Hablemos de Política
Por: Diego Martínez Sánchez
El eslabón más débil de la justicia en México viste de azul, porta un arma y camina sin brújula por las calles de nuestros municipios. Mientras la discusión en los salones de la Cámara de Diputados se centra en robustecer presupuestos de corte militar, las corporaciones locales —aquellas encargadas del primer contacto con la ciudadanía— se desangran operativamente. Hoy, la policía municipal ya no es el garante de los derechos humanos, sino el primer sospechoso de su violación. Una crisis estructural donde la falta de protocolos de actuación, el nulo control técnico y el abandono financiero confluyen en un escenario de impunidad cotidiana que inunda las redes sociales de evidencia contundente.
Pero no se trata solo de mala administración; se trata de oficiales armados operando a ciegas, lo que convierte el encuentro diario con un policía en una ruleta rusa para cualquier ciudadano común. Porque el problema de la violencia policial ya no se puede ocultar en los archivos de las fiscalías; viaja a la velocidad de un clic, recordándonos el riesgo latente al que estamos expuestos.
Ejemplos hay cientos. Como el de Santa Lucía del Camino en el estado de Oaxaca, donde policías ejecutaron extrajudicialmente a un estudiante en un operativo de alcoholímetro; el oficial agresor ni siquiera contaba con la certificación legal para portar armas.
En Puebla, la capital tuvo que aplicar una purga interna y dar de baja a decenas de elementos por reprobar controles de confianza, mientras que en San Andrés Cholula, la difusión de imágenes de una mujer sometida con uso excesivo de la fuerza física desnudó la nula capacitación para intervenir en conflictos civiles.
La degradación operativa abarca también al centro del país. Cuautla, Morelos, registró detenciones ciudadanas arbitrarias ejecutadas a golpes, y en Toluca, Estado de México, se abrieron expedientes urgentes tras difundirse videos de policías golpeando y vejando a un ciudadano ebrio que ya no representaba amenaza alguna.
La crisis también alcanzó al norte; en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, videos captaron a policías de Apodaca golpeando a un ciudadano ya esposado en el pavimento, y en García, uniformados propinaron una severa golpiza a un detenido para obligarlo bajo tortura a grabar una confesión falsa.
Para entender por qué un policía sale a la calle sin rumbo, hay que recorrer el laberinto del dinero público que aprueban los diputados. Traducido al lenguaje de los ciudadanos: el dinero existe y sale de nuestros impuestos, pero se pulveriza en una estructura burocrática que impide que se convierta en patrullas funcionales, chalecos con blindaje vigente, armas reglamentarias, uniformes adecuados o adiestramiento técnico y teórico. Pero sobre todo, en salarios dignos.
La bolsa más grande la maneja la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que equivale a unos 9 mil 951 millones de pesos. Se supone que ese recurso debe usarse para capacitar a los policías en derechos humanos y para pagar las costosas evaluaciones de control de confianza, pero la realidad es que el dinero se queda atrapado en las Secretarías de Seguridad estatales y casi nunca beneficia a los municipios más pequeños o vulnerables.
¿De qué dependen entonces los alcaldes para la operación diaria de sus policías? Del fondo conocido como FORTAMUN. Por ley, los municipios deberían destinar al menos el 20% de este dinero a la seguridad local. Sin embargo, las reglas para usar este dinero son tan laxas y poco vigiladas que los presidentes municipales prefieren utilizar el presupuesto de seguridad para tapar otros hoyos financieros: pagar deudas de luz del ayuntamiento, bacheo de calles, comprar gasolina corriente o cubrir nóminas de empleados administrativos. El dinero que debía usarse para comprar herramientas de primera defensa (como gas pimienta o esposas) termina financiando gasto corriente.
La estocada final viene desde la Cámara de Diputados federal, que ha consolidado reducciones sustanciales en los fondos descentralizados para las policías locales en los últimos paquetes económicos, prefiriendo asignar el dinero a las fuerzas armadas. Y aunque intentan rescatar la situación con fondos complementarios como el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), al dividir ese dinero entre cientos de municipios con alta marginación en estados como Oaxaca, Quintana Roo o Puebla, el monto final por alcaldía se vuelve insignificante.
El resultado de esta cadena de desvíos y recortes es alarmante: un policía municipal promedio recibe, con suerte, una plática teórica en un aula cada dos años, pero jamás pisa un campo de tiro ni es evaluado en técnicas de control físico, exámenes psicológicos o de conocimientos en materia de derechos humanos.
Toda esta asfixia financiera y falta de adiestramiento práctico se estrella contra una realidad jurídica ineludible en el Sistema Penal Acusatorio mexicano. Al ser el primer respondiente en la comisión de un delito, el policía municipal es la primera pieza que echa a andar la maquinaria de la justicia. Su labor técnica principal, más allá del arresto, es la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH). Este documento es el acta de nacimiento de una investigación penal; el reporte detallado donde el agente debe justificar de manera técnica la flagrancia, narrar cronológicamente los hechos, registrar las evidencias físicas bajo cadena de custodia y garantizar que no se vulneraron los derechos fundamentales del detenido.
Cuando las deficiencias presupuestales descritas condenan al policía a patrullar sin entender este marco normativo, el IPH se convierte en una fábrica de errores de redacción, contradicciones de horarios y deficiencias técnicas de procedimiento. ¿Cuál es la consecuencia directa de este vacío operativo? El colapso del caso penal.
En las salas de control, los jueces federales y locales decretan la inmediata liberación de delincuentes de alta peligrosidad debido a que el mal llenado del informe constituye una violación al debido proceso.
A la par de esta impunidad de escritorio, la tragedia golpea al ciudadano de a pie. Al carecer de adiestramiento cívico y de herramientas de primera defensa alternativas, los agentes locales resuelven cualquier falta administrativa menor con el uso desproporcionado de la fuerza. La combinación es letal: mientras las calles se llenan de criminales liberados por tecnicismos, los ciudadanos vulnerables sufren las consecuencias de una fuerza pública analfabeta en el derecho.
De no cambiar el rumbo, la seguridad pública en México seguirá en caída libre mientras se financie la punta de la pirámide militar y se mantenga en la miseria operativa a la base municipal.
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