- Discusión legislativa
- Plan B, ¿contra el INE?
- Impugnación es parte de la normalidad política: AMLO
- Eliminan vida eterna
- Entrevista con la Senadora Claudia Anaya
El miércoles 22 de febrero, el Senado de la República dio trámite al dictamen del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El 2 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al siguiente día.
Tras siete horas de debate, insultos y discusiones, la mayoría oficialista avaló con 72 votos a favor y 50 en contra, que se excluyera la “cláusula de vida eterna” y, con 70 votos a favor y 50 en contra, se remitió el resto del paquete y sus 400 artículo modificados, al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor, con lo que comenzará a correr el plazo para reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE).
El primer paquete de la reforma electoral consiste en la modificación a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades.
La segunda iniciativa planteó cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las bancadas de oposición integradas por el PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, denunciaron que “el plan B” implica un retroceso de al menos 30 años en el sistema electoral. Advirtiendo que abre las puertas a las elecciones de Estado para que Morena se mantenga en el poder.
Cuestionaron la desaparición de las Juntas Locales y Juntas Distritales Ejecutivas, lo que implicaría el recorte de 1,500 plazas, que representaría el 85% del personal del servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral (INE). Así como las modificaciones a las reglas en materia de fiscalización y el permitir que los servidores públicos realicen actos proselitistas durante las campañas electorales.
También establecen la reducción de los salarios de los consejeros, así como la eliminación de fideicomisos y la destitución del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien es cercano al consejero presidente Lorenzo Córdova.
Además, con estos cambios a las leyes secundarias se permite que los partidos conserven el dinero que no se gaste en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares.
Por ello, los partidos de oposición adelantaron que continuarán la lucha por la vía jurídica para detener el Plan B de López Obrador.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras el oficialismo dinamita los cimientos de las instituciones que dan viabilidad a la República democrática […] Vamos a acudir a la Corte para impugnar este retroceso (por) las violaciones al proceso legislativo”, advirtió la senadora Claudia Ruiz Massieu, del Revolucionario Institucional (PRI).
Discusión legislativa
Al hacer uso de la palabra en la discusión en lo general, César Cravioto Romero, senador de Morena, destacó que la oposición lleva nueve meses mintiendo sobre este tema, “a eso se han dedicado los últimos 40 años, y ahora quieren realizar su movilización para frenar esta reforma, que lo que busca es frenar el derroche y la corrupción en el INE”.
Por Acción Nacional, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román expresó que esta reforma está llena de “rencor y odio”, pues el fondo es “debilitar y destruir” al árbitro electoral. Hoy culmina esta etapa legislativa que continuaremos como oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, advirtió que hay un vacío legal en esta sesión, porque se actúa al margen de la Constitución, por lo que consideró que estas acciones son “regresivas, producto de la cerrazón”, para aprobar “una reforma tóxica, pervertida y antidemocrática”.
Eunice Renata Romo Molina, senadora del PES, manifestó que las y los senadores de oposición no ocupan su tiempo para discutir sobre la eliminación de la cláusula que contiene el proyecto de dictamen, no quieren un sistema de partidos institucional ni que se termine el derroche del dinero de la población, por el contrario, convocan a marchas en favor de un instituto que avaló fraudes electorales.
Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez dijo que el “Plan B” de la reforma electoral es un retroceso para la democracia, los derechos de los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, además de que viola la Constitución y traiciona la lucha histórica de la izquierda. Advirtió que con la reforma se deja sin empleo al 85 por ciento del servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral.
El senador del Grupo Plural, German Martínez Cazares, mencionó que con la aprobación de la reforma electoral el país está regresando por lo menos 30 años; recordó que en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador exigía democracia, pero con estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción, entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B”.
La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota se sumó al rechazo y llamó a “defender a la democracia y al INE que, como órgano constitucionalmente autónomo representa una función primordial para el Estado”.
Anaya afirmó que tanto el documento como su tránsito estuvo plagado de graves violaciones al proceso legislativo, desde el momento en que se presentó y se discutió la iniciativa dispensando todos los trámites.
Por el PAN, Kenia López Rabadán, manifestó que las y los senadores de Morena tienen la consigna de “destruir al INE y a la democracia, porque claramente se quieren robar la elección”.
El senador del Grupo Plural, Gustavo Enrique Madero Muñoz, aseguró que con esta reforma se “mantiene vivo” el contenido de la denominada “cláusula de la vida eterna”.
En tanto, Ovidio Salvador Peralta Suárez de Morena, indicó que a la oposición la democracia es lo que menos le interesa, “por eso les digo fuerte y claro que el INE si se toca, García Luna si se toca, no más burocracia dorada en este país”.
Desde tribuna, la Senadora Beatriz Paredes del PRI, advirtió que en el 2024 existe el riesgo de una elección de Estado.
