Ciudad de México – El senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado mexicano, calificó como “carentes de sustento jurídico” las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En un posicionamiento institucional, Mier subrayó que México opera bajo un Estado de derecho donde la cooperación internacional debe ajustarse estrictamente a los canales legales y constitucionales.
El líder parlamentario de Morena confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya recibió comunicaciones con fines de extradición para diversos funcionarios. Sin embargo, advirtió que cualquier solicitud debe ser formal, estar debidamente fundada y cumplir con los requisitos probatorios establecidos en el Tratado de Extradición entre ambos países.
“La colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales”, sentenció Mier.
Desde una perspectiva jurídica, el senador destacó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el debido proceso y proteger la inmunidad procesal (fuero) de las personas servidoras públicas.
Este blindaje implica que, para proceder legalmente contra funcionarios como Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza, se requeriría primero un proceso de desafuero, un paso que Mier consideró anticipado ante la falta de elementos probatorios contundentes en las solicitudes iniciales.
Esta postura de rigor jurídico contrasta con acciones previas de extradición acelerada. Históricamente, México ha facilitado el traslado de diversos perfiles de alto rango a EE. UU. para evitar fugas o corrupción judicial.
No obstante, el discurso actual de Mier se alinea más con el precedente del Caso Cienfuegos en 2020, donde la defensa de la soberanía nacional y la exigencia de pruebas sólidas frenaron la actuación inmediata de las agencias estadounidenses.
Mier Velazco reiteró que México mantiene su disposición para cooperar con la comunidad internacional, pero únicamente bajo el marco jurídico nacional.
“En México la soberanía nacional no se negocia, ni se subcontrata, se respeta”, indicó el legislador, cerrando filas con la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el manejo de este caso.
Finalmente confirmó que, de formalizarse las peticiones, el caso será turnado a la Comisión de Gobernación para su resolución definitiva, asegurando que no habrá “distinciones” en la aplicación de la ley, pero siempre bajo el marco nacional.
