CHIHUAHUA, CHIH. — En una jornada marcada por tensiones institucionales, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que no asistirá a la reunión de trabajo convocada por el Senado de la República para este 28 de abril. De manera simultánea, se confirmó la renuncia de César Jáuregui Moreno como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La administración estatal comunicó que la decisión de la gobernadora de no acudir al Senado se fundamenta en la autonomía del estado y en la naturaleza no vinculante de la invitación. Campos Galván señaló que la información relacionada con el operativo en la Sierra Tarahumara contiene datos clasificados que podrían comprometer investigaciones en curso.
En su lugar, el gobierno de Chihuahua reiteró que la colaboración sobre el caso se mantendrá a través de los canales institucionales correspondientes y la comisión especial local creada para el seguimiento de los hechos.
La salida de César Jáuregui de la FGE ocurre tras los cuestionamientos sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense. Los reportes indican que los individuos fallecidos en un operativo reciente portaban indumentaria oficial de las fuerzas estatales, lo que ha generado una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar el grado de cooperación y la legalidad de dicha presencia extranjera.
Desde la Ciudad de México, legisladores y el Gobierno Federal han manifestado la necesidad de esclarecer si existieron convenios de seguridad que permitieran la operatividad de agencias externas sin la coordinación de la federación.
El Senado de la República evaluará las medidas a tomar ante la inasistencia de la mandataria, mientras que la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación por posibles violaciones a la soberanía nacional.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha anunciado quién asumirá el despacho de la Fiscalía de manera definitiva, quedando la institución bajo un mando encargado de despacho según los términos de ley.
Mientras el Congreso local —de mayoría panista— creó una “comisión especial”, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la federación llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer la injerencia extranjera.
Por ahora, el Senado analiza emitir un extrañamiento formal o solicitar la intervención de la Suprema Corte ante la negativa de la gobernadora para informar sobre los acuerdos de seguridad que permitieron la operación de agencias externas en su estado.
La crisis se originó tras un operativo en la Sierra Tarahumara donde se descubrió la presencia de elementos de inteligencia de EE. UU. (CIA) participando en labores de seguridad en territorio mexicano.
La postura de Estados Unidos respecto a la muerte de sus agentes en Chihuahua se ha mantenido en una línea de hermetismo oficial y presión diplomática indirecta, evitando confirmar públicamente los detalles operativos
Aunque medios como The Washington Post y The Wall Street Journal han confirmado que los fallecidos eran agentes de la CIA, las autoridades de Washington han evitado dar declaraciones oficiales que comprometan la naturaleza de la misión.
El gobierno estadounidense sostiene que sus funcionarios tenían estatus legal (uno con pasaporte diplomático y otro como visitante), mientras que el Gabinete de Seguridad de México afirma que ninguno tenía autorización para realizar labores operativas de campo.
Según reportes de The Wall Street Journal, el incidente ha incrementado la presión de la administración de Donald Trump hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo mayores garantías para sus agentes en territorio mexicano tras la muerte de los funcionarios en un barranco de la Sierra Tarahumara.