“Manifestamos desde hoy que el rostro de una regresión autoritaria ha venido enseñando su doloroso perfil, su peligroso perfil en lo que es el desdibujamiento de nuestra democracia”, sentenció la legisladora.
“Me niego a creer que el destino de nuestro país esté envuelto en la oscuridad, daremos la batalla. Mucho le costó a la ciudadanía abrir espacios para una competencia más equilibrada”, añadió.
Por su parte, su homólogo Manuel Añorve, aseveró que “el INE es un logro democrático de la ciudadanía. Y las instituciones no son un traje a la medida del presidente en turno”, refiriendo que se necesita “más confianza ciudadana en las instituciones democráticas, no más intervención gubernamental”.
“Tanto el INE como el Tribunal electoral, tienen origen en las luchas históricas de la oposición que ahora es gobierno y que ahora las niega. Pero nosotros no escatimaremos esfuerzos para defenderlos”, afirmó al señalar que “este documento no es un dictamen […] es una causal más de inconstitucionalidad. Nos veremos la Corte, que nos dará la razón”, acotó el Senador priista.
Posterior a las cinco rondas de discusión en lo general, las y los senadores de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, Lilly Téllez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Estrella Rojas Loreto, Minerva Hernández Ramos, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Erandi Bermúdez Méndez, Julen Rementería del Puerto y Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, presentaron reservas al documento, mismas que no fueron aceptadas por la Asamblea.
De la misma manera, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI; el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, presentaron reservas al dictamen, que tampoco fueron aceptadas por las y los legisladores.
Del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila, la senadora Martha Guerrero Sánchez y el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, también presentaron reservas al dictamen, las cuales fueron rechazadas por el Pleno, por lo que el dictamen quedó en sus términos.
Plan B, ¿contra el INE?
El INE presentó un análisis de las implicaciones de la reforma “a los ojos de la autoridad del Estado mexicano encargada de aplicar la legislación electoral”, destacando las partes relativas a la estructura y capacidad operativa del Instituto.
“Aun cuando el INE no fue consultado por el Legislativo durante el procesamiento de las iniciativas […] es vocación institucional contribuir a la más amplia deliberación pública informada y razonada, así como a la toma de decisiones fundadas y motivadas, por lo cual se ofrece este Informe como un insumo que se elabora desde los principios constitucionales que rigen la función electoral como son la independencia, la objetividad, la autonomía, la legalidad, la certeza y la máxima publicidad”, señala el documento, del cual rescatamos los siguientes puntos:
1. Reestructura organizacional del INE en órganos desconcentrados y oficinas centrales
Desde el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 como un organismo especializado en la organización de procesos electorales, y a lo largo de las sucesivas reformas constitucionales y legales que han incrementado las funciones electorales sustantivas que debe realizar el ahora Instituto Nacional Electoral (INE), se ha contado con una estructura ejecutiva compuesta por una Junta General Ejecutiva, 32 Juntas Ejecutivas Locales (una por entidad federativa) y 300 Juntas Ejecutivas Distritales (una por cada distrito electoral federal en el país).
Gracias a ese diseño, tanto solo desde 2014 a la fecha el Instituto ha organizado más de 330 procesos electorales federales, locales, de participación ciudadana y elección interna de partidos políticos.
1.1. Eliminación de Juntas Distritales y afectación a las Juntas Locales. El proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) contempla la reestructura organizacional del INE en sus órganos desconcentrados.
Elimina las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED) que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo, en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones.
Las Juntas Ejecutivas Distritales están integradas por cinco vocalías: a) Ejecutiva, b) Secretarial, c) de Capacitación Electoral y Educación Cívica, d) de Organización Electoral y, e) del Registro Federal de Electores.
En lugar de esos 300 cuerpos ejecutivos colegiados se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa) que tendría, bajo su responsabilidad, las tareas legales que hoy corresponden, como marca la constitución, a órganos ejecutivos no unipersonales.
Asimismo, se contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales que, de cinco vocalías -las mismas que en las Juntas Ejecutivas Distritales pues sus funciones son semejantes para cumplir con las atribuciones del INE-, pasan a tres vocalías al eliminar la Vocalía Secretarial y fusionar la de Organización Electoral con la de Capacitación y Educación Cívica, recortando 262 plazas, 96 de las cuales son del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales garantizan: el derecho a la identidad, el derecho a la asociación política, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la secrecía del voto, el derecho a elegir libremente a sus representantes y gobernantes, el derecho a la información y la transparencia en las elecciones, el derecho de participar en condiciones de equidad y de ser electo, el derecho a la justicia en materia electoral, así como el derecho a la participación política y a la discusión de la agenda pública.
