CIUDAD DE MÉXICO.– A solo siete días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó la continuidad de su huelga nacional y el escalamiento de sus movilizaciones, tras rechazar formalmente la contrapropuesta formulada en conjunto por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE.
Yenny Pérez, secretaria general de la influyente Sección 22 de Oaxaca, lideró el anuncio y argumentó que el pliego petitorio de la disidencia magisterial fue respondido con evasivas institucionales. La dirigencia sindical advirtió que no depondrá el plantón ni liberará las vialidades estratégicas hasta obtener compromisos legislativos y ejecutivos vinculantes.
El nudo macroeconómico: pensiones y la Ley de 2007
El diferendo central radica en la negativa del Gobierno federal a conceder la demanda histórica del movimiento: la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007. Para la Coordinadora, el documento presentado por el gabinete presidencial se limita a delinear parches administrativos y mecanismos cosméticos para elevar marginalmente las jubilaciones, dejando intacto el modelo de cuentas individuales.
El magisterio disidente exige el retorno a un sistema solidario de reparto que no dependa de los mercados financieros. Desde la perspectiva técnica de la CNTE, la propuesta oficial perpetúa el régimen de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y evade la reforma estructural al sistema de pensiones del Estado que prometieron las fuerzas de izquierda.
Tensiones en la cúpula: señalamientos a Claudia Sheinbaum
El conflicto escaló al terreno netamente político con la crítica directa de la CNTE hacia la titular del Ejecutivo Federal. Los voceros de la comisión negociadora acusaron explícitamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener una postura de cerrazón y negarse sistemáticamente a entablar una mesa de diálogo directa y sin intermediarios con el magisterio movilizado.
Esta falta de interlocución directa rompe con la dinámica de la administración anterior y profundiza la brecha entre el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” y una de las bases corporativas más activas del país, debilitando los canales tradicionales de gobernabilidad democrática a las puertas de un evento de visibilidad internacional.
Judicialización y medidas administrativas en Oaxaca
El componente de gobernanza local también reporta focos rojos. La dirigencia de la CNTE denunció públicamente lo que considera una campaña de persecución y hostigamiento en su contra, derivada de la activación de vías penales y administrativas por parte de las autoridades. De acuerdo con los reportes del magisterio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) mantiene abiertas más de 20 carpetas de investigación contra docentes por presuntos delitos relacionados con los bloqueos.
A la par de la vía judicial, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) comenzó a aplicar procedimientos sancionatorios de carácter administrativo y laboral. Estos consisten en descuentos salariales masivos y actas por abandono de empleo a los participantes de los paros. Para los analistas políticos, el uso combinado de estas herramientas legales representa un endurecimiento de la línea gubernamental que busca sofocar el movimiento por la vía financiera y penal, arriesgando una mayor radicalización de las bases en el corto plazo.
