CIUDAD DE MÉXICO.– El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados encendió el debate legislativo al presentar una iniciativa de reforma constitucional para imponer penas históricas de 80 a 140 años de prisión a cualquier servidor público coludido con el crimen organizado.
La propuesta, impulsada por el coordinador blanquiazul Elías Lixa Abimerhi, busca modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El proyecto no solo plantea sepultar en la cárcel de por vida a los funcionarios corruptos, sino que establece que el delito de “narcopolítica” sea imprescriptible —evitando que caduque con el tiempo— además de sumar multas de hasta 24 mil días de salario mínimo. Según el PAN, la reforma es indispensable para limpiar de tajo las estructuras gubernamentales infiltradas por los cárteles.
Ante este planteamiento, la bancada de Morena adelantó de inmediato que rechazará la iniciativa y frenará su avance en el Congreso. El coordinador del partido oficialista en San Lázaro, Ricardo Monreal, justificó esta negativa argumentando que el endurecimiento punitivo no es la solución para pacificar al país.
“Desde la antigüedad se demostró que no bastaba poner penas más severas, incluso la pena de muerte o la mutilación, para tratar de disminuir el delito”, afirmó Monreal al catalogar la propuesta opositora como una medida “draconiana” con la que su partido no comulga.
Este bloqueo absoluto por parte del oficialismo coincide con un momento de alta tensión internacional, luego de que agencias de seguridad y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ventilaran investigaciones contra perfiles clave de Morena por presuntos nexos con el narcotráfico.
Por lo que la oposición ligó directamente el freno legislativo al acoso judicial que Washington mantiene sobre cuadros de la llamada “Cuarta Transformación”, destacando los señalamientos en curso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza. Para el bloque opositor, la negativa a votar la reforma evidencia un intento desesperado del partido en el poder por construir un escudo legal que garantice impunidad total a sus militantes.
A las críticas se sumó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien secundó la propuesta de endurecer las sanciones y acusó abiertamente a Morena de operar para autoprotegerse y encubrir a aquellos funcionarios que hoy gobiernan y legislan bajo el amparo de las organizaciones delictivas.
Paralelamente, en los pasillos parlamentarios cobró fuerza una contrapropuesta de sectores de la oposición que exigen que la colusión con el narcotráfico deje de ser tratada como un delito común y se reclasifique formalmente bajo el cargo penal de traición a la patria, lo que arrastraría la inhabilitación perpetua y absoluta de los involucrados para ejercer cualquier cargo público.
