26 enero, 2023

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Conceden prisión domiciliaria a exdiputado acusado de tentativa de feminicidio 

“Esta resolución alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo en que se encuentra María Elena Ríos y su familia”

Tras seis días de audiencia, el juez Teódulo Pacheco Pacheco otorgó la medida de prisión domiciliaria al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser al autor intelectual del intento de feminicidio que sufrió la artista y activista, María Elena Ríos al ser atacada con ácido. 

Previó a la sesión, María Elena Ríos advirtió que existía un pacto de impunidad para que su agresor saliera de prisión, acusaciones que reiteró durante la audiencia al ser silenciada en varias ocasiones, denunciando violencia institucional por las dilaciones del juez, así como por haber aceptado medios de prueba falsificados. 

“Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor a quedado libre”, publicó Ríos en su cuenta de Twitter, en donde informaba lo que sucedía en la audiencia virtual. 

Pese a la decisión del tribunal, María Elena se dijo confiada en que tarde o temprano se hará justicia, asegurando que continuará luchando por ello. 

Después de varios meses en fuga, Vera Carrizal fue detenido y puesto en prisión es abril de 2020, acusado de tentativa de feminicidio en contra de María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en septiembre de 2019, sufriendo quemaduras en el rostro, brazos y parte del cuerpo. 

La defensa del político cercano a los exgobernadores Alejandro y José Murat, argumentó que Vera Carrizal se encuentra en estado delicado de salud y requiere atención médica especializada que solo puede recibir en un domicilio. Argumentos que el juez dio como validos por lo que instruyó su traslado bajo resguardo de elementos de seguridad.

Desde el ataque, la víctima denunció una red de encubrimiento e impunidad a favor de su agresor y sus cómplices. Señalando a funcionarios del Poder Judicial, de la Fiscalía y del gobierno del estado, incluido el entonces gobernador Alejandro Murat y su padre, José Murat Casab, de quien supuestamente, Vera Carrizal sería prestanombres. 

Dicha protección habría evitado que la denuncia avanzará e incluso se le había negado atención médica por parte del estado, situación que cambió con la difusión mediática del caso, lo que obligó a las autoridades a comenzar las diligencias.

Al girarse la orden de aprehensión en su contra, la entonces Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas y decomisó recursos por más de 500 millones de pesos, indicando que tras revisarse las cuentas bancarias se identificaron manejos dudosos e indebidos, principalmente de recursos de procedencia ilícita, al parecer, provenientes del robo de combustible. Sumándole a Vera Carrizal la acusación por lavado de dinero, no obstante esta no prosperó por la supuesta intervención del Presidente de la Fundación Colosio. 

“Hemos encontrado indicadores que podrían advertir el uso de recursos de procedencia ilícita, primero por la recepción de recursos en efectivo por 325 millones de pesos y segundo por la serie de declaraciones, en este caso en particular por las declaraciones fiscales anuales en los últimos cuatro por cantidades de 525 millones de pesos y declarando pérdidas fiscales”, declaró el entonces responsable de la UIF, Santiago Nieto en marzo del 2020. 

Actualmente su hijo, Juan Vera Hernández, también acusado, se encuentra prófugo de la justicia, por lo que la Fiscalía ofrece un millón de pesos por información que lleve a su paradero.

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Rechazo generalizado 

La resolución del tribunal generó un rechazó social generalizado, incluyendo el del propio gobernador del estado, el morenista Salomón Jara Cruz quien dijo que Juan Antonio Vera Carrizal debería mantenerse en prisión hasta que se haga justicia para María Elena.

“La violencia contra las mujeres requiere el compromiso de los tres poderes del estado y no podemos ser indiferentes ante esta determinación”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario. 

En respuesta, Maria Elena Ríos criticó que exprese su apoyo por redes sociales, pero ni él ni el Secretario de Gobierno, Jesús Romero, le tomen la llamada. 

Al reclamo se sumó la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional, Lizbeth Concha Ojeda, quien calificó la medida como “preocupante”. 

“En un estado donde muchas y muchos luchamos por el Derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Es preocupante la decisión del juez de cambiar la medida cautelar al agresor de María Elena Ríos”, publicó en su cuenta la también Diputada.  

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género del Congreso local, Mariana Benitez Tiburcio, condenó la determinación del juez, señalando que “este hecho representa un retroceso en la justicia en Oaxaca”, así como “un golpe en la cara a todas las mujeres, que día a día luchan para lograr que se castiguen a los agresores y responsables de la ola de violencia feminicida”. 

La también ex subprocuradora de la extinta PGR, exigió al Poder Judicial aclarar la decisión y “la serie de ilegalidades cometidas durante la audiencia”. 

La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, externó su preocupación por la decisión del juez Téodulo Pacheco, destacando que se da en el marco de las manifestaciones realizadas por María Elena en las que ha denunciado una serie de dilaciones y omisiones por parte del personal judicial.

“Esta resolución alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo en que se encuentra María Elena Ríos y su familia, y en ese sentido, envía un mensaje de impunidad y reevictimización”, señaló el organismo. 

También hizo un llamado a las autoridades ministeriales y judiciales de Oaxaca, para que en el ámbito de su competencia garanticen la seguridad de María Elena Ríos y su familia a través de los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De igual forma, exhortó a que, a través de los mecanismos procesales de la misma legislación nacional, se impulse una revisión exhaustiva de la decisión del juez, lo anterior, en apego al mandato constitucional que obliga a todas las autoridades a proteger el derecho a defender derechos humanos y cumplir de igual manera, con las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

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