Diputadas del Partido del Trabajo (PT) fueron acusadas de respaldar y encubrir una agresión violenta contra periodistas perpetrada por transportistas foráneos el pasado 4 de septiembre de 2026 en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de Oaxaca.
Comunicadores agredidos señalaron directamente a las legisladoras Margarita García García y Martha Aracely Cruz Jiménez como cómplices de los taxistas que intentaron silenciar a la prensa con insultos, empujones y amenazas directas.
Los hechos ocurrieron cuando representantes de diferentes medios de comunicación acudieron a cubrir una movilización del sector de transporte foráneo. Al cuestionar legítimamente a los choferes sobre presuntas irregularidades en el servicio, como el sobrecupo y el aumento ilegal de tarifas, los transportistas reaccionaron de forma violenta.
Varios manifestantes utilizaron la coerción física, propinaron insultos y bloquearon el equipo de trabajo de los reporteros con el objetivo de exigir el retiro forzado de los medios de comunicación y evitar que se documentaran sus acciones.
En medio de la protesta, una mujer vinculada a los taxistas declaró de forma amenazante: “¿Acuérdense de su compañero que lo mataron?”, en clara referencia al asesinato del periodista Alejandro Leyva ocurrido recientemente. Esta situación agrava un clima ya enrarecido en la entidad, donde el gremio periodístico ha registrado amenazas, intimidaciones y cercos mediáticos.
,La prensa en el lugar denunció que la movilización violenta estuvo abiertamente encabezada y respaldada por las diputadas Margarita García García y Martha Aracely Cruz Jiménez. De acuerdo con los afectados, el actuar de las servidoras públicas se dividió entre la omisión y la simulación del conflicto.
Por un lado, Margarita García García fue acusada de cobardía política al esconderse y evadir los desmanes de sus representados, validando los ataques físicos mediante su silencio. Por otra parte, Martha Aracely Cruz Jiménez fue señalada de realizar una mediación falsa, ya que pedía calma a la prensa mientras operaba de fondo en una protesta que agredía al gremio.
Ante la gravedad del atentado contra la libertad de expresión, los comunicadores exigieron la intervención inmediata del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Fiscalía General del Estado. La demanda exige abrir carpetas de investigación para fincar responsabilidades penales y administrativas tanto a los agresores materiales como a las concesiones de transporte implicadas.
Asimismo, se responsabilizó directamente a ambas diputadas, al Partido del Trabajo y a los líderes de los taxis foráneos por cualquier represalia física, material o psicológica subsecuente contra los trabajadores de la información en la entidad.
