San Luis Potosí cuenta con mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos relativos a delitos patrimoniales, al proponer salidas alternas con más efectividad; mientras que Querétaro muestra una buena coordinación interinstitucional y un amplio conocimiento en técnicas jurídicas.
Ciudad de México.– Los jueces elevan la calidad del sistema de justicia penal; en general los ministerios públicos, defensores y asesores de víctimas mantienen varias aspectos susceptibles de mejora, así lo advirtieron especialistas durante la presentación de Calidad de la justicia: Observatorios de Audiencias y Resoluciones Judiciales, un documento de México Evalúa.
Al observar los resultados por tipo de operador, el mejor calificado fueron los jueces, con un puntaje promedio de 81 de 100 puntos; mientras que los ministerios públicos tuvieron la calificación de 74.82, la defensa 60.22 puntos y la asesoría de víctimas obtuvo la calificación más baja, con 27.16 puntos.
En cuanto al apego a los principios del sistema de justicia penal evaluados, se observó que el que obtuvo mayor puntaje fue 77 para el caso de Querétaro; mientras que San Luis Potosí obtuvo 70.
En la evaluación, realizada en Querétaro y San Luis Potosí, se analizaron 16 procedimientos penales completos –desde la audiencia inicial, hasta la sentencia. La muestra contempló casos rutinarios, como robos, así como de alto impacto social, como homicidios, secuestros o violaciones.
Se analizaron aspectos como el apego a los principios del sistema de justicia penal; la gestión y el uso del tiempo en las audiencias; la calidad del litigio; el respeto a los derechos de las partes; así como la calidad de las sentencias.
La calidad de la justicia depende de la capacidad del sistema de justicia para proteger los derechos de las personas; sin embargo, señala el documento, existen importantes aspectos de mejora, especialmente respecto a la perspectiva de género.
En este tipo de casos se observa que no se terminan de internalizar en la práctica los enfoques de atención diferenciados de la violencia de género en contra de las mujeres y niñas ni se aplican suficientemente los protocolos de actuación específicos para delitos como el feminicidio. El sistema de justicia penal no está siendo capaz de generar respuestas diferenciadas para los casos.
“No encontramos un desempeño distinto entre los casos rutinarios y los de alto impacto social, en los que las autoridades deberían de cumplir con deberes de protección reforzados en materia de derechos. De hecho, la calidad de la justicia en estos casos es menor”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, durante la presentación virtual.
Por otro lado, el estudio confirma que en lo que respecta a la reparación del daño se necesitan considerar reparaciones integrales para garantizar la protección de derechos de las víctimas del delito.
El documento destaca que San Luis Potosí cuenta con mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos relativos a delitos patrimoniales, al proponer salidas alternas o determinación anticipada con más efectividad; mientras que Querétaro tiene una buena coordinación interinstitucional entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría, así como la posibilidad para los agentes del Ministerio Público de conocer el caso desde el inicio y hasta el final del proceso, lo que repercute en un desempeño de mayor calidad.
Para elevar la calidad del sistema de justicia penal, el documento propone:
● Garantizar la especialización de las personas operadoras, especialmente en casos de violencia de género y desaparición forzada, a través de mecanismos que certifiquen conocimientos, habilidades y trato digno.
● Identificar, desde el inicio del proceso y en cada una de las etapas, los enfoques diferenciados y la debida diligencia reforzada que deban ser aplicados, como en los casos de violencia de género o desaparición forzada.
● Asegurar la participación diligente de los asesores jurídicos aun cuando no se encuentre presente o incluso localizable la víctima, de tal forma que sus derechos se vean garantizados e institucionalizar la reparación del daño para que sea integral.
● Asegurar competencias en argumentación, lógica jurídica aplicada y la creación y aplicación de metodologías y planes de investigación, con la finalidad de que estén articuladas las acciones que realiza cada una de las personas operadoras.
● Contar con un mecanismo que auxilie en la programación de horarios para las audiencias, con la finalidad de no empalmarlas, evitar su diferimiento y la vulneración del principio de inmediación y continuidad.
El documento completo puede descargarse aquí: https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2020-calidad-de-la-justicia/
