El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) regresar la candidatura a la gubernatura de Michoacán por la coalición Morena y PT, a Raúl Morón Orozco.
Las elecciones para renovar el Ejecutivo estatal, las presidencias municipales, la Cámara de Diputados local, así como 12 diputaciones federales, inició el pasado domingo 4 de abril y concluirán el próximo 4 de junio, dos días antes de la votación en la que podrán participar 3 millones 500 mil ciudadanos.
Los magistrados establecieron que pese a que Morón Orozco no presentó en tiempo los gastos de precampaña, sí entregó sus datos de manera extemporánea, por lo que podrá iniciar su recorrido por los 113 municipios del estado y presentar su propuesta de gobierno.
Mientras tanto, los magistrados del TPJF también regresaron la candidatura a la gubernatura de Michoacán a Alberto Abraham Sánchez Martínez del Partido Redes Sociales Progresistas.
Durante la sesión virtual, el máximo tribunal electoral señaló que Sánchez Martínez no incurrió en actos adelantados de campaña ya que en las fechas en que se le acusaba de haber sostenido una entrevista periodística, aún no estaba vinculado al mencionado partido.
Respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el Tribunal Electoral aprobó con cinco votos, un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el que se pide al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar el caso y emitir un nuevo fallo.
El magistrado Rodríguez Mondragón explicó sobre su sentencia que en esta se reconoce que el INE siguió el debido proceso durante la investigación sobre informes de precampaña de la y los precandidatos sancionados.
Además, en el proyecto se valida que las personas sancionadas eran precandidatas y, por tanto, tenían la obligación de presentar informes de gastos de precampaña incluso si en sus eventos no se hicieron gastos, en cuyo caso debieron presentarse en ceros.
Y confirmó que la y los precandidatos realizaron actos de precampaña, ante lo cual el INE sancionó adecuadamente a Morena por incumplir su obligación de transparentar el uso de recursos públicos.
Por ello, el Magistrado consideró que el INE debe analizar caso por caso y revisar si las sanciones de retirar las candidaturas son proporcionales.
“Así, en el proyecto se propone ordenar a la autoridad administrativa electoral (en este caso, el INE) que revise las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, los hechos particulares, y determine si el actuar de la y los precandidatos, así como la afectación a los principios de rendición de cuentas y transparencia ameritan la negativa de registro o alguna otra sanción proporcional”, puntualizó en la exposición del proyecto.