Imagen ilustrativa
Por Rosa I. Monroy Hernández
Desde que llegó a México la Pandemia del Sars-covid-19, en febrero de dos mil veinte, los servicios agrarios, de por sí precarios en su desempeño debido a que llegó la “austeridad republicana”, han venido a ser cada vez de más difícil acceso para los ejidatarios, comuneros y público en general que tiene necesidad de acudir a ellos.
Es desesperante ver que no existe una verdadera protección a los derechos humanos de este sector tan vulnerable de la población mexicana. Pues lejos de existir una justicia y atención pronta y expedita, como lo marca el artículo 17 Constitucional, es necesario que contraten servicios que a veces no llega a su lugar de origen, como lo es el internet. Si bien les va, y me atrevo a hacer esta aseveración, pues cuando logran por fin acceder al tan ahora tan codiciado internet, resulta que no hay citas, o simplemente no hay forma de comunicarse con el Registro Agrario Nacional, Tribunales Agrarios, no se diga Procuraduría Agraria o Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Por ejemplo, en la mayoría de los Estados de la República en el Registro Agrario Nacional dan “fichas” diarias. Este supuesto servicio y atención, es una burla para la mayor parte del sector que tiene que viajar horas para llegar a la capital Poblana y poder “formarse” para tener acceso a una de las tan codiciadas “fichas”. Se ha llegado a tener conocimiento que lejos de poder acceder a ellas, tienen que esperar largas horas, que muchas veces se convierten en días, sufriendo las calamidades del clima, hambre, etc. y en algunos casos hasta han sido asaltados por tener que pernoctar en las afueras de dichas instalaciones en espera de la mencionada “ficha”. Además, al contar con la dichosa ficha, en algunos casos no se les permite hacer más de un sólo trámite, sin importar de dónde y cuál haya sido el calvario para poder acceder siquiera a las instalaciones.
Lo mismo sucede en algunos Tribunales Agrarios del país, en donde se atiende sólo con cita. Citas que si bien les va, les conceden sólo 20 minutos para poder “ver”, siendo literalmente “ver” el expediente y medio hojearlo, pues esos 20 minutos se van en lo que el policía de la puerta permite el acceso, toma temperatura, decide si pueden ingresar el abogado y el ejidatario en el mejor de los casos, pues es sólo el acceso a una persona. Siendo el resultado, la necesidad de pagar copias certificadas muy caras en un lugar que se encuentra de acuerdo con el Tribunal para poder sacar esas copias y poder tener acceso al mentado expediente.
De la Procuraduría Agraria, ni hablamos, es un poco más accesible, pero no deja de ser también un tanto engorroso el trámite de espera para poder acceder a un abogado agrario que quiera atender a quien viene de lejos a las capitales de los Estados.
De Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ni hablamos. No se diga de la oficina de Terrenos Nacionales, inalcanzable, pues mientras se frenó la regularización de Terrenos Nacionales en Quintana Roo, por el ahora titular de esa Secretaría Román Meyer Falcón, porque supuestamente en los procesos de venta de casi 200 terrenos nacionales, los avalúos, estaban “mal hechos” por debajo de su valor de mercado y de proseguir las operaciones habrían representado una pérdida para la Federación de tres mil 200 millones de pesos. Esto toda vez que la venta de predios que recibió del gobierno de Enrique Peña se tasó por la vocación agropecuaria del suelo cuando en realidad tendrían otro uso. Por lo que de concluirse esas operaciones se habría obtenido únicamente 400 millones de pesos, es decir, la octava parte del valor real de los bienes nacionales.
Como siempre la mano del Presidente López Obrador, está detrás de ello, pues él fue quien ordenó detener la venta masiva de esas operaciones para detectar primero la vocación del suelo y después integrar las nuevas reservas territoriales para beneficio del país.
Así en mayo de dos mil veintiuno, se acordó Delegar en el Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario la facultad de emitir acuerdos de procedencia o improcedencia de enajenación de terrenos nacionales que se tramitaran por esa Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dejando de lado la función correspondiente a Terrenos Nacionales.
Así vemos que se ha dado por ejemplo paso al proyecto “Tren Maya“, puesto que supuestamente es el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible del nuevo gobierno de México, mismo que consiste en un nuevo servicio de transporte férreo que interconecta las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán.
No obstante, nos damos cuenta que ha habido abuso de poder al realizar “expropiaciones” fuera de toda lógica, sin embargo y pese a la Declaratoria de Causa de Utilidad Pública, se han concedido suspensión en diversos amparos.
Pero no sólo en la Península existen conflictos agrarios, tal parece que se ha dejado atrás el conflicto de las 617 hectáreas de San Miguel Xaltocan, que la Sedatu contemplaba entregar a 722 comuneros de ese poblado indígena, mismas que se refirieron no estaba sujetas a ninguna negociación, de acuerdo con la afirmación de la entonces directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y ahora consejera jurídica de la Presidencia de la República, Estela Ríos González.
Esta afirmación de la funcionaria federal fue hecha en el contexto de la aparición de un grupo de personas que reclamaba la propiedad de esa extensión de tierra con documentos que datan de hace más de medio siglo y que esa secretaría declaró como terrenos nacionales, el 26 de abril de 2019. Tal parece que la tierra social en México, no cuenta con ningún valor hasta que se “expropia” o “vende”.
Ojalá las Instituciones Agrarias hagan lo propio y realmente se deje de vulnerar los derechos de este sector poblacional tan importante y necesario para nuestra sociedad. No cabe duda que hace falta tener memoria y eso, eso además de ganas y responsabilidad para no seguir vulnerando sus derechos por parte de las Instituciones que se supone se encargan de ayudarlos y protegerlos hace realmente falta en esta época de Sars-covid-19.
