CIUDAD DE MÉXICO.— En una resolución clave para el derecho de familia y la tutela judicial efectiva, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces no pueden validar de forma automática los convenios de restitución voluntaria de menores si existen indicios o denuncias de violencia familiar.
Al resolver el Amparo Directo en Revisión 5806/2025, bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar, el máximo tribunal fijó un estándar de “verificación reforzada” para los juzgadores. Esta doctrina obliga a los operadores jurídicos a priorizar el interés superior de la niñez por encima del formalismo procesal y de la celeridad que persiguen los acuerdos bilaterales de voluntades.
El fin de la homologación automática
El fallo de la Corte establece que el convenio entre los progenitores no exime al Estado de su obligación de investigar el entorno de las infancias involucradas. De acuerdo con la ponencia, el juez debe verificar rigurosamente tres condiciones antes de sancionar un acuerdo de restitución internacional:
- Ausencia de riesgo grave: Certeza de que el retorno no vulnere la integridad del menor o de su cuidador.
- Consentimiento libre: Garantía de que el pacto se haya firmado sin coacción económica o emocional.
- Compatibilidad convencional: Alineación total con el interés superior de la niñez.
Impacto en el Convenio de La Haya
Esta resolución delimita el alcance de los mecanismos internacionales de sustracción de menores en el ordenamiento mexicano. El Pleno fortaleció la aplicación de la excepción de “riesgo grave” contemplada en el Convenio de La Haya (Artículo 13, inciso b). Con este criterio, se busca evitar que los tratados internacionales de restitución sean instrumentalizados de forma ciega para forzar el regreso de infancias y adolescencias a entornos de violencia doméstica.
Reposición del procedimiento y justicia accesible
En el caso concreto, el Pleno ordenó reponer el procedimiento desde el momento previo a la aprobación del convenio. Las autoridades locales deberán investigar de oficio los antecedentes de violencia, garantizar el derecho a la participación del niño y diseñar un régimen provisional de convivencias.
Como innovación procedimental, la SCJN emitió un proyecto de sentencia complementario en formato de lectura fácil. Esta versión institucional utiliza un lenguaje ciudadano, directo y libre de tecnicismos, permitiendo que el niño implicado comprenda de forma autónoma el estado real de su situación jurídica.
