Morena despliega ofensiva legal en Coahuila: Promueve juicio de nulidad e interpone 20 denuncias por “QRGate”
SALTILLO, Coahuila. – El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) formalizó una contraofensiva legal tras los comicios del pasado 7 de junio en Coahuila. La estrategia del partido se divide en dos vías jurídicas independientes: un juicio electoral ante los tribunales estatales para exigir la nulidad total de la elección y un paquete de 20 recursos y denuncias formales ante dependencias federales para castigar delitos electorales y financiamiento ilícito.
Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, detalló que el partido interpuso 17 quejas específicas (una por cada uno de los 16 distritos locales disputados y otra de carácter general), las cuales escalaron a un total de 20 denuncias al sumar los procedimientos administrativos y penales presentados formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La vía jurisdiccional: El juicio de nulidad
A través del juicio electoral, la representación jurídica de Morena solicita invalidar de forma definitiva las 16 diputaciones de mayoría relativa asignadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La impugnación argumenta que existieron violaciones generalizadas que afectaron la equidad de la contienda, sustentando el caso en la documentación de anomalías graves dentro de 962 casillas, equivalentes al 22.6% del padrón total instalado en el estado. Como protesta simbólica, las y los legisladores electos de Morena por la vía de representación proporcional decidieron no acudir a recibir sus constancias de asignación.
La vía penal y administrativa: Las 20 denuncias
De manera paralela al juicio de nulidad, las 20 denuncias interpuestas buscan fincar responsabilidades punitivas y fiscalizadoras bajo cinco ejes principales descritos por la dirigencia:
- El “QRGate”: Morena denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) de la FGR y ante la Policía Cibernética un esquema masivo de compra de votos. Según el partido, operadores entregaron códigos QR a ciudadanos para validar fotografías de sus boletas marcadas a cambio de transferencias o pagos en efectivo de al menos 500 pesos.
- Rastreo financiero de la UIF: Se solicitó formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar el origen, destino y las cuentas bancarias detrás de la red de pagos digitales del “QRGate” para identificar posibles estructuras de lavado o financiamiento ilícito.
- Fiscalización ante el INE: Ante la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral, se promovió una queja formal por el presunto rebase sistemático de los topes de gastos de campaña por parte de las candidaturas priistas.
- Uso de programas públicos: Denuncian el condicionamiento y desvío de beneficios sociales de carácter estatal para coaccionar el sufragio popular.
- Violencia institucional e intimidación: Se incluyeron recursos por presuntas detenciones arbitrarias, persecución policial en contra de simpatizantes de Morena y retenciones ilegales sufridas por legisladores federales durante la jornada electoral.
Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, rechazó de manera tajante las acusaciones y defendió la validez del proceso. El líder tricolor argumentó que los cómputos oficiales, que otorgan a la alianza PRI-UDC el 55.03% de los sufragios frente al 26.20% obtenido por la coalición Morena-PT, reflejan una ventaja clara y legítima. Moreno Cárdenas calificó la ofensiva legal como un intento de la oposición para “fabricar narrativas” que justifiquen su derrota en las urnas.
Con la recepción de pruebas concluida por parte de Morena, el conflicto poselectoral de Coahuila queda en manos de las instancias jurisdiccionales y de los órganos de fiscalización federal, quienes determinarán el impacto real de las evidencias presentadas.
