Organizaciones civiles y activistas de derechos humanos mantienen bajo la lupa al diputado local Dante Montaño Montero por la forma en que accedió a su cargo en el Congreso del Estado de Oaxaca. Diversos sectores cuestionan que el exalcalde de Santa Lucía del Camino ocupe un espacio legislativo plurinominal diseñado exclusivamente para la inclusión de personas con discapacidad, el cual obtuvo tras acreditar una supuesta discapacidad auditiva sensitiva.
Este nivel de impunidad en el escenario político local responde, de acuerdo con señalamientos de la oposición, al respaldo directo de Benjamín Robles Montoya, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad. Robles ha sido acusado reiteradamente por diversos actores de operar las siglas partidistas como un negocio familiar y personal, sirviendo como el escudo político que le permite a Montaño evadir los costos públicos de su trayectoria y aspirar a nuevos cargos de elección popular en futuros procesos electorales.
El historial del petista explica por qué tuvo que recurrir a las cuotas de inclusión de minorías para asegurar un espacio en el poder público. Durante su paso como presidente municipal de Santa Lucía del Camino (2019-2021), su administración acumuló severas observaciones por parte de los órganos de fiscalización locales debido a presuntas irregularidades financieras, desvío de recursos públicos y millonarios pasivos fiscales heredados que a la fecha siguen sin ser solventados.
A las sombras de corrupción se suman sus antecedentes en materia de género. El diputado local cuenta con sentencias firmes dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y ratificadas en instancias federales por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), luego de comprobarse que retuvo dietas y excluyó de forma sistemática a las concejalas de su propio ayuntamiento. Como consecuencia de estos fallos, fue inscrito en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, una restricción jurídica que originalmente bloqueó sus opciones de postulación directa en las urnas.
Pero el caso de Montaño no es un hecho aislado en la entidad, ya que la simulación de cuotas de inclusión alcanzó también a otras figuras de la actual legislatura. Defensores de derechos humanos denunciaron severamente a Elvia Gabriela Pérez López, hija del exdirigente priista Eviel Pérez Magaña, quien logró su postulación y reelección mediante el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) bajo una polémica acción afirmativa reservada para personas con discapacidad. El hecho desató indignación pública debido a que se señala la ausencia de una condición real, acusando el uso de un andamiaje legal simulado para asegurar la permanencia de linajes políticos tradicionales en el poder.
De igual manera, las acusaciones de usurpación se extendieron hacia Sandra Daniela Taurino Jiménez, diputada de Morena por el distrito 12. Diversas agrupaciones de la diversidad sexual manifestaron su rechazo tras su designación bajo la llamada “cuota arcoíris”. Las críticas apuntan a que su nombramiento previo como coordinadora partidista de este sector sirvió únicamente como una estrategia de simulación de identidad para desplazar las candidaturas de liderazgos y activistas auténticos dentro de las poblaciones históricamente vulneradas.
Ante el riesgo latente de que estos perfiles pretendan utilizar nuevamente las acciones afirmativas como trampolín para buscar la reelección o saltar a otro cargo, el pleno legislativo se vio forzado a reaccionar. La diputada Cecilia Olivia Cruz Merlín presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca, con el fin de elevar el rigor de las certificaciones institucionales y médicas, cerrar de manera definitiva los vacíos legales y evitar que personajes con antecedentes judiciales sigan desplazando a los liderazgos auténticos de los grupos vulnerables.
