Morena confirma militancia de presunto operador de la mafia rumana y turna el caso a su Comisión de Justicia
CIUDAD DE MÉXICO. — El Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena confirmó que Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado por las autoridades de México y Estados Unidos como presunto operador financiero de la mafia rumana, se encuentra registrado en el padrón histórico de militantes de la organización política desde el año 2013.
La dirigencia del partido, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, reconoció formalmente la afiliación del implicado luego de que investigaciones periodísticas documentaran su estatus activo dentro del movimiento.
De acuerdo con el informe oficial de la dirigencia partidista, Arcos Romero completó su registro formal durante la conformación del primer listado de militantes hace más de una década. No obstante, la presidencia de Morena precisó que el imputado no ratificó su militancia durante el proceso de actualización y refrendo del padrón nacional llevado a cabo a inicios de 2025.
Las investigaciones ministeriales y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detallan que Arcos Romero fue un objetivo clave en la denominada “Operación Caribe” de 2021. Dicho despliegue federal desarticuló una red transnacional de clonación de tarjetas bancarias y alteración de cajeros automáticos en el estado de Quintana Roo, la cual era liderada por el ciudadano rumano Florian Tudor.
A la par de sus presuntas actividades ilícitas, el señalado mantuvo una participación activa en la estructura política local, donde se desempeñó como secretario particular de Rafael Marín Mollinedo y operó de manera directa en la organización de las redes electorales del partido en la región del Caribe mexicano.
Ante la divulgación de los expedientes judiciales y la confirmación de la militancia, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena turnó el caso de manera urgente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). El órgano jurisdiccional interno del partido determinará en los próximos días la suspensión provisional de los derechos políticos del implicado, como paso previo al inicio del procedimiento sancionador ordinario que busca su expulsión definitiva de las filas de la organización.
