Oaxaca, cementerio de mujeres
En lo que va del año al menos 21 mujeres han sido asesinadas en Oaxaca y aunque las autoridades insisten en tratarlas como “casos aislados”, la realidad es que han sido superados por la violencia y criminalidad que actúa con total impunidad en la entidad oaxaqueña.
Desde el 2017, tan solo un año después de que Alejandro Murat Hinojosa asumiera la gubernatura del estado, en Oaxaca se declaró la Alerta por Violencia de Género, un mecanismo que ha demostrado y evidenciado, la incapacidad de los tres niveles de gobierno para afrontar una preocupante realidad que deja en vulnerabilidad a la mayor parte de la población, las mujeres, en especial a niñas y adolescentes.
De acuerdo a datos de organizaciones civiles como el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer), durante la actual administración se han registrado 603 asesinatos de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores.
Organismos ciudadanos han cuestionado los nulos resultados que ofrecen dependencias como la Secretaría de la Mujer, a cargo de Ana Vásquez Colmenares o, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, bajo la dirección de Arturo Peimbert Calvo. Aunado a la incapacidad operativa y presupuestal que argumentan las autoridades tanto federales y estatales, como municipales, para no dar pronta respuesta a las denuncias o si quiera capacitar a su personal en actuaciones con perspectiva de género.
Programas como “Patrulla Rosa”, botones de pánico o líneas de asistencia no han logrado ofrecer una respuesta real al cómo se puede prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por el contrario, han profundizado la crisis al demostrar que la incapacidad gubernamental permite la impunidad.
Además, al intentar justificar la violencia al grado de revictimizar a las mujeres violentadas y/o asesinadas, han distorsionado la percepción social aumentando la indiferencia colectiva y la marginación institucional.
En dos semana fueron asesinadas 12 mujeres en el municipio de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec, entre las víctimas están adolescentes menores a 15 años y una niña de tan solo cuatro, sin embargo, la primer respuesta del Presidente municipal, Emilio Montero, fue vincularlas con hechos delictivos, señalando supuestas relaciones familiares con narcomenudistas y secuestradores miembros de bandas “locales”.
Sin embargo, las declaraciones del Alcalde emanado de Morena pero reelecto bajo la bandera del Partido del Trabajo, no son muy distintas a la indiferencia que muestra el gobernador Alejandro Murat, quien a través de gastos millonarios en Comunicación Social intenta ocultar la realidad que enfrentan millones de oaxaqueñas que han olvidado lo que es vivir en paz y tranquilidad.
La falta de coordinación institucional es otro de los problemas que impide el pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así lo ha reconocido la Presidenta del Congreso, Mariana Benitez, quien presentó una iniciativa para crear una Fiscalía especializada en la investigación de delitos contra las mujeres, particularmente el feminicidio.
Pero más allá de tipificaciones que parecieran incomodar a las autoridades judiciales y limitar los derechos de los víctimas frente a estas, la urgencia de brindar justicia ante estos crímenes es innegable. Así como la inoperancia de la actual Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género con la que cuenta Oaxaca.
Institución que ni siquiera tiene los recursos humanos, materiales o financieros para realizar la importante tarea que tiene a su cargo, y prueba de ello es el alto nivel de impunidad con más del 90% de los casos de feminicidio sin resolver, situación muy similar a la que enfrentan las denuncias por violencia familiar o agresiones que debieran ser investigadas bajo la perspectiva de género.
Aunque el objetivo de dicha Fiscalía es el de “brindar a las mujeres víctimas de delito por razón de género una procuración de justicia pronta, completa, eficaz, imparcial, gratuita, igualitaria y de confianza”, la teoría dista mucho de la práctica. En donde un mar de burocracia, demagogia, revictimización e indiferencia, son los primeros procesos que deben enfrentar aquellas mujeres que buscan ser escuchadas y apoyadas por el Estado que las dice representar.
Pero más allá de iniciativas, reformas o la actualización de viejas instituciones, es necesario que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, reconozcan el fracaso de su “estrategia” en materia de seguridad, sobre todo en lo que respecta a la mujer.
Porque la violencia no se debe atender cuando se manifiesta en su máximo nivel, se debe prevenir y sancionar a tiempo para detener y erradicar este mal. A través de la aplicación de la Ley y el respeto a los Derechos Humanos más fundamentales, pero esto solo es posible con una estrecha coordinación, asignación y ejecución correcta de recursos públicos, así como trabajar de la mano con la sociedad civil organizada, quienes se convierten en el primer enlace de las víctimas ante la indiferencia gubernamental.
Tampoco debemos olvidar que Oaxaca es solo un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, con más de 1,004 feminicidios durante el 2021 e instituciones más debilitadas cada día, como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, una institución que dada la situación que atraviesa el país, sería de gran ayuda pero que es marginada tanto presupuestal como operativamente.
El dato:
Oaxaca ocupa el octavo lugar nacional con mayor número de feminicidios
Las cifras:
En el 2021 se registraron 85 feminicidios
Del 1 de diciembre del 2016 al 18 de febrero del 2022 se han contabilizado 602 mujeres asesinadas en Oaxaca
En números:
Asesinatos de mujeres por sexenios
José Murat (1998 – 2004): 429 mujeres asesinadas.
Ulises Ruiz (2004 – 2010): 283
Gabino Cué (2010 – 2016): 527
Alejandro Murat (2016 – 2022): 603 (febrero)
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