Oaxaca.- Tras los señalamientos por el posible uso electoral que algunos funcionarios del gobierno estatal le pudieran dar a la entrega de apoyos alimentarios en medio de la pandemia, el área de comunicación social del DIF Oaxaca explicó que existen reglas de operación claras y un convenio de colaboración con las dependencias, para que se asigne personal de apoyo a la distribución de las canastas básicas. 

Esta medida se da principalmente por la limitación de personal en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia , así como en corporaciones de seguridad, las cuales están atendiendo otras vertientes de la contingencia y se ven limitados para asignar elementos en apoyo al DIF.  

En respuesta a una consulta directa, el Vocero de la dependencia señaló que este programa alimentario es por parte del DIF Oaxaca y de “nadie más”, sin embargo ante la reducción del personal en la estructura gubernamental, se están coordinando esfuerzos con todas las dependencias para que asignen, bajo los criterios de salvaguardar la integridad de los empleados así como sus derechos laborales; equipos de apoyo a la entrega casa por casa. 

Sobre las reglas de operación, indicó que son con base al decreto emitido por el gobernador Alejandro Murat y obedece a una situación extrema y urgente, por lo que se está priorizando dar respuesta a los sectores más vulnerables de la población, iniciando con los 190 municipios con mayores indices de marginación, de acuerdo al CONEVAL.

Respecto al requerimiento de la credencial de elector o el CURP, en una entrevista anterior con el Director del organismo, señaló que la entrega se está realizando tomando como referencia el padrón de beneficiarios nacional, por lo que se evita duplicar apoyos para así, llegar a más familias. 

Por último, el responsable de la comunicación institucional del DIF, invitó a la población a denunciar cualquier irregularidad ya sea ante la dependencia o a través de los medios de comunicación, refiriendo que en los próximos días se verá a personal de diferentes Secretarías, entregando despensas, lo cual, reiteró, no constituye un delito pero aún así, debe ser transparentado y supervisando, incluso por la misma ciudadanía.

Este programa alimentario representa una inversión cercana a los 30 millones de pesos en 200 mil canastas básicas con un valor aproximado de 150 pesos cada una.

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