Por Redacción
OAXACA, Oax. — El aseguramiento presuntamente irregular de un vehículo en la capital oaxaqueña, propiedad de la ciudadana Karla Contreras, detonó un escándalo público al denunciarse que el automóvil fue bloqueado de forma remota por particulares mediante GPS para permitir que policías viales realizaran un decomiso exprés sin las actas correspondientes.
Tras la retención de su automóvil y una comparecencia de tres horas ante mandos policiales, la ciudadana formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La afectada acusó haber sido víctima de extorsión e intimidación institucional, luego de que sujetos desconocidos y patrulleros de la Policía Vial Estatal le retiraron su vehículo.
Contreras demostró la posesión legal y vigencia de la documentación del automóvil comprado días antes, desmintiendo las versiones oficiales que justificaron el decomiso exprés bajo el argumento de un reporte de robo extemporáneo
Ante la acusación de que los agentes operaban en colusión con una red dedicada a la extorsión patrimonial, el director de la Policía Vial Estatal de Oaxaca, Toribio López Sánchez, rechazó de manera categórica la existencia de una red de corrupción dentro de la corporación.
En conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que la institución actúa bajo los principios de legalidad, por lo que turnó de manera inmediata el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para el total esclarecimiento de los hechos.
Como medida de transparencia, la dependencia procedió al cese inmediato de seis elementos operativos que participaron en dicha acción mientras se determinan las responsabilidades legales. Asimismo, la corporación entregó a la Fiscalía las grabaciones de las cámaras corporales (bodycams) de los uniformados, reafirmando que no se tolerarán conductas que se aparten del protocolo oficial de actuación.
El desglose técnico aportado por la institución refiere que el automóvil de la afectada fue comercializado por particulares mediante un esquema fraudulento, en el cual los vendedores originales mantuvieron el control del geolocalizador para apagar la unidad en la vía pública, situación que derivó en la intervención de las patrullas estatales bajo el argumento de un presunto reporte de robo.
Ante estos hechos, López Sánchez enfatizó que las conductas individuales bajo investigación no corresponden a una práctica sistemática ni avalada por los mandos de la institución.
Por su parte, la administración del gobernador Salomón Jara Cruz respaldó las medidas correctivas aplicadas por la Policía Vial como una muestra del compromiso con la rendición de cuentas, enfatizando que este incidente representa un hecho aislado que no define el desempeño general de la corporación.
El caso permanece bajo la jurisdicción de la Fiscalía del Estado, instancia encargada de determinar la situación jurídica de los exelementos y de los particulares involucrados en el presunto fraude.
