El INE propone posponer la elección judicial hasta 2028; Monreal ve viable la prórroga por razones técnicas y presupuestales
CIUDAD DE MÉXICO.– En un encuentro clave para el desarrollo de la reforma al Poder Judicial, las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por su presidenta Guadalupe Taddei Zavala, entregaron una propuesta técnica formal a la Cámara de Diputados.
El objetivo central del documento es aplazar la primera gran votación de jueces, magistrados y ministros hasta el año 2028, evitando que coincida de forma concurrente con el proceso electoral ordinario programado para 2027.
La comitiva del órgano autónomo fue recibida a puerta cerrada en las oficinas de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por su presidente, el diputado Ricardo Monreal Ávila. Tras el diálogo, el líder de la bancada mayoritaria calificó de manera positiva los argumentos del instituto y reconoció que existen riesgos operativos y financieros reales si se mantiene la ruta de votación actual.
De acuerdo con el informe técnico entregado por las consejerías, la coexistencia de ambos procesos en las urnas para junio de 2027 implicaría un riesgo extremo para la certeza del voto.
El instituto alertó sobre la complejidad que representaría para la ciudadanía sufragar por cargos políticos ordinarios y cargos judiciales el mismo día, lo que detonaría una alta confusión y niveles críticos de abstencionismo.
Adicionalmente, se expusieron las dificultades materiales para fragmentar la capacitación del personal electoral, instalar casillas separadas y administrar los tiempos del Estado en radio y televisión.
En el rubro presupuestal, el instituto advirtió que una elección concurrente en 2027, lejos de generar un beneficio, incrementaría drásticamente los gastos logísticos al requerir dos estructuras de votación paralelas, estimando que el ejercicio ascendería a un total de 21 mil millones de pesos.
Por el contrario, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, defendió que separar la elección judicial y reprogramarla para 2028 evitaría duplicidades operativas, lo que representaría un respiro financiero y garantizaría un ahorro directo de aproximadamente 2 mil millones de pesos para el erario nacional.
Tras la recepción del resumen ejecutivo, el diputado Ricardo Monreal Ávila trazó la ruta legislativa urgente que seguirá el Congreso de la Unión para procesar la petición del INE.
El plan de trabajo inmediato contempla el envío del documento a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, así como a los coordinadores de las distintas bancadas en San Lázaro para construir un consenso técnico y político.
Dado que la legislación prohíbe realizar modificaciones sustanciales a las normas electorales noventa días antes del arranque formal del año constitucional (programado para la primera semana de septiembre), el Poder Legislativo prevé una definición pronta.
De concretarse el acuerdo con el Ejecutivo Federal, la Comisión Permanente evaluará convocar a un periodo extraordinario de sesiones, proyectado provisionalmente entre el 20 y el 30 de mayo, espacio donde se votarían las reformas a los plazos constitucionales y el blindaje definitivo del nuevo calendario electoral.
