PUNTA DE MITA, NAYARIT. – Lo que se prometió como una “transformación” para recuperar el patrimonio de los nayaritas se ha convertido, en los hechos, en un operativo de blindaje para las élites inmobiliarias.
Mientras el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero pregona la recuperación de terrenos públicos, en Playa Las Cocinas el discurso choca frontalmente con una realidad de concreto y represión: el libre acceso al mar está siendo secuestrado por muros privados bajo la mirada cómplice —y a veces escolta— del Estado.
La tensión en Punta de Mita alcanzó su punto máximo este abril. Residentes y colectivos ambientales han denunciado que el Grupo DINE, a través de su proyecto Cantiles de Mita, ha avanzado con un muro de enrocamiento que devora la zona federal marítimo-terrestre.
La respuesta de Navarro Quintero no fue la mediación, sino la criminalización. En un giro autoritario, el mandatario calificó a los ciudadanos que defienden su derecho constitucional de acceso a la playa como posibles “delincuentes” e incluso sugirió vínculos con el crimen organizado para deslegitimar la protesta social.
La “mano dura” que prometió el gobernador no se ha dirigido contra quienes violan la Ley General de Bienes Nacionales, sino contra el pueblo que exige transparencia.
Activistas locales reportan un despliegue desproporcionado de la Fiscalía General del Estado, no para investigar delitos, sino para actuar como guardia privada de las constructoras. La intimidación y el hostigamiento a defensores del territorio han dejado claro que, en el Nayarit de hoy, la propiedad privada de lujo pesa más que el derecho humano al espacio público.
La sombra del conflicto de interés planea sobre el Palacio de Gobierno. Las críticas apuntan a una relación simbiótica entre la administración de Navarro y los grandes desarrolladores.
El gobernador ha defendido la legalidad de las obras de Grupo DINE argumentando que cuentan con “permisos federales”, ignorando las evidencias de invasión de zona federal presentadas por los pobladores.
Aunque el gobierno presume haber recuperado millones de metros cuadrados de administraciones corruptas pasadas, los críticos señalan que este operativo sirve para limpiar el terreno y entregarlo a nuevos socios estratégicos. Se acusa que la administración utiliza el aparato judicial para “limpiar” tierras de antiguos dueños y reasignarlas a grupos empresariales afines a la actual gestión.
La cercanía con las cúpulas empresariales del sector turístico ha sido evidente en foros y promociones de inversión, donde el gobernador garantiza “certeza jurídica” a los inversionistas, una frase que en Punta de Mita hoy suena a despojo ciudadano.
Pese a las mesas de diálogo instaladas de último momento por la presión federal, la postura de Miguel Ángel Navarro Quintero ha dejado una cicatriz en la confianza ciudadana. Mientras el gobernador se dice aliado de la federación, sus acciones locales contradicen el mandato de no privatizar playas.
Hoy, las playas de Nayarit no pertenecen a los nayaritas; pertenecen a quien pueda pagar el muro que las encierre, bajo la protección de un gobierno que decidió que la soberanía nacional termina donde empieza el interés de una inmobiliaria.
Ante la cerrazón estatal, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que enviar señales mixtas pero determinantes.
El pasado 28 de abril, funcionarios federales se vieron obligados a encabezar una mesa de diálogo en Punta de Mita tras el fracaso de las autoridades locales. El Gobierno Federal acordó establecer un diálogo permanente con los ciudadanos para garantizar que se respete el acceso libre a la playa, contradiciendo la postura de “mano dura” del gobernador.
Mientras el gobernador defiende las obras, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha mantenido bajo la lupa las construcciones en la zona, recordando que cualquier muro que invada la zona marítimo-terrestre viola la Ley General de Bienes Nacionales, la cual establece que las playas son públicas y el acceso no puede ser restringido por particulares.
Aunque el Gobierno Federal ha elogiado el “Operativo Nuevo Nayarit” para recuperar tierras robadas por gobiernos anteriores, existe una creciente preocupación en la CDMX por el uso de la Fiscalía local para hostigar a defensores ambientales, una práctica que choca con la narrativa de justicia social de la federación.
La sombra del conflicto de interés es alargada. Se critica que el gobernador utiliza el aparato judicial no para devolver las playas al pueblo, sino para “limpiar” deudas y terrenos para entregarlos a nuevos socios estratégicos. La administración de Navarro garantiza “certeza jurídica” a grupos como DINE, mientras utiliza la fuerza pública para escoltar obras que los ciudadanos califican de ilegales.
Grupo DINE (de la familia Baillères) es el desarrollador más poderoso de la zona a través de Punta Mita, un enclave de ultralujo.
Por lo que se critica que el gobierno de Navarro ha otorgado facilidades administrativas y protección policial al proyecto bajo el argumento de que genera “empleos y desarrollo”, a pesar de que el modelo de Punta Mita es de enclave cerrado, lo que segrega a la población local de sus propias fuentes de sustento (pesca y turismo local).
Ante el riesgo de un enfrentamiento violento entre la policía estatal y los civiles, el Gobierno Federal (representado por Gobernación y SEMARNAT) estableció los siguientes puntos el 28 de abril:
Suspensión de hostilidades: Se exigió al gobierno estatal cesar el uso de la Fiscalía para intimidar a los voceros del movimiento ciudadano.
Revisión de Concesiones: La federación se comprometió a realizar un nuevo peritaje topográfico para determinar si el muro de Grupo DINE invade la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Si hay invasión, se procederá a la demolición, independientemente de los permisos estatales.
Garantía de Servidumbre de Paso: Se acordó que el acceso a Playa Las Cocinas no puede ser un camino de terracería oculto, sino un acceso digno y señalizado, como marca la ley.