La reforma afecta de forma directa la actualización del Padrón Electoral y la cartografía electoral. La integridad de ambos instrumentos se vería comprometida en su calidad y alcance y los trámites asociados a ellos, particularmente a nivel distrital, ya que afecta el vínculo de la ciudadanía con el Estado mexicano (representado en este caso por el INE).
A nivel distrital se lesionan las tareas de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, la depuración del mismo, así como la supervisión y seguimiento de las actividades que realizan los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) –que es donde la ciudadanía tramita su credencial para votar–.
La reforma plantea que los MAC deberán instalarse preferentemente en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud, donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan proteger datos personales sensibles como son las fotografías y las huellas dactilares de cada ciudadana y ciudadano. Afectar la actualización del Padrón también significa lastimar una cartografía electoral puesta al día.
No basta con tener a cada ciudadana y ciudadano en el Padrón, sino que hay que tener georreferenciado con precisión su domicilio, pues así se sabe en qué casilla le corresponde votar. De esta forma, dado que siempre hay nuevos asentamientos humanos o crece la población en alguna sección electoral, el INE actualiza su cartografía electoral y puede hacer las tareas de instalación precisa de casillas. Al dañar la puesta al día del Padrón y la cartografía se compromete desde la base toda la planeación del trabajo del INE en la preparación y organización de las elecciones.
La desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales implica dañar las tareas de educación cívica permanentes pero, sobre todo, no contar con el personal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos cada elección federal para integrar las Mesas Directivas de Casilla.
En cada distrito, en promedio, se instalan 550 casillas cada que hay elecciones, y se visita en sus domicilios a 40 mil ciudadanas y ciudadanos para que funjan como funcionarios de casilla. El personal especializado a cargo de esa tarea simplemente desaparece con la reforma que compromete la instalación de las casillas y, con ello, arriesga el ejercicio del derecho al voto ciudadano. Los vocales de organización electoral tienen a su cargo hacer los recorridos en todo el territorio del país para saber dónde se instalará cada casilla dentro del espacio de cada sección electoral.
Además, son los encargados de proveer los materiales para que cada casilla sea instalada, tienen bajo su responsabilidad confeccionar los paquetes electorales con la documentación precisa que corresponde a los puestos de elección por los que se puede votar en cada casilla, colaboran con la distribución de paquetes electorales, con la asistencia electoral (asegurar que los paquetes electorales lleguen a las sedes de la autoridad electoral la noche la elección), coadyuvan a los conteos rápidos para que haya información oficial cierta de la preferencia de la ciudadanía el mismo día de la jornada electoral y, además, coordinan los cómputos oficiales de votos (incluidos los frecuentes recuentos de sufragios). Prescindir de estos profesionales de la organización electoral en los 300 distritos y en las 32 entidades compromete el pleno respeto al sufragio que el actual modelo legal garantiza en México.
Los vocales secretarios en cada Junta Ejecutiva están a cargo de las tareas administrativas de la institución, pero también tienen la responsabilidad de la oficialía electoral, con lo cual se certifican los hechos que acontecen en cada proceso electoral y sustancian los procedimientos jurídicos que, en defensa de sus derechos, interponen los actores políticos y los ciudadanos. Además, prestan auxilio en las labores de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Dirección Jurídica y la Unidad Técnica de Fiscalización.
En materia de equidad, el INE tiene también la responsabilidad del monitoreo de la pauta en tiempos del Estado, así como de la propaganda electoral en radio y televisión. Al reducirse la estructura de las Juntas Locales, que la reforma plantea, se afectaría la operación de 143 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), 128 de los cuales están instalados en las Juntas Ejecutivas Distritales (89.5%).
Ello impactaría la certeza sobre el uso de las prerrogativas de los actores políticos y las autoridades electorales, así como las obligaciones de los concesionarios. Al afectarse la estructura territorial del INE se perdería también la agilidad en el cumplimiento de los derechos de desafiliación de personas a los Partidos Políticos Nacionales, así como la certificación de asambleas constitutivas de partidos de nueva creación, el registro de candidaturas, la capacitación para obtener apoyo de la ciudadanía para distintas actividades, el desahogo de garantías de audiencia y todos los procesos asociados a estas actividades.
Conviene recordar que la Constitución señala, en su artículo 41, Base V, apartado A, que los órganos ejecutivos y técnicos del INE “contarán con personal técnico capacitado necesario”, lo cual se contraviene con la reforma. Es por ello que las modificaciones, además de comprometer el ejercicio del voto libre, resultan contrarias a la letra de la Constitución.
1.2. Afectación a la estructura central del INE
La reforma suprime la Junta General Ejecutiva del INE, para ser sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales. Ello también es contrario a la Constitución que distingue entre órganos de dirección -de los cuales, el de mayor responsabilidad es el Consejo General donde se integran los consejeros electorales- y órganos ejecutivos. Asimismo, se excluye de la Comisión de Administración al cargo de mayor responsabilidad del Instituto, la presidencia del Consejo.
