Atropello institucional en Michoacán: El Congreso incurre en graves violaciones constitucionales al vetar a la alcaldesa de Uruapan
Morelia, Michoacán. — En una determinación que especialistas en derecho constitucional califican como un desplante de autoritarismo y una flagrante extralimitación de facultades, la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán determinó despojar de sus derechos ciudadanos básicos a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, y a seis integrantes de su gabinete local, prohibiéndoles por completo el ingreso al Palacio Legislativo.
La orden, dictada por el diputado Baltazar Gaona García bajo el falso argumento político de declararlos “personas non gratas”, instruye a las fuerzas de seguridad del recinto a impedirles el libre tránsito y atender cualquier trámite del Ayuntamiento “de la puerta hacia la calle”.
El pretexto del Poder Legislativo se escuda en presuntos daños materiales ocurridos el pasado 27 de mayo durante una manifestación del independiente “Movimiento del Sombrero”. Sin embargo, la sanción de facto deja en evidencia un uso faccioso del aparato parlamentario para castigar la disidencia política.
Un veto arbitrario sin sustento en el Derecho Mexicano
Al decretar este bloqueo, el Congreso de Michoacán pisotea el principio de legalidad, el cual establece de manera estricta que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les faculta expresamente. La figura de “persona non grata” pertenece de forma exclusiva al Derecho Internacional Público (fijada en la Convención de Viena), por lo que ningún congreso local posee la competencia jurídica para aplicarla a ciudadanos mexicanos dentro de su propio territorio.
Al arrogarse el derecho de admisión de un Palacio Legislativo —que es un edificio público de la soberanía del pueblo y no una propiedad privada—, la Mesa Directiva vulnera garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Usurpación de Funciones Judiciales (Arts. 14 y 16): El Congreso estatal asume el rol de juez y verdugo. Condenar y sancionar a la alcaldesa por supuestos destrozos, sin que exista una investigación formal de la Fiscalía General del Estado ni una sentencia dictada por un juez competente, pisotea flagrantemente la garantía de debido proceso y la presunción de inocencia.
Agresión al Derecho de Petición (Art. 8°): Condicionar el desahogo de trámites oficiales a la vía pública sabotea intencionalmente los canales de comunicación y coordinación obligatorios entre dos poderes del Estado.
Violación al Libre Tránsito (Art. 11): Se prohíbe el acceso a servidores públicos en funciones mediante una medida de excepción punitiva que carece de cualquier orden por escrito emitida por una autoridad judicial legítima.
La postura de Grecia Quiroz: Resistencia frente al acoso y la persecución de Estado
Lejos de ceder ante el amedrentamiento del Congreso, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció públicamente que este veto es una represalia política directa y un intento de censura institucional operado por los partidos tradicionales. La edil sostiene que el verdadero trasfondo del conflicto no es el cuidado del inmueble, sino su frontal oposición a la reciente y controvertida reforma electoral de Michoacán, la cual prohíbe la coalición y coordinación de candidaturas independientes para el proceso de 2027.
Para la presidenta municipal, tanto la ley restrictiva como el veto representan un intento coordinado por silenciar e inhabilitar al “Movimiento del Sombrero”, capitalizando de forma autoritaria el vacío político dejado tras el asesinato del líder social Carlos Manzo.
“No nos van a amedrentar con desplantes dictatoriales. El Congreso le pertenece al pueblo de Michoacán, no a una camarilla de diputados que abusan del poder para perseguir opositores. Vamos a defender la dignidad de Uruapan y los derechos de los ciudadanos en los tribunales”, sentenció la alcaldesa.
La contraofensiva jurídica
Ante la gravedad de las violaciones cometidas por la Mesa Directiva, el equipo jurídico del Ayuntamiento de Uruapan alista la presentación de un Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito para tumbar de inmediato el veto legislativo por la violación flagrante a los derechos humanos de los funcionarios.
Asimismo, se preparan las impugnaciones correspondientes ante las salas federales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir los efectos de la reforma que bloquea la libre asociación política de las fuerzas independientes en el estado.
