21 septiembre, 2022

Ley Antipet es inconstitucional: SCJN 

Piden expulsar a Coca-Cola de comunidades 

El pasado miércoles 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca, las cuales establecían la prohibición de botellas de PET y envases de unicel en la entidad. 

La llamada “Ley Antipet” fue propuesta por el diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio y avalada por el Congreso local el 10 de abril del 2019, para entrar en vigor el 22 de junio del mismo año. Sin embargo, la falta de información, socialización y planeación impidieron su correcta aplicación, provocando una serie de amparos por parte de empresas embotelladoras, refresqueras e incluso por pequeños comercios expendedores de este tipo de artículos. 

En su exposición de motivos, el legislador señaló que la reforma buscaba reducir la cantidad de plástico que se genera en el país, así como proteger el equilibrio de la naturaleza, destacando el impacto negativo que provoca el mal manejo de estos desechos y sus efectos en el medio ambiente.

No obstante, los argumentos y llamamientos al gobierno del estado que encabeza el priista Alejandro Murat Hinojosa no fueron suficientes para que las dependencias responsables de la vigilancia y aplicación de la Ley cumplieran su labor, aunado a un rechazo social casi generalizado. 

Por ello, en un intento por mantener a flote la “Ley Antipet”, se otorgaron prórrogas de seis meses para las empresas más grandes y de hasta un año para micros y pequeños negocios. Tiempo en el que deberían agotar el inventario existente de los productos que no respetaran la nueva norma, de lo contrario podrían verse afectados con sanciones y multas económicas. 

Al acudir a la vía legal y llevar el caso hasta la Suprema Corte, las empresas PROPIMEX, S. de R.L, de C.V. y la Cadena Comercial OXXO, Sociedad Anónima de Capital Variable, ambas vinculadas a FEMSA Coca-Cola, se vieron favorecidos con los proyectos de la Ministra Presidenta de la Segunda Sala, Yasmín Esquivel Mossa y del Ministro Javier Laynez Potisek. 

En su análisis, los juristas concluyen que las autoridades del Estado de Oaxaca invaden la esfera de competencia de la federación al prohibir la venta, distribución y uso de envases, embalajes y otros productos plásticos de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno (PET) y poliestireno expandido (unicel) y que estas prohibiciones dentro de las leyes locales son inconstitucionales pues, según lo que argumentan, no se ajustan a lo dispuesto por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la política nacional en materia de gestión integral de residuos de manejo especial.

La resolución fue criticada tanto por su proponente como por organizaciones y activistas defensores del medio ambiente, entre ellos Greenpeace, quienes acusaron que ambos proyectos “ponen por encima los intereses de las empresas promoventes y de FEMSA Coca-Cola, para seguir vendiendo productos en envases altamente contaminantes, sin ningún tipo de consideración por el bienestar general, la salud de las personas y la protección ambiental”.

En un posicionamiento público, la asociación señaló que los proyectos fueron elaborados con un análisis limitado a las competencias de las entidades federativas y no hacen el estudio de ponderación y proporcionalidad en cuanto a la protección máxima del Sistema Interamericano, al estar implicados derechos humanos. Recordando que recientemente la ONU ha declarado el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano.

“A lo largo de varios años de lucha de activistas y organizaciones, se ha logrado que en las legislaciones locales se prohiban los empaques de plástico de un sólo uso como el PET y el unicel, lo que ha llevado al encuentro de alternativas para consumir productos por ejemplo, bolsas reutilizables y regresar al uso de envases retornables. Es imperativo que las autoridades del país, como los ministros de la Suprema Corte, velen por el medio ambiente y nuestra salud en lugar de privilegiar los intereses de empresas contaminantes que han recurrido a medidas como ésta para evitar cumplir la ley y mantener sus negocios a costa del planeta”.

Además, Greenpeace advierte que al aprobar este amparo, la SCJN sienta precedente para que las empresas puedan enfrentarse a las legislaciones locales que buscan reducir la producción de residuos de PET, unicel y otros plásticos de un solo uso, lo que significa un retroceso en batallas ganadas a lo largo de los años por organizaciones ambientalistas, ciudadanos y gobiernos locales. 

Por su parte, Horacio Sosa quien previamente solicitó a la SCJN ponderar la existencia de la vida en el planeta por encima de las ganancias de las empresas; calificó la decisión de los ministros,  como “una desgracia para la humanidad”. 

Refiriendo que actuaron con “miopía” al tomar la disposición oaxaqueña como si se tratase de manejo de residuos, “cuando la prohibición se trató de una medida dirigida a prevenir la generación de residuos”, precisó el legislador oaxaqueño. 

