Tecámac, Estado de México.- La grave agresión armada contra un ciudadano dedicado a la mecánica automotriz, identificado como Javier “N”, ha puesto nuevamente bajo el escrutinio público la operación de las empresas de grúas en el Estado de México y la eficacia de las instituciones de procuración de justicia.
Javier, un mecánico de la comunidad, fue víctima de un ataque con arma de fuego perpetrada por los propietarios de la empresa “Grúas Garduño”, un negocio que ha sido señalado repetidamente por abusos en el municipio.
Según los reportes del incidente ocurrido en marzo, Javier fue atacado a balazos tras una confrontación con los hermanos Garduño. Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue sometido a una cirugía mayor. Hasta el día de hoy, 16 de abril de 2026, su pronóstico sigue siendo reservado, mientras su familia mantiene guardias fuera de la Fiscalía esperando avances.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha emitido un boletín de captura oficial contra los señalados, limitándose a informar mediante canales internos que “se ha abierto una carpeta de investigación por lesiones producidas por arma de fuego”.
Por su parte, el Gobierno Municipal de Tecámac ha evitado emitir comunicados directos sobre este caso específico de la empresa de grúas, manteniendo una postura de “colaboración con las autoridades estatales”, lo que ha sido interpretado por los colectivos locales como una falta de voluntad política para regular a las concesionarias de grúas.
A pesar de que los presuntos agresores están plenamente identificados por testigos y familiares, no se han reportado detenciones hasta esta fecha. Esto levanta interrogantes críticas sobre el desempeño de la Fiscalía.
La empresa “Grúas Garduño” ha operado bajo constantes quejas ciudadanas por cobros excesivos y prepotencia. El ataque a Javier parece ser la culminación de un sistema de impunidad que las autoridades han permitido crecer.
Mientras la FGJEM asegura “avances”, la percepción en Tecámac es de desprotección total frente a grupos que operan con armas de fuego a plena luz del día.
La comunidad exige que este caso no termine en el archivo muerto de la burocracia mexiquense, mientras Javier lucha por su vida y sus agresores permanecen en libertad.
