Por Redacción
El Congreso de la Unión concretó una de las reformas constitucionales más controvertidas de la administración actual al aprobar el veto definitivo a la doble nacionalidad para cualquier persona que aspire a la Presidencia de la República o a una gubernatura.
Con la aprobación final en el Senado, tras su previo paso por la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo federal cerró un candado que exige lealtad jurídica y política absoluta a una sola bandera. Sin embargo, el camino para aprobar esta modificación a los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución desató una tormenta política que exhibió las contradicciones internas del partido en el poder, Morena, y encendió alarmas sobre los derechos de la comunidad migrante.
La reforma, impulsada desde el Poder Ejecutivo y respaldada por la mayoría calificada de la llamada Cuarta Transformación, nació bajo el argumento de la seguridad nacional y la soberanía. El propósito explícito es evitar conflictos de interés, presiones diplomáticas externas o una doble subordinación legal en los cargos que toman las decisiones más críticas del país, específicamente las fuerzas armadas y la administración de los estados.
Para la oposición y diversas organizaciones binacionales, la ley es vista como un retroceso discriminatorio que crea ciudadanos de primera y de segunda, pues castiga a los millones de mexicanos que por razones económicas o de nacimiento en el extranjero mantienen la doble ciudadanía.
La mayor paradoja de esta ley ocurrió durante su propia votación, cuando el discurso nacionalista chocó de frente con la realidad pluricultural de las filas de Morena. La polémica escaló al revelarse que varios cuadros clave del oficialismo se encontraban en la línea de fuego de su propia reforma.
Un caso emblemático fue el de Cecilia Guadiana Mandujano, senadora de Morena por Coahuila que posee la ciudadanía estadounidense, quien tuvo que solicitar una licencia exprés a su escaño minutos antes de la votación para evitar incurrir en una contradicción política, dejando que su suplente votara a favor del veto.
Por su parte, Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit y fuerte aspirante a la gubernatura de su estado, se convirtió en el epicentro del debate al cuestionarse públicamente si su estatus binacional frenaría sus aspiraciones. Ante esto, el Gobierno federal tuvo que salir a aclarar que la legisladora ya había tramitado su renuncia a la nacionalidad estadounidense desde el año 2018.
El panorama de contrastes incluyó a senadoras como Karina Ruiz, quien prefirió ausentarse argumentando trámites residenciales, mientras que el chihuahuense Javier Corral, también con doble nacionalidad, decidió quedarse en el pleno y votar a favor de una ley que restringe sus propios derechos políticos a futuro.
A pesar del impacto mediático, los efectos reales de este veto no se verán reflejados en las boletas de manera inmediata. Al ser una reforma constitucional, el proyecto de ley ya fue enviado a los 32 congresos locales de las entidades federativas, donde ahora requiere la aprobación de la mitad más uno de los estados para que pueda ser promulgada formalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Asimismo, debido al candado del artículo 105 de la Constitución que prohíbe modificar reglas electorales esenciales 90 días antes o durante un proceso electoral, la reforma incluye un artículo transitorio. Esto significa que las elecciones locales del próximo año quedan completamente exentas de la medida y el veto formal se aplicará de manera estricta a partir de los procesos electorales de 2028, blindando así la sucesión intermedia de la actual administración.
Bajo este escenario, la reforma avanza hacia los estados dejando una herida abierta en el debate sobre la identidad mexicana, siendo vista por unos como un acto de soberanía indispensable y por otros como un portazo a la comunidad migrante.
