CIUDAD DE MÉXICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico al determinar que las personas adultas mayores tienen derecho a recibir una protección reforzada dentro de los procesos penales en México.
A través del Amparo Directo en Revisión 7330/2025, el máximo tribunal del país estableció que la defensa adecuada para este sector de la población no se limita únicamente a la asignación de un abogado defensor. Por el contrario, exige que las autoridades jurisdiccionales implementen apoyos adicionales y ajustes procesales que respondan de manera directa a la edad, estado de salud y situación particular de vulnerabilidad del imputado.
De acuerdo con la resolución de los ministros, los jueces tienen ahora la obligación ineludible de informar a los adultos mayores sobre su derecho a contar con el acompañamiento de un agente especializado en sus derechos y condiciones de edad.
Dicha asistencia judicial tiene como objetivo principal identificar y superar las barreras estructurales o materiales que impidan a la persona comprender el desarrollo de su juicio o ejercer una defensa efectiva.
El criterio de la Suprema Corte aclara que la edad por sí sola no se traduce de forma automática en una condición de vulnerabilidad. Por ello, las autoridades judiciales competentes deberán realizar una evaluación individualizada de cada caso concreto para determinar el grado de desprotección física, económica o social en que se encuentra la persona.
Este relevante precedente judicial derivó de un litigio originado en el estado de Nuevo León, donde una pareja de la tercera edad, condenada por el delito de despojo, promovió un juicio de amparo alegando que enfrentaron su proceso penal en condiciones de desigualdad al carecer de asesoría especializada.
Tras analizar las omisiones del caso, la Corte ordenó revocar la sentencia previa para que se emita una nueva resolución que incorpore de forma plena estos estándares de defensa con perspectiva de vejez.