Otro caso relevante es la Secretaría Ejecutiva, que tiene un mandato expreso desde la propia Constitución, como parte del Consejo General. La función que la reforma legal le pretende asignar como “auxiliar” del CG y de sus comisiones, no mantiene ninguna congruencia con lo establecido en la máxima norma del país.
Por otra parte, es contrario a la Constitución dar facultades al Órgano Interno de Control del INE, que trascienden su naturaleza de estricta fiscalización, incidiendo en las decisiones autónomas del Instituto y permitiéndole interferir en funciones electorales sustantivas, colocándolo en un evidente conflicto de interés.
La reforma contempla la fusión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y la Dirección Jurídica (DJ), lo que implica concentrar en una sola área actividades que no pueden asimilarse entre sí. Lo mismo ocurre en materia administrativa con la fusión de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) y la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA).
2. Servicio Profesional Electoral Nacional
La desaparición de las Juntas Ejecutivas Distritales y la afectación a la estructura de las Juntas Ejecutivas Locales implicará una reducción del SPEN equivalente al 84.6%.
Ello representa una franca afectación de los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por concurso público, que es evaluado, formado y capacitado de forma permanente, a partir de lo cual desempeña su empleo en apego a los principios de independencia y autonomía. Así, la reforma compromete labores sustantivas del INE para organizar elecciones auténticas.
La reforma establece la fusión de diferentes áreas de oficinas centrales que agrupan actualmente 121 plazas del SPEN, lo cual requerirá una adecuación de la estructura. La reforma implica una disminución, significativa, de 1,564 integrantes del SPEN en órganos desconcentrados, debido a la eliminación de diversos cargos.
En un primer análisis se identifica que, de las 2,571 plazas de cargos y puestos que conforman actualmente la estructura del SPEN del sistema INE, la reforma sólo contempla mantener 396, lo que significaría en conjunto que la disminución de la estructura sería, como se ha mencionado antes, del 84.6% respecto a la conformación actual (el Informe completo contiene otros escenarios de posible recorte, en gran medida debido a la falta de claridad e imprecisiones de la reforma).
La sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para el ingreso al SPEN, no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional.
3. Aspectos laborales y presupuestales
La reforma separa del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa la regulación de las relaciones laborales del INE con el personal de la rama administrativa. Esto contraviene lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado A, de la Constitución, que ordena que las disposiciones del Estatuto que apruebe el Consejo General regirán las relaciones de trabajo con sus servidores públicos, sin que haga una distinción entre el personal del SPEN y de la rama administrativa.
Por otro lado, las modificaciones legales disponen que, en caso de subejercicios o economías, no podrán destinarse para nuevos proyectos. Esto atenta contra el principio Constitucional de autonomía del INE y haría imposible para el Instituto atender necesidades que surjan a lo largo del año, como las elecciones extraordinarias.
La reforma impacta fuertemente las finanzas del INE, pues propone liquidar a miles de personas quienes por concepto de compensación por término de la relación laboral, tienen derecho legal a recibir 3 meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio.
4. Estructura de los Organismos Públicos Locales Electorales
El proyecto de decreto también considera modificaciones importantes en la estructura de los Organismos Públicos Locales (OPL), aun cuando la Constitución no confiere al Congreso de la Unión potestad alguna para regular orgánicamente a los OPL, porque se trata, en todo caso, de desarrollo legislativo que la propia Constitución impone como deber a las constituciones y leyes electorales de cada Estado.
La reforma dispone que sólo contarán, a nivel central, con una estructura máxima dividida en dos áreas: Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Administración, Prerrogativas y Asuntos Jurídicos, con lo cual se desconoce las particularidades locales de cada entidad.
Por ejemplo, no señala o determina en qué área ejecutiva recaerían las atribuciones sobre la organización o intervención en las elecciones por sistemas normativos internos. Este tipo de elecciones están reconocidas en 8 entidades: Baja California; Chiapas; Guerrero; Hidalgo; Michoacán; Morelos; Oaxaca (417 municipios) y Tlaxcala.
II. Reformas relativas a procedimientos electorales
El proyecto de decreto plantea una serie de cambios que inciden en la organización de las elecciones a grado de generar afectaciones al ejercicio de la función electoral, así como al ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El proyecto retrasa tanto el inicio del Proceso Electoral Federal como la instalación de los consejos locales y distritales. En lugar de comenzar las actividades preparatorias de la elección durante la primera semana de septiembre, como hoy sucede, lo pospone a la tercera semana de noviembre del año previo de la elección.
2.1. Afectación a la integración de mesas directivas de casilla (MDC)
Se reducen los tiempos para reclutar y capacitar a las y los Capacitadores Asistentes Electorales, y las y los Supervisores Electorales; por consecuencia, se compromete la calidad de la integración y capacitación del funcionariado que integra las MDC, recibiendo y contando el voto de la ciudadanía.
