La Cámara de Diputados aplaza hasta 2031 el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: un freno a la justicia expedita para los ciudadanos
CIUDAD DE MÉXICO. La Cámara de Diputados aprobó una reforma integral a los artículos transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), postergando su aplicación obligatoria general hasta el 1 de julio de 2031 y sepultando la promesa de tener un sistema unificado y moderno para abril de 2027.
Aunque el bloque mayoritario justificó la prórroga argumentando la falta de presupuesto local, deficiencias en infraestructura y el desgaste derivado de los comicios judiciales —que ocasionaron la salida de casi el 60% de los jueces civiles y familiares capacitados—, la medida representa un golpe directo para la población que busca resolver conflictos cotidianos.
Temas críticos como demandas de pensiones alimenticias, divorcios, custodias de menores, adopciones y disputas de herencias seguirán tramitándose bajo las reglas del viejo sistema escrito, caracterizado por el rezago crónico, la burocracia y la opacidad.
Para la sociedad civil y los afectados que intentan obtener respuesta de los tribunales, este aplazamiento prolonga la vigencia de litigios largos y costosos.
La postergación de herramientas clave como el expediente electrónico, las audiencias virtuales y las controversias orales inmediatas —diseñadas para reducir los tiempos de resolución de años a solo meses— significa que miles de familias mexicanas continuarán atrapadas en dinámicas legales interminables que desgastan su patrimonio y su estabilidad emocional.
El dictamen aprobado establece un esquema de gradualidad que permite a los congresos locales emitir declaratorias de incorporación previas si cuentan con los recursos.
Sin embargo, en los hechos, la obligatoriedad total en todo el país se traslada formalmente a la nueva década, lo que abre una brecha de desigualdad geográfica donde el acceso a una justicia digital y ágil dependerá exclusivamente de la entidad donde se resida.
Con esta resolución, el Poder Legislativo priorizó las carencias operativas del Estado sobre el derecho constitucional de la ciudadanía a un fallo pronto y expedito. La minuta fue turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
