CIUDAD DE MÉXICO. — En un giro que sepulta más de una década de exigencia de justicia y rompe de tajo con los hallazgos de organismos internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026. Se trata de un polémico informe de 867 páginas que deslinda de manera institucional al Ejército Mexicano de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con este pronunciamiento, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra formaliza lo que diversos sectores civiles califican como una completa subordinación al poder militar, transformándose de defensor de las víctimas en abogado defensor de las Fuerzas Armadas.
El polémico documento concluye que no existen pruebas objetivas para calificar la tragedia de septiembre de 2014 como un “crimen de Estado” o una desaparición forzada institucionalizada por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para la gestión de Piedra Ibarra, la participación de militares en los hechos se reduce estrictamente a “conductas individuales” y omisiones particulares, eximiendo así a toda la estructura castrense de haber orquestado una estrategia corporativa o criminal.
De manera severa, el reporte arremete contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad (CoVAJ), acusándolos de haber construido una “antiverdad histórica” basada en narrativas sensacionalistas que solo alimentaron el linchamiento institucional. Además, la Comisión validó la postura del Ejército sobre los controvertidos 800 folios de inteligencia militar exigidos por las familias, decretando que dichos archivos no guardan relación con el caso.
Esta resolución generó una inmediata fractura política y civil que evidencia el profundo aislamiento de la CNDH bajo su actual dirección, la cual comenzó un segundo mandato tras una controvertida reelección en el Senado a finales de 2024.
Las familias de los normalistas y organizaciones aliadas, como el Centro Prodh, calificaron el informe como una aberración jurídica y una traición abierta. Denunciaron que la administración de Piedra Ibarra ha renunciado por completo a su rol constitucional de contrapeso para alinearse deliberadamente con la opacidad militar, ignorando los abundantes indicios de espionaje en tiempo real, la colusión con el cártel Guerreros Unidos y la manipulación de escenas del crimen por parte del batallón de Iguala.
La Recomendación 208VG/2026 se perfila así no como una pieza de justicia, sino como un mecanismo de validación política que prefiere pelear las batallas discursivas del poder antes que garantizar el derecho a la verdad. A casi doce años de los hechos, los 43 estudiantes siguen ausentes y la institución que debía buscar el esclarecimiento ha optado por decretar un carpetazo oficial a favor de los uniformados.
Respecto a la postura oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del informe, señalando que el Ejecutivo no participó en su elaboración y ordenó una revisión por parte de la Secretaría de Gobernación.
Sheinbaum cuestionó la exoneración generalizada al recordar la existencia de militares procesados, subrayando la necesidad de diferenciar entre conductas individuales y la responsabilidad institucional. Finalmente, reiteró su compromiso con los padres de los normalistas para continuar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la búsqueda de verdad y justicia.
