21 septiembre, 2022

Ayotzinapa, ¿justicia en camino? 

Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.

Giran 87 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Todos ellos vinculados con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.

Cerca del medio día del viernes 19 de agosto, el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam fue detenido por elementos de la Fiscalía General, señalado por obstrucción de la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.

Karam estuvo a cargo de las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de la República, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, arrojando como resultado la llamada “verdad histórica”, la cual indicaba que los jóvenes habrían sido asesinados, calcinados y arrojados a un río.

“Fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan (…) Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, detalló Murillo Karam el 7 de noviembre de 2014.

Dicha versión ha sido rechazada por familiares de las víctimas así como por expertos internacionales, al señalar diversas inconsistencias, por lo que el actual gobierno federal realizó una nueva investigación, cuyos resultados se presentaron el pasado jueves 18 de agosto.

En el informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, reconoce que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano” – Alejandro Encinas 

El documento, detallado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), también advierte que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, aunque es necesario continuar con la búsqueda en diversas zonas de varios municipios de Guerrero.

Además, asegura que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación“, permitieron el secuestro y muerte de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más por parte del cártel Guerreros Unidos. Aunado a ello, con la complicidad de funcionarios de primer nivel, se logró “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, denunció. 

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno,que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, se lee en el informe.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso para que se esclarezca en su totalidad este caso, y se castigue a los responsables.

“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país”, declaró López Obrador.

Sin embargo y pese a que estos hechos son una de las peores violaciones de derechos humanos con fuerzas federales involucradas, para el mandatario federal lejos de afectar al ejército, lo fortalece.

Acompañado de los secretarios de la Defensa y de la Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de “malos servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no supone el “mal funcionamiento de una institución”, más aún “si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.

“Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción, impunidad”, agregó López Obrador, cuyo gobierno ha sido criticado por el uso de las fuerzas armadas en prácticamente todos los ámbitos de la administración pública federal. Destacando su rol en materia de seguridad pública y la militarización de la Guardia Nacional, al igual que su activa participación en la construcción de las obras insignia de Obrador, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, entre otras declaradas como temas de Seguridad Nacional por voluntad presidencial.

Tras escuchar el nuevo informe federal, familiares de las víctimas anunciaron que someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

FGR detiene a Jesús Murillo Karam

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el 19 de agosto, un día después de que se presentara el informe sobre el caso Ayotzinapa; al extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam.

La orden de aprehensión fue otorgada por el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Karam fue detenido afuera de su domicilio sin que opusiera resistencia alguna, informó la Fiscalía, quien puntualizó que tras las certificaciones correspondientes fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual determinó vincularlo a proceso por los delitos que se le imputan, por lo que deberá seguir su proceso en prisión. 

Involucran a secretario de Seguridad de la CDMX

De acuerdo al testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR; la elaboración de la “verdad histórica” se planeó con anticipación en una reunión el 7 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la que habrían participado altos mandos, entre ellos Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y quien en ese entonces se desempeñaba como el responsable de la Policía federal en la entidad costera. 

Y aunque García Harfuch ha negado los señalamientos, existen pruebas que un día después de la supuesta reunión, es decir el 8 de octubre de  2014, se transfirió al municipio de Iguala para realizar diversas diligencias por un período de 14 días, según consta en el “oficio de comisión” fechado el 24 de octubre de 2014, que forma parte del Registro Único de Comisiones al Personal de la Policía Federal. 

“En cumplimiento a instrucciones superiores vía telefónica del comisionado general Enrique Francisco Galindo Ceballos, deberá presentarse en Iguala, Guerrero, en el periodo del 08 al 22 de octubre de la presente anualidad”, señala el oficio de comisión firmado por el propio Harfuch.

La periodista y escritora, Anabel Hernandez recuerda en su columna “Omar García Harfuch en los crímenes de la noche de Iguala”, que existen testimonios de sobrevivientes, videos, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como un expediente de la Unidad Asuntos Internos de la Policía Federal, sobre el papel de los elementos federales aquella noche, señalando que atacaron a los estudiantes, los amedrentaron, bloquearon calles para permitir las agresiones contra los jóvenes y participaron activamente en su desaparición. Así como su particiación en detenciones y tortura contra detenidos, con los que se creó la falsa “verdad histórica” sobre el caso.

Ante los señalamientos en contra de Harfuch, la Jefa de Gobierno y aspirante a candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, externó su respaldo público y rechazó la posibilidad de removerlo del cargo, destacando su labor al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Zerón y su extradición

Otro implicado es Tomás Zerón, titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, acusado por avalar torturas para confirmar la entonces “verdad histórica”.

El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseveró que se estableció contacto con la defensa del exfuncionario lo que derivó en un encuentro en Tel Aviv, Israel, en donde vive Zerón para ofrecerle el criterio de oportunidad, sin embargo el exfuncionario peñista rechazó la oferta. 

Pese a la negativa, Encinas aseguró que se mantienen en comunicación con su defensa para buscar un acuerdo. 

El 23 de abril del año pasado, la FGR giró una nueva orden de aprehensión contra el extitular de la AIC, por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva. Descárgala gratis aquí

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