recluidos en los penales de Río Grande y Cieneguillas, en donde el domingo 5 de diciembre se reportó un intento de fuga, lo que desató una serie de bloqueos en las vías de comunicación, así como, la quema de vehículos e infraestructura carretera como casetas de peaje. Disturbios que duraron casi 48 horas.
Incluso en Noche Buena, los ataques no cesaron, registrándose dos vehículos incendiados, un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad, así como dos homicidios.
Sin embargo, las cifras en aumento y la evidente incapacidad de las autoridades para frenar a los grupos criminales no han sido suficientes para que el Presidente y el Gobernador David Monreal, acepten que la estrategia falló.
Ignorando las críticas que han aumentado, entre ellas la del hermano del mandatario y alcalde de Fresnillo, el municipio más violento, Saúl Monreal, quien ha cuestionado la efectividad del plan federal. Al igual que Eleuterio Ramos Leal, Alcalde de Valparaíso. Posicionamiento similar al del Presidente del Poder Judicial, Arturo Nahle García, quien ha advertido que el aumento de efectivos en las calles no garantiza una solución a largo plazo.
Dirigentes políticos de oposición como el Presidente del PRD, Raymundo Carillo, se sumaron al reclamo exigiendo que se cambie el plan, calificando al gobierno federal como “incapaz, ante la inseguridad y violencia”.
También la Senadora Claudia Anaya Mota ha criticado los altos niveles de violencia que vive la entidad, alertando que tanto los delitos del fuero federal como los del fuero común, “están desatados”.
La Legisladora y excandidata al gobierno de Zacatecas, ha condenado las agresiones a los cuerpos de seguridad, señalando que “no es admisible este panorama y no podemos continuar así”, solicitando incluso la renuncia del Secretario de Seguridad local, y que la Fiscalía General de la República atraiga los casos de mayor impacto como el homicidio del Coordinador de la Guardia Nacional.
Desafortunadamente, para este 2023 el panorama no es muy alentador. Menos cuando los responsables de garantizar la seguridad y paz en la entidad, se niegan a aceptar la realidad que viven las familias zacatecanas y todo aquel que visita Zacatecas.
Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva, de Enero 2023. Descárgala gratis aquí:
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