CHIHUAHUA, Chih. – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, denunció una campaña de desinformación y ataques políticos en su contra tras el desmantelamiento de un megaboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara. A través de un mensaje oficial, la mandataria estatal defendió el resultado del operativo y advirtió de manera tajante que en su administración no existe espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo obscurito.
La postura de la gobernadora panista surge como respuesta a la presión ejercida por el Gobierno Federal y legisladores de Morena. El bloque oficialista promueve una solicitud de juicio político por presunta traición a la patria, argumentando una supuesta violación a la soberanía nacional tras difundirse la presencia de presuntos agentes de la CIA estadounidense en la zona del despliegue policial.
El operativo, calificado como un golpe histórico al narcotráfico en el municipio de Morelos, derivó en el aseguramiento de 55,000 litros de sustancias líquidas, 50 toneladas de precursores químicos y 2,000 litros de metanfetamina pura. A pesar de la magnitud del decomiso, la discusión pública fue desviada por la Federación hacia la actuación de las agencias extranjeras, citando incluso a comparecer a 50 funcionarios del gobierno de Chihuahua ante la Fiscalía General de la República.
La embestida central contra la mandataria chihuahuense ha sido señalada como una profunda incongruencia política por parte de la oposición y diversos analistas.
Mientras el partido oficialista y la Federación despliegan recursos institucionales para perseguir a una gobernadora que combate activamente al crimen, mantienen una política de abierta protección hacia gobernadores y militantes de Morena formalmente acusados o vinculados con los cárteles de la droga.
El contraste más evidente se concentra en casos de alto perfil que el Gobierno Federal ha decidido encubrir y congelar. Un ejemplo es el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una acusación formal por narcotráfico en Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos”; la Consejería Jurídica de la Presidencia bloqueó de inmediato su captura bajo argumentos administrativos.
De igual forma, se mantienen bajo blindaje político los señalamientos contra Américo Villarreal en Tamaulipas, Marina del Pilar en Baja California, y senadores como Enrique Inzunza, acusados en expedientes de inteligencia por complicidad con el crimen organizado.
Frente a este escenario de selectividad de la justicia, Maru Campos ratificó que mantendrá la coordinación con el Estado Mexicano, pero no detendrá las estrategias de seguridad local.
La gobernadora notificó formalmente a la Secretaría de Seguridad Federal que su gestión no autorizó ni operó con agentes extranjeros, acusando que la retórica de Morena es una cortina de humo mediática para ocultar la alarmante expansión territorial de los cárteles en las entidades gobernadas por el oficialismo.