“La declaratoria de inconstitucional estuvo basada en los dictados de una ley neoliberal, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y no en el espíritu federalista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, maniatando y sometiendo a los Poderes Legislativos de las entidades federativas a los dictados del capital internacional”, declaró Sosa Villavicencio.

El representante popular explicó que las resoluciones del máximo tribunal afectan solamente dos fracciones de un artículo, de manera que el resto de las disposiciones del paquete de reformas sigue siendo vigente, como la prohibición de popotes y bolsas de plásticos que no contengan al menos 30 por ciento de material reciclado.

Piden expulsar a Coca-Cola de comunidades 

Después de que la Suprema Corte determinara como inconstitucional la prohibición de la venta, distribución o uso de botellas desechables de plástico, así como de envases y embalajes desechables de unicel; el Diputado Horacio Sosa propuso un punto de acuerdo para exhortar a los 570 ayuntamientos del estado a que “expulsen” a la empresa Coca-Cola de sus comunidades. 

Esto como un “mecanismo para proteger el medio ambiente y la salud de sus habitantes”, indicó Sosa Villavicencio al ir más lejos y pedir que prohíban en sus poblaciones el consumo de refrescos y comida chatarra, argumentando que los envases desechables de esos productos son los que principalmente generadores de la contaminación por plásticos que hoy sufre el planeta. 

“La humanidad está en un punto límite”, expresó el diputado al mencionar que “el mundo atraviesa la peor sequía de los últimos siglos, están apareciendo cada vez más enfermedades nuevas, incluso en Europa hay gente muriendo por el calor, y parece que ni así vemos la gravedad de la situación”.

Sosa comentó que compañías internacionales como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, McDonalds, Bimbo y Walmart, entre otras, son las que más producen restos de plástico, y México es el principal destino de esos desechos. 

En materia de salud, citó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, según la cual, en la población escolar de 5 a 11 años la prevalencia encontrada de sobrepeso más obesidad fue de 37.4 por ciento, y de 1 a 4 años de edad se reportó un consumo habitual de bebidas endulzadas (87%) y botanas (53%), cifras mayores que alimentos saludables como lácteos (65.4%) y frutas (53.9%).

“Si queremos sobrevivir como especie, hoy es indispensable tomar medidas drásticas que coloquen el cuidado del medio ambiente por encima de los intereses comerciales”, espetó el legislador ante el Pleno del Congreso local.

Asamblea Comunitaria acuerda expulsión de empresa refresquera local 

La Asamblea Comunitaria de San Bartolo Coyotepec, localidad ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, anunció un acuerdo para expulsar a la empresa refresquera Gugar, con quien sostienen un conflicto legal desde hace 15 años por la explotación irregular del agua de la comunidad durante las últimas dos décadas. 

Fue el propio diputado Horacio Sosa quien informó sobre dicha determinación argumentando que la empresa llegó a San Bartolo Coyotepec, “con mentiras”, aludiendo que en un inicio se presentó como una fábrica de taparroscas, no obstante, acusó, extrae todos los días grandes cantidades de agua para su venta, lo que ha derivado en que los mantos acuíferos se sequen y exista problemas de escasez de agua, afectando a productores y campesinos locales.

Por ello, agregó Sosa Villavicencio, como parte de los acuerdos de la Asamblea Comunitaria, se determinó iniciar acciones para que la empresa Gugar salga definitivamente de San Bartolo Coyotepec. Además, se acordó la recuperación pacífica de 14 hectáreas comunales que ocupa la planta de la refresquera oaxaqueña. 

Piden indemnización millonaria 

De acuerdo a los propios denunciantes, para retirarse de la localidad Gugar ha pedido un pago de 1,103 millones de pesos, cifra totalmente irreal, sin considerar los altos niveles de marginación que afectan a gran parte de las y los habitantes de este municipio. 

Declararon que no están dispuestos a pagar un solo peso a la empresa, a quien acusan de haberse instalado con engaños para extraer los recursos naturales del pueblo, además de ignorar mandatos judiciales a favor de la comunidad para la reintegración del terreno. Así como el adeudo de 11 millones de pesos con el Gobierno Municipal. 

Explicaron que a su llegada en el 2002, los representantes de Gugar informaron que se instalaría una planta para la producción de tapas para botellas, sin embargo, en realidad se instaló una envasadora de agua y refrescos, por lo que en el 2007 se iniciaron un serie de juicios en contra del corporativo. 

Sin embargo, denunciaron, el proceso ha sido manipulado en diversas ocasiones ya que a pesar de existir el fallo sobre la posesión del terreno a favor de la comunidad, la empresa no lo acata. Indicando una posible red de tráfico de influencias tanto con autoridades locales, como federales; por lo que pidieron la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva. Descárgala gratis aquí

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