Oaxaca, México.- En un esfuerzo sin precedentes por modernizar el sistema de justicia en México, el emblemático Teatro Macedonio Alcalá se convirtió en el epicentro del análisis jurídico con el Foro Nacional “Avances y Coyunturas: ¿Estamos listos para su implementación?”, organizado por la Comisión para la Implementación del CNPCyF en Oaxaca, que preside el Magistrado Juan Carlos Díaz Carranza.
El evento reunió a las voces más influyentes de la judicatura, la academia y la política para trazar el camino hacia la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), prevista a más tardar para abril de 2027.
La jornada inaugural fue encabezada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Erika María Rodríguez Rodríguez y, el Magistrado Juan Carlos Díaz Carranza; quienes coincidieron en que este código representa un parteaguas para garantizar un acceso efectivo y homologado a la justicia en todo el país.
Entre los participantes y ponentes destacados que sumaron su visión a este diálogo nacional se encontraron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Olga Sánchez Cordero, Diputada Federal y exministra; Javier Corral Jurado, Senador de la República, así como las Magistradas del TSJO, Flor de María Arellanes Luna, Genoveva Dulce Javier Agustín y Elizabeth Roxana López Luna, integrantes de la Comisión de Implementación.
El factor humano y la descentralización
El Magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF en Oaxaca, fue una de las voces más firmes al detallar la hoja de ruta técnica y operativa.
Díaz Carranza no solo señaló los desafíos, sino que propuso soluciones concretas para convertir la reforma en una realidad tangible para la ciudadanía.
El magistrado subrayó que la capacitación no debe centralizarse en la capital. Su propuesta es llevar la formación especializada a todas las regiones de Oaxaca, reconociendo que la justicia debe ser sensible a la diversidad cultural y geográfica del estado.
Ante la incertidumbre institucional, Díaz Carranza enfatizó la necesidad de proteger el capital humano especializado.
“No hay mejor capacitación que la práctica”, señaló, advirtiendo que la sustitución de perfiles experimentados podría comprometer un sistema que exige dominio absoluto de la oralidad y criterios digitales.
Fue directo al señalar que trabajar “sin dinero y contra reloj” exige una unidad política total. El éxito del código —considerado el tercer ordenamiento más importante de México— depende de una inversión real en infraestructura que evite que la oralidad se quede solo en el papel, apuntó.
Oaxaca como laboratorio de éxito
A pesar de que Oaxaca comienza este proceso con desafíos particulares en materia de oralidad civil, el foro concluyó con un mensaje de determinación. Para los líderes reunidos, si el nuevo modelo de justicia familiar y civil triunfa en un estado tan complejo como Oaxaca, el resto del país tendrá un modelo probado de éxito.
El encuentro cerró con un llamado a la unidad de los tres órdenes de gobierno, reafirmando que el CNPCyF no es solo un decreto administrativo, sino un compromiso histórico para agilizar el 70% de la carga judicial del país y poner a las personas en el centro de la ley.
