Hablemos de Política
Por: Diego Martínez Sánchez
En Oaxaca, la movilidad ha dejado de ser ese sueño postergado por la desidia y corrupción oficial, para transformarse por fin, en un derecho tangible.
Tras dos sexenios de simulaciones y promesas que solo servían para alimentar el discurso y abultar la carrera de funcionarios y concesionarios, el BinniBus (antes el fallido Citybus) opera hoy como el eje de una metamorfosis real en la Zona Metropolitana, con la expectativa social de que pronto extienda sus rutas por todo el territorio estatal.
Para entender la magnitud del cambio, hay que mirar por el retrovisor. Durante los sexenios de Gabino Cué y Alejandro Murat, el sistema de transporte no fue una solución, sino la “caja grande” de la corrupción.
Lo que debía ser un alivio para miles de familias se erigió como un monumento al abandono. Con estaciones fantasma, semáforos de adorno y autobuses nuevos que terminaron por languidecer en bodegas, devorados por el óxido y la impunidad.
Sin embargo, en la administración de Salomón Jara, el fracaso heredado se reconfiguró bajo la narrativa de la “Primavera Oaxaqueña”.
No solo se rescató la infraestructura obsoleta, sino que se inició la modernización del parque vehicular con una premisa clara: dignificar el traslado de quienes menos tienen.
El nombre no es casualidad. El Binni —”Gente” en zapoteco— hoy cumple una función social que el mercado nunca quiso cubrir. Con una tarifa general de $8 pesos, y preferencial de $4 para estudiantes y adultos mayores (además de la gratuidad para personas con discapacidad), el impacto al bolsillo es positivo y directo.
Actualmente, con 35 rutas en los Valles Centrales, se están conectando colonias y comunidades, históricamente marginadas. Reduciendo no solo tiempos de traslado, sino la brecha de desigualdad.
La diferencia técnica también es notable. Pasando de chatarras privadas, a unidades con aire acondicionado, cámaras de seguridad y GPS; un estándar que expone las carencias y el peligro que representa el servicio deficiente de las concesionarias tradicionales.
Claro, aún falta mucho por hacer pero los pasos dados son gigantes comparados con la inercia del pasado.
Por otro lado, si comparamos el destino de los recursos públicos, la brecha es abismal. Y tanto los datos, como la realidad, no se pueden negar.
Con Gabino Cué se esfumaron 719 millones de pesos para comprar 43 camiones que nunca circularon y dejar estaciones a medias.
Durante el sexenio de Alejandro Murat se destinaron 282 millones de pesos; de los cuales, 106 millones fueron a parar a un sistema de recaudo que jamás encendió, cuyo proveedor originario del Estado de México al igual que el exgobernador, hoy es investigado por actos de corrupción. Sumando las decenas de “estaciones” que quedaron en obra negra.
Hoy, con Salomón Jara se han invertido 959 millones de pesos, pero con resultados a la vista. Los 232 autobuses nuevos y la puesta en marcha de 35 rutas que cada día tienen más demanda. Como la recién inaugurada corrida a San Pablo Huitzo.
Lo que demuestra la importancia y urgencia de este sistema para miles de personas.
Dejando en claro que mientras el pasado dejó un rastro de inhabilitaciones y multas que superan los 53 millones de pesos por contratos irregulares, la gestión actual demuestra que, con voluntad política y conciencia social, el dinero sí alcanza para que el transporte sea del pueblo y para el pueblo.
Pero como era de esperarse, el avance del BinniBus ha despertado las voces “críticas”, alimentadas por los intereses de la antigua mafia transportista, sobre todo por el llamado “pulpo camionero”.
Resultando cínico observar la súbita urgencia de algunos concesionarios por renovar sus unidades tras décadas de maltratar al usuario con vehículos chatarra. Reacción que no responde a un compromiso con las y los oaxaqueños, sino como una medida reactiva y desesperada por no perder el control de un negocio que mantuvieron cautivo bajo el amparo de gobernantes anteriores, donde abundaron los prestanombres y los favores políticos.
No obstante, los opositores al BinniBus ignoran que la modernización no es un capricho, sino una deuda histórica que ellos se negaron a pagar mientras gozaban de protección.
Hoy, el tablero ha cambiado, el transporte ya no es un botín político, sino un servicio público que responde a una demanda real y no a la voluntad de mercenarios disfrazados de empresarios y políticos corruptos que explotaron la necesidad de una movilidad eficiente y eficaz.
