Casi el 80% de los ataques a estados-nación se dirigen específicamente a agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros de estudios según el Informe de defensa digital de Microsoft.

Ciudad de México.- Al ocupar el lugar 84 a nivel global en cuanto al Índice Nacional de Ciberseguridad de la e-Governance Academy, México se encuentra en una posición de vulnerabilidad, por ello requiere legislación estricta que garantice la seguridad digital para todos los mexicanos, así fue expresado por los ponentes durante el foro “Hacia un ciberespacio más seguro para México”, el cual como una iniciativa de Metabase Q, en colaboración con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República, y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) se llevó a cabo de manera virtual.

El Foro contó con una audiencia de cerca de 3,000 personas de diversos sectores de la sociedad. A través de un espacio de diálogo de alto nivel que abordó temáticas sustantivas en materia de ciberseguridad como: la importancia para México, el papel de los parlamentos, los riesgos para la ciudadanía, las buenas prácticas internacionales y los lineamientos a considerar para una política integral en el país.

En este sentido, se destacó que de acuerdo con el Informe de defensa digital de Microsoft casi el 80% de los ataques a estados-nación se dirigen específicamente a agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y centros de estudios.

Paralelamente, un reporte de la Organización de los Estados los Americanos (OEA), reveló que en México todas las instituciones financieras han identificado algún evento sospechoso de ciberataque, de los cuales 43% han resultado exitosos.

Es por ello que, en los últimos dos años, los trabajos de Metabase Q se han enfocado en fomentar la vinculación institucional e incidir en la agenda pública en materia de ciberseguridad. Lo anterior, desde la articulación y vinculación con actores relevantes del sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil en comunicación con el sector público.

En este sentido, Liliana Jiménez, directora de Vinculación Institucional de Metabase Q, quien fungió como moderadora del evento, destacó que la ciberseguridad es un asunto de ética, una responsabilidad compartida que nos compete a todas y todos, tanto en el ámbito local como en el global. En este contexto hizo hincapié en la necesidad de impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales existentes para fomentar el fortalecimiento institucional y un marco regulatorio solido e innovador.

Los participantes coincidieron en la relevancia que ha ido adquiriendo el tema de ciberseguridad en la agenda nacional e internacional, así como en la urgencia de mantener estrecha colaboración entre todos los actores para poder hacer frente de manera colectiva y efectiva a los retos de la actualidad.

Para concluir el Foro, Sergio Alcocer, presidente del COMEXI, dio un mensaje de cierre en el que destacó los principales puntos abordados por los ponentes, como la necesidad urgente de establecer un marco normativo para lograr un ciberespacio más seguro; contar con una visión completa y cabal del universo que entraña el ciberespacio, desde la educación, la adecuación de la estructura institucional, la concientización de los ciudadanos, la cooperación internacional, las mejores prácticas, considerar a todos los sectores económicos, los compromisos internacionales, el fortalecimiento y la protección de las infraestructuras críticas, con una visión integral de los riesgos para su mitigación y mantener la resiliencia.

El foro de análisis contó con la participación de actores relevantes del sector público y privado y representantes de agencias internacionales como el Sen. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República; Aliza Chelminsky, Coordinadora  General  del  Centro  de  Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado; la Sen. Beatriz Paredes, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; Ariel Nowersztern, especialista sectorial senior en Ciberseguridad del BID; Jimena Mora Corredor, directora jurídica de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital para América Latina de Microsoft; Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado; Diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados; Pedro Verdelho, vicepresidente del Comité de la Convención sobre Ciberdelincuencia, Consejo de Europa; Fernando Butler, titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT; Nuhad Ponce, presidenta de la Mesa de Ciberseguridad del CCE; Patricia Soler, jefa de Sección de Colaboración Conjunta de Defensa Cibernética de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos; Naomi Gilbert, jefa de Política de Resiliencia Cibernética del Departamento de Medios Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido; Amir Sagie, coordinador de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Cibernética, Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel; Juan Carlos Baker Pineda, Director General y Socio Fundador de Ansley Consultores Internacionales; Carlos Véjar, representante del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC); Víctor Morales, co-titular del Comité de Ciberseguridad de la ABM y Sergio Alcocer, presidente del COMEXI.

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