CIUDAD DE MÉXICO.— La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó el desestimado formal y archivo definitivo de la solicitud de juicio político interpuesta en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. El procedimiento legislativo quedó sin efectos jurídicos debido a que el bloque de diputados locales de Morena que promovió la denuncia omitió ratificar el recurso dentro del plazo legal.
El diferendo, que escaló al plano de la soberanía nacional y las facultades constitucionales en materia de política exterior, concluyó su ruta parlamentaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro por un error de procedimiento técnico de la parte acusadora.
De acuerdo con los plazos procesales regulados por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los denunciantes contaban con un término perentorio de tres días hábiles para acudir presencialmente a ratificar su recurso. La presidencia de la Mesa Directiva, encabezada por la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que dicho plazo venció el viernes 29 de mayo de 2026 a las 24:00 horas sin que se registrara la comparecencia de los legisladores chihuahuenses.
Al no cumplirse el requisito de procedencia, el órgano legislativo aplicó el criterio de preclusión, decretando la inexistencia jurídica de la demanda. De manera pública, integrantes de la bancada local de Morena en Chihuahua reconocieron el desconocimiento del protocolo formal que exigía el traslado a la Ciudad de México para la ratificación del documento original.
El expediente desechado en el Congreso Federal contenía imputaciones de alta gravedad institucional. Los 11 legisladores de Morena señalaban a la titular del Ejecutivo de Chihuahua por la presunta tolerancia u ocultamiento de actividades operativas de la CIA y la DEA en territorio estatal, las cuales detonaron tras un operativo contra laboratorios de fentanilo donde resultaron abatidos dos agentes estadounidenses.
Asimismo, la denuncia fundamentaba la supuesta invasión de competencias mediante la firma de acuerdos bilaterales de seguridad pública y cooperación operativa directa con agencias de Washington, una facultad de política exterior que el artículo 89 constitucional reserva de manera exclusiva al Ejecutivo Federal.
Si bien la vía del control parlamentario ha quedado formalmente clausurada en San Lázaro, el caso mantiene un frente abierto en el ámbito penal. La Fiscalía General de la República mantiene activa la carpeta de investigación ministerial, instancia ante la cual la gobernadora Campos Galván ya compareció en calidad de testigo para presentar sus alegatos por escrito.
La resolución del Congreso Federal alivia la presión legislativa sobre el gobierno de Chihuahua, pero mantiene polarizado el ambiente político de la entidad. Por un lado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el equipo jurídico de la gobernadora calificaron el intento de juicio como un instrumento de persecución política y una estrategia de desgaste mediático orientada a influir en los comicios venideros.
Por otra parte, las dirigencias de Morena adelantaron que, pese al revés procedimental en la Cámara de Diputados, insistirán en el esclarecimiento de los hechos a través de los canales de la fiscalía federal, bajo el argumento de que la soberanía territorial del país no es un asunto menor.
La desactivación de este juicio político subraya la importancia del rigor procesal en el derecho parlamentario mexicano, donde los errores de técnica legislativa suelen definir el destino de las controversias de alto impacto antes de que se discuta el fondo de las conductas señaladas.