Además, los consejos locales y distritales también acompañan los procesos de ubicación de casillas, conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, integración de los paquetes electorales, así como los cómputos distritales. En suma, estos nuevos plazos afectan la celebración de elecciones libres y auténticas.
2.2. Afectación a los procesos democráticos internos de los partidos
En año de elección de la Presidencia de la República, el proyecto recorre el inicio de las precampañas de noviembre a la tercera semana de diciembre, pero no reduce su duración de 60 días, ni los plazos para el registro de candidaturas. Esto implicaría que no haya espacio entre el fin de las precampañas y el registro de candidaturas para llevar a cabo elecciones internas de los partidos, ni para resolver posibles impugnaciones.
2.3. Complicación del trabajo de las y los ciudadanos funcionarios de casilla
La ciudadanía que participa como funcionariado de casilla llena distintos tipos de actas, según cada momento del proceso de cierre de casillas. La reforma contempla la implementación de un acta única en la que se asienten tanto los datos de instalación y cierre de votación como los de escrutinio y cómputo, lo que implicaría que por cada cargo de elección se llene un acta, en la que los datos de instalación y cierre se reescriban una y otra vez por parte del funcionariado. Esto complicaría el trabajo del funcionariado de casilla e incluso podría ser una causal de controversias.
2.4. Se compromete la certeza sobre quiénes serán los representantes de partidos en la jornada electoral
El plazo para el registro de representantes de los partidos políticos en las MDC se reduce en la reforma de 13 días a solo 48 horas antes de la Jornada Electoral y las sustituciones podrían hacerse incluso el mismo día de la elección. Esto supone una serie de riesgos logísticos que podrían derivar en causas de nulidad en las casillas, ya que llevar las listas a las y los funcionarios de casilla el día previo a la elección es prácticamente imposible en algunos distritos por las distancias y complejidades geográficas; sin embargo, es fundamental que las y los representantes estén identificados para que se les permita la entrada a las casillas.
2.5. Se comprometen los cómputos de las elecciones sin el personal calificado en tiempos más reducidos
La reforma plantea que los cómputos distritales (de los que deriva el resultado final y legal de la elección) comiencen el mismo día de la jornada y no hasta el miércoles siguiente, como sucede hoy en día. Sin embargo, no elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no reduce costos ni procesos.
Comenzar el cómputo el día de la jornada sin contar con la participación del personal profesional para hacerlo -pues desaparecen los vocales distritales de organización electoral-, podría derivar en múltiples impugnaciones y conflictos en cada sede de cómputo y recuento de votos.
2.6. Interferencia del gobierno en la conformación del listado nominal y pérdida de certeza de la identidad del votante desde el exterior
La ley propuesta contempla que el registro en el Padrón de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero deberá ser validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa sería una interferencia del gobierno en el listado nominal afectando la autonomía del INE y el principio de independencia, objetividad e imparcialidad.
Además, la reforma incluye que se pueda votar con la matrícula consular o pasaporte y no sólo con la Credencial para Votar, lo cual contradice el artículo 41 constitucional que le da al INE la atribución exclusiva de elaborar el Padrón y listados de electores.
2.7. Obstaculizar el uso tecnológico para eficientar los procesos electorales
El desarrollo del voto electrónico planteado en el proyecto de reforma se supedita a los resultados derivados de una comisión que deberá crear el Congreso con la participación del INE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuyos resultados estarían disponibles en cinco años. Incluir una agencia gubernamental en los trabajos y procedimientos del INE es contrario a la autonomía del Instituto.
2.8. Afectaciones al modelo de fiscalización electoral
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) deviene, con la reforma, en Dirección Ejecutiva. Ello es contrario a la Constitución que establece que la UTF debe gozar de autonomía técnica, la cual perdería al convertirse en Dirección Ejecutiva.
La propuesta de reforma establece que, en ningún caso, se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía derivado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales, lo cual modifica el artículo 229, párrafo 4 de la LEGIPE y elimina la sanción relativa a la pérdida del registro de precandidatura o candidatura, en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos, o se rebase el tope de estos.
Así, los partidos podrían establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación. Y sólo se deja la sanción económica establecida en la normatividad vigente, que consiste en un límite de 5 mil Unidades de Medida y Actualización, máxima sanción permitida, siempre y cuando la capacidad económica lo permita.
La propuesta de reforma dispone que el INE únicamente podrá hacer la fiscalización de los procesos electorales y de participación o consulta ciudadana, así como actividades ordinarias del sistema de partidos políticos, en los que expresamente esté facultado, quitando de su ámbito de competencia la posibilidad de fiscalizar procesos como el de Revocación de Mandato u otros no previstos en la legislación.
