CIUDAD DE MÉXICO. — La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó este jueves una orden de aprehensión en el Estado de México contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. Al exmandatario se le imputan los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
Durante un mensaje a los medios, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, detalló que la captura es el resultado de un nuevo modelo de investigación criminal y un reanálisis exhaustivo del caso. La fiscalía sostiene que el ocultamiento y la destrucción de evidencias clave no respondieron a omisiones técnicas, sino a una operación dolosa estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero.
De acuerdo con las indagatorias federales, Aguirre Rivero presuntamente ordenó la desaparición de las videoevidencias grabadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Dichas cintas registraron el momento exacto en que elementos de la policía interceptaron el autobús Estrella de Oro, marcado con el número 1531, en el cual se transportaba un grupo de los estudiantes normalistas la noche de la tragedia.
El avance definitivo de la investigación penal se sustentó en dos testimonios clave recabados en lo que va del presente año. El primero de ellos se obtuvo en enero, cuando un colaborador cercano confirmó la existencia de las grabaciones y la identidad de la persona que las sustrajo para entregárselas al exgobernador. Posteriormente, en mayo, un testigo protegido corroboró que Aguirre instruyó directamente a mandos de primer nivel de su administración para desaparecer de forma definitiva todo el material visual.
Con este arresto, Ángel Aguirre Rivero se convierte en el segundo funcionario público de mayor rango detenido por los hechos de Iguala, sumándose al proceso que ya enfrenta el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El exgobernador será puesto a disposición del juez federal correspondiente para dar inicio a las audiencias donde se definirá su situación jurídica.
