- Consejo de la Judicatura Federal otorga contrato por más de 100 millones de pesos a empresa que fue inhabilitada
Ciudad de México.- Pese a la crisis que enfrenta el Poder Judicial, continúan las denuncias por posibles actos de corrupción y tráfico de influencias en los procesos de licitación al interior del Consejo de la Judicatura Federal, señalando a la Dirección General de Recursos Materiales, a cargo de Fernando Garcidueñas Torres.
El martes 27 de agosto del 2024, se llevó a cabo en las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal, el fallo de la Licitación Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/016/2024 para el servicio de administrados de impresión, digitalización y copiado, consistente en el servicio integral de mantenimiento para equipos de impresión.
El acto de fallo fue presidido por Aida Aguilera López, Directora del Área, asistida por María del Rocío Cervantes Romero, Subdirectora y, el analista especializado Diego Alfonso Rubí Calvillo. Personas adscritas a la Dirección de Recursos Materiales, quienes actuaron como el área contratante.
En total participaron cuatro empresas en la licitación, pero tres de ellas -IDM Serag, Telinfra Sistemas y SIE Sistemas- fueron descalificadas, ya que de acuerdo al dictamen económico, el cual emite la Dirección General de Recursos Materiales, ninguna de las tres solventó la diferencia porcentual frente al presupuesto base. Aunque sí cumplieron con el dictamen financiero, el técnico y la documental.
Resultando ganadora la empresa Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V., consiguiendo un contrato abierto plurianual para lo que resta del 2024 y todo el 2025, por más de 101 millones de pesos.
Durante el 2024, el presupuesto será de 21 millones 979 mil 676 pesos con dos centavos. Aumentando a 80 millones 21 mil 814 pesos con 49 centavos para el próximo año.
Sin embargo, de acuerdo a documentos oficiales, existen irregularidades en la asignación de dicho contrato.
Por un lado, la coincidente descalificación de las otras tres empresas y por el otro, la omisión por complicidad o negligencia, de la inhabilitación que tuvo la empresa Acerta Computación aplicada, por incumpliendo de un contrato con el Instituto Federal Electoral, lo que debería haberla dejado fuera del proceso de licitación, de acuerdo a la normativa vigente.
No obstante, según el informe que presentó también la Dirección General de Recursos Materiales, se realizó una búsqueda en el Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados, que administra la SFP y sus homólogas en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura, así como en el Diario Oficial de la Federación; para verificar que Acerta Computación Aplicada, cumpliera con lo requisitos financieros, técnicos y económicos exigidos por la propia Consejería, asegurando que no fue inhabilitada o sancionada.
Pero de acuerdo al expediente CI/PSP/019/2004 que instauró la Contraloría Interna del entonces Instituto Federal Electoral en contra de Acerta Computación Aplicada SA. de C.V., con resolutivo de fecha 7 de marzo del 2005, se determinó que la empresa incumplió con sus obligaciones contractuales respecto del contrato número IFE/0250/2004, el cual le fue adjudicado de manera directa. Por ello, fue sancionada e inhabilitada con fundamento en los artículos 53 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, existen diversos señalamientos por posibles actos de corrupción y tráfico de influencias, en contra tanto de la empresa, como de funcionarios del Consejo de la Judicatura.
En el 2020, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue denunciado por corrupción, al contratar el servicio de “Impresión, digitalización y fotocopiado” (SIDyF5) con la empresa Acerta Computación Aplicada S.A. de C.V. por un total de 1,480 millones de pesos por todo el sexenio.
Ya que para ese mismo servicio se presentaron mejores ofertas, menores en hasta 250 millones de pesos. Sumado a que las otras empresas contaban con más experiencia en esos servicios, como Computing and Printing S. de R.L. de C.V. que representa a HP México, uno de los corporativos dominantes del mercado.
Por su parte, Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura, ha sido señalado por dirigir una red de corrupción que busca beneficiar a algunas empresas en los procesos de licitación al interior del Consejo, como supuestamente lo habría hecho con SHARP Corporation México y DISTRI COPY, al entregarles un contrato por el servicio de fotocopiado del CJF, por más de 4 mil millones de pesos, en un proceso viciado, según los denunciantes.
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