2.9. Vulneración de datos de particulares protegidos por los secretos bancario, fiduciario y fiscal
La reforma a la LGIPE (artículo 28 Ter) busca que la información que obre en poder del Instituto se comparta con los partidos políticos, lo que permitiría revelar información fiscal y fiduciaria de los sujetos obligados sometidos a un proceso de fiscalización, vulnerando la confidencialidad de la información e, incluso, ocasionando que las autoridades externas nieguen la información respecto, por ejemplo, de las personas físicas y morales relacionadas con diversas quejas interpuestas en contra de los sujetos obligados, afectando además los modelos de riesgo de fiscalización.
III. Reformas a la equidad y las condiciones de la contienda
Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como diversos instrumentos internacionales incorporados a nuestra legislación, imponen la obligación de generar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivas las libertades y los derechos reconocidos. Los decretos de reforma legal aquí analizados incumplen, en muchos de sus aspectos, con los deberes de protección exigibles al Estado mexicano, como en cada caso se precisa.
III.1. Acciones afirmativas y paridad
3.1.1. Retroceso en la progresividad de derechos políticos
Las propuestas incluidas en la reforma en materia de acciones afirmativas y paridad son inviables, pues contravienen el principio de progresividad de los derechos humanos y el deber de no regresividad que, por un lado, obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a incrementar gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por el otro, prohíbe adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección.
La propuesta legislativa establece que los partidos políticos deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios (Mayoría Relativa y Representación Proporcional), 25 postulaciones de personas pertenecientes a los grupos históricamente discriminados o subrepresentados (comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes), disminuyendo significativamente los avances que el Instituto ha logrado al respecto y afectando a las y los ciudadanos en ejercicio de su derecho al voto, pasivo y activo. Las medidas afirmativas adoptadas por el INE en la materia garantizaron que en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, electa en el proceso 2020-2021, fueran electas 65 personas por acciones afirmativas.
3.1.2. Violación al derecho de consulta previa e informada para las comunidades indígenas
La reforma afecta de manera directa el goce y ejercicio de derechos humanos de grupos vulnerables e históricamente discriminados. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, estos cambios se proponen además violando su derecho a la consulta previa a la que está obligada cualquier autoridad que pretenda conculcar su núcleo de derechos. Así lo ha dispuesto la propia jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un antecedente directo de este tipo de afectaciones es la reciente invalidación que hizo la SCJN de las reformas en materia electoral en el estado de Coahuila aprobadas en septiembre de 2022, donde el pleno determinó que los cambios en materia de acciones afirmativas indígenas exigían la obligación de realizar consultas previas, que no se hicieron en este caso. Por tanto, la autoridad jurisdiccional ordenó, para el caso de Coahuila, el restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores a las reformadas, hasta en tanto no se realizara un ejercicio de diálogo y acercamiento.
Cualquier modificación en torno a este tema, debe cumplir con el deber de consultar a las comunidades interesadas, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, a fin de garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas.
III.2. Propaganda gubernamental
3.2.1. Reducir el concepto de propaganda gubernamental.
Las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicadas el 27 de diciembre de 2022, le dan a la propaganda gubernamental un cariz predominantemente presupuestal, de tal manera que lo que no se etiquete como tal por los entes públicos obligados no se considerará propaganda, aunque implique el uso de recursos públicos.
Según el artículo 134 constitucional, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. También dispone que, en ningún caso, esta clase de propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
3.2.2. Permitir la injerencia de servidores públicos en las campañas
El decreto no considera propaganda a la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o a través de manifestaciones de las y los servidores públicos “en uso de su libertad de expresión” o “en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Así, esta reforma altera el concepto de propaganda gubernamental, contraviniendo el precepto constitucional que establece que toda propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la Jornada Electoral.
Las expresiones de gobernantes a favor o en contra de candidatos podrán realizarse al amparo de esta legislación que, sin embargo, es contraria a los artículos 41 y 134 constitucionales.
IV. Disposiciones transitorias
Los artículos transitorios contienen dos mandatos normativos relacionados con la vigencia del decreto que, en sentido estricto, no es posible que puedan ejecutarse al mismo tiempo.
Conforme al transitorio primero, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, el transitorio cuarto establece que el decreto “no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023”. Este precepto contiene una regla por la cual se establece que aquellas normas que son derogadas o modificadas por el decreto mantienen su vigencia para el caso de las elecciones locales en Estado de México y Coahuila, como si no hubiesen sido alteradas en forma alguna.
Con esta reforma estarían conviviendo indebidamente dos sistemas o modelos de operación incompatibles: el que deja todo intocado en la actual estructura del INE para las elecciones de Coahuila y el Estado de México y el que mandata la reestructuración del resto de la institución, derivada del decreto.
SCJN admite a trámite acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, desechó la presentada por el partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos.
También dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho Decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, sobre la base de que: i) se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; ii) contiene modificaciones legales fundamentales y, iii) porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.
