* La Secretaría de Economía invade competencias y facultades de la SEP; sin claridad el objeto ni motivación justificada para la creación de la NOM 237. El proyecto pone en riesgo a más de 18 mil escuelas, pues la carga económica que representa sobrepasa su capacidad, sobre todo después de la pandemia
Ciudad de México.- Una vez que concluyó el plazo para que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) recibiera todos los comentarios sobre la NOM 237, el 100 por ciento fueron en contra de este proyecto regulatorio, por lo que organizaciones civiles exigieron a la Secretaría de Economía (SE) antes de continuar con el proceso de aprobación, responda cada uno de los cuestionamientos que la sociedad civil hizo a través de expertos en materia educativa, académicos, padres de familia e interesados en el tema, quienes han manifestado su total rechazo a la entrada en vigor por afectar directamente a más de 18 mil escuelas particulares del país y, evidentemente, la economía de miles de mexicanos.
Con los 187 comentarios que recibió la CONAMER, muy por encima de lo que regularmente está acostumbrado a recibir en un proceso de consulta, queda evidenciado el gran rechazo de la ciudadanía en contra de la NOM 237. “Pues es perjudicial para las escuelas particulares, para los padres de familia, para los estudiantes y para todos aquellos que contribuyen de una u otra manera para llevar a cabo la educación particular”, afirmó Luis Arturo Solís, Presidente Unión Nacional de Padres de Familia.
En caso de entrar en vigor la nueva norma, tendrá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo que derivará en el incremento de cuotas y afectaciones que los padres de familia pagarán de forma inevitable, por consecuencia se dañará irremediablemente la economía de las familias mexicanas, dando como resultado el abandono escolar de un gran número de alumnos, así ́como el cierre de cientos de instituciones educativas.
“La prestación del servicio educativo, tanto público como particular, tiene un objetivo social y es de naturaleza civil, NO mercantil o comercial como lo considera la NOM”, comentó Itzel Carmona, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Morelos.
En este sentido, es importante mencionar que la Secretaría de Economía ha tomado una postura que corresponde única y exclusivamente a la Secretaría de Educación en materia de regulación; ya que la educación particular cuenta con regulación estipulada, no sólo en el artículo tercero de la Constitución, sino también en la Ley General de Educación. La NOM 237 sobre regula al pretender establecer reglas que ya habían sido establecidas con anterioridad, lo cual deja en total claridad que existen irregularidades jurídicas evidentes.
De la misma manera, esta nueva norma define a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles y las obliga a registrar su Contrato de Adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cuando en realidad las escuelas son prestadoras de un servicio educativo de índole social.
“Es discriminatoria y genera desigualdad entre escuelas particulares y públicas, pues no existe el mismo nivel de exigencia. ¿Cómo garantizará el Gobierno cumplir para la educación pública con las nuevas exigencias que tiene para la educación particular?”, cuestionó María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza Para la Educación Superior.
Por su parte Paulina Amozurrutia, Directora General de Seamos Héroes y Coordinadora de Educación con Rumbo enfatizó que las Escuelas Particulares proponen unidad en todos los niveles educativos, “nuestra vocación ha sido y siempre será en favor de los estudiantes, quienes merecen educación de excelencia y las facilidades que se requieran para tener acceso a ella”, dijo.
Finalmente, agregaron que el sector educativo ha sido uno de los más impactados por las consecuencias del COVID-19 en términos económicos y por el rezago educativo que se ha generado y que el simple hecho de implementar esta NOM 237, provocaría que se perdieran más de 54 mil puestos de trabajo entre profesores, administrativos y personal de apoyo de las instituciones de educación.
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