Impugnación es parte de la normalidad política: AMLO
Sobre las impugnaciones que presentó y presentará la oposición contra su “Plan B” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es parte de la normalidad política que llegó con su gobierno.
“Yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo, el que haya reformas a la Constitución y las leyes y se impugnen estas reformas se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso parte de la normalidad política y un verdadero estado de derecho y no como era antes, un ‘estado de chueco’.
Ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego como está anunciado van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley y corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia, entonces no hay nada que sea extralegal, eso es lo que debe de prevalecer siempre y que no existía”, señaló el mandatario.
“¿Cuándo la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente? Acuérdense cuando quisieron, en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y castigara a los responsables de la Guardería ABC intervino Calderón, Gobernación y hasta amenazaron al ministro Zaldívar”, declaró durante su conferencia matutina del jueves 23 de febrero.
Eliminan Vida Eterna
El Senado de la República envió al Ejecutivo federal los artículos aprobados por ambas cámaras del Congreso de la Unión, que forman parte del proyecto de decreto para reformar tres ordenamientos jurídicos y expedir una nueva ley en materia electoral.
No obstante, la Asamblea aprobó, con 72 votos a favor y 50 en contra, el dictamen por el que no se aprueba la modificación que realizó la Cámara de Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el pasado 15 de diciembre, por no apegarse a lo dispuesto en el artículo 72, fracción E), de la Constitución Política.
Posteriormente, el Pleno avaló, con 70 votos a favor y 50 votos en contra, un acuerdo por el que el Senado de la República, como Cámara revisora y en coincidencia con el acuerdo de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2022, manifiesta su determinación de remitir al Ejecutivo federal:
Única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para su sanción, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sin incluir, precisa el documento, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los efectos de lo establecido la fracción E, del artículo 72 de la Constitución Política.
Por tal motivo, explicó el presidente del Senado, Alejandro Armenta, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no se modifica y se mantiene en los términos de la ley vigente.
Además, señaló que el Senado manifiesta su determinación de remitir al Ejecutivo federal, única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Con ello, se elimina la cláusula de vida eterna que hubiera permitido a los partidos pequeños, conservar su registro sin haber recibido los votos correspondientes, con el simple hecho de haber ido en alianza.
Esta normativa beneficiaba directamente a partidos como el Verde Ecologista que a pesar de no contar con una estructura electoral, persisten gracias a los votos que les otorgan sus aliados, anteriormente el Partido Revolucionario Institucional y actualmente Morena. Por lo que ahora deberán generar sus propios sufragios si quieren mantener el registro.
ENTREVISTA CON LA SENADORA CLAUDIA ANAYA MOTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Senadora muy buenas tardes, se aprobó el llamado Plan B, ¿Nos podría explicar qué implican estas modificaciones?
Es una reforma muy grande, pero creo que si destacamos los peores puntos serían:
Disminuir la capacidad de control de un órgano autónomo de los poderes del proceso electoral.
La falta de conocimiento en un área sumamente técnica.
Significa un retroceso para la paridad de género y las acciones afirmativas, así como la consulta previa a pueblos indígenas.
Permite la difusión de la imagen de los funcionarios y su interferencia en el proceso electoral con recursos públicos.
Expide una ley de medios de impugnación que deroga la mayoría de los existentes por desconocimiento legal y de los criterios de los electorales.
¿Considera que existen riesgos para la vida democrática del país? ¿Cuáles y por qué?
Sí, buscan inclinar la balanza hacia el partido oficial. El principal riesgo que puedo ver es sobre la certeza del voto, nada impide que manipulen la credencialización que es el paso uno para que la jornada electoral tenga éxito y la desaparición de instancias locales que verifican la seguridad de los paquetes electorales no es poca cosa.
Estamos en un camino que ya conocemos.
¿Qué nos podemos esperar para el proceso del 2024 con estos cambios?
Por lo pronto ya logramos la suspensión de la aplicación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social que permite la interferencia de los funcionarios en las elecciones. Esperamos que la SCJN le dé la razón a la Constitución y se declare la inconstitucionalidad de estos cambios.
De lo contrario podemos esperar la falta de instalación de casillas, la irregularidad en los paquetes y el PREP será más tardado e impreciso y no será tan rápido como lo hemos visto, al unificarlo con el cómputo distrital.
¿Considera como un riesgo la participación activa de funcionarios en los procesos electorales? ¿Por qué?
Sí, recordemos que el sistema electoral mexicano es muy complejo por los elementos que solían influir en una jornada electoral. La prohibición de la injerencia de los servidores públicos tiene una razón de ser, anteriormente el partido oficial tenía un mayor alcance público por el aparato estatal. Además, hace que “prejuzguemos” al candidato. Si alguien con una carrera intachable muestra apoyo, se presumirá que el candidato es igual, y viceversa.
Me parece que el presidente está consciente de que el triunfo de Morena se debe a su imagen, no a la de sus candidatos y pretende que esto le siga ganando elecciones.
¿Advierte una manipulación de la preferencia del electorado?
Totalmente.
¿Cómo se afecta al INE con estas modificaciones?
Elimina distintas áreas del INE para abaratar el proceso electoral. Con ello, funciones que son temporales y otras que son esenciales se verían afectadas. Lo más perceptible sería por ejemplo las personas que acuden a llamarnos como funcionarios de casillas, que capacitan para esa función.
Pone en riesgo el Padrón electoral que hoy da acceso al voto y nos identifica. No se protegen los datos y esperan que los módulos estén en oficinas del gobierno federal.
Se busca incidir en las decisiones del INE modificando el OIC; entorpecerlo suprimiendo la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva que auxilia directamente al consejo por mandato constitucional. Reduce el servicio profesional de carrera, en un 84.6% según estima el INE.
Afecta la fiscalización y elimina la sanción. Hoy gastar de más se considera una falta de igualdad y opacidad, por lo que se sanciona con la pérdida de la candidatura. Recordemos que han perdido varias candidaturas por esto y no les gusta.
Hace poco confiable el voto electrónico al sujetarlo a una instancia que no guarda relación alguna y que depende del gobierno.
¿Qué implica en términos de fiscalización y gasto público?
El gobierno estimaba en noviembre del año pasado que se ahorrarán 14.7 mil millones de pesos, pero no están contando el gasto que representa la aprobación: las liquidaciones que pagarán; los procesos judiciales de aquellos trabajadores que demanden; el gasto de impugnaciones y en consecuencia de posibles anulaciones de los resultados y la repetición de procedimientos; la inversión en el voto electrónico, etc.
¿Cuáles serán los siguientes pasos a tomar por parte de su bancada, de la oposición y de usted como Senadora?
En cuanto el Ejecutivo publique el decreto tendremos 30 días para presentar la acción de inconstitucionalidad correspondiente.
¿Confía que el Poder Judicial resuelva a favor?
Si, no hay mucho margen en una reforma que establece una redacción completamente al revés de lo que establece el artículo 41 Constitucional. Más allá de darnos la razón confiamos que el Poder Judicial defenderá la constitución porqué esa es su función.
De no ser así, ¿qué recursos quedan para detener el llamado “Plan B”?
En algunos casos procederá el amparo para defender la estructura del INE; en el caso de las acciones afirmativas y la paridad de género, afortunadamente ya es jurisprudencia y podrán reclamarse ante el Tribunal Electoral; y de cualquier manera, el INE está legitimado para presentar una controversia y los partidos políticos acciones de inconstitucionalidad.
Muchas gracias
A ustedes.
Marchan en defensa del INE
Ante el inevitable avance legislativo del llamado “Plan B”, cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital mexicana para protestar en contra de lo que califican como un ataque a la democracia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.
La cita fue el domingo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México y en más de cien ciudades al interior del país, así como en el extranjero. Al encuentro asistieron representantes de partidos políticos, grupos empresariales y líderes sociales que al igual que miles de hombres y mujeres se sumaron al llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare como inconstitucionales las nuevas disposiciones.
La convocatoria la hicieron colectivos ciudadanos, organizaciones civiles y grupos de oposición, pero la respuesta ciudadana fue contundente. De acuerdo a los organizadores, en la Plaza de la Constitución y zonas colindantes se reunieron cerca de quinientas mil personas. Sumadas a quienes marcharon en sus estados o se manifestaron en espacios consulares desde otras naciones.
“Yo defiendo al INE”, “el voto no se toca”, “el INE no se toca”, “nuestro voto no se roba”, “estoy aquí por el INE”; y “¡Yo confío en la Corte!”, fueron algunas de las consignas y leyendas que portaban los manifestantes, quienes vestían prendas en diferentes tonos de rosa, haciendo alusión a los colores oficiales del Instituto Nacional Electoral.
Tras poco más de una hora de exposiciones y discursos de la periodista Beatriz Pagés y el ministro en retiro, José Ramón Cossío, la marcha pacífica concluyó y los asistentes comenzaron a retirarse. Y aunque no se registraron incidentes mayores, algunos detractores de la protesta colocaron letreros intentando vincular al movimiento con el exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, declarado culpable de vínculos con el crimen organizado por un jurado en Estados Unidos. Incluso se montó una lona gigante que fue rápidamente retirada por los asistentes, quienes reiteraron que la defensa es del INE y de la democracia, no de la impunidad y la corrupción como han acusado tanto el partido oficialista, como funcionarios públicos y hasta el propio Presidente López Obrador, quien ya convocó a otra marcha en apoyo a su gobierno para el próximo 18 de marzo.
Artículo pública en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva. Descárgala gratis:
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