Primera parte: Oaxaca, Tierra de despojos
El estado de Oaxaca, en el sureste mexicano, es sin duda uno de los mayores referentes culturales y turísticos del país; su basta riqueza natural y su diversidad étnica han convertido a la entidad en uno de los principales destinos que millones de personas eligen para vacacionar e incluso para invertir, pese a las adversidades sociales y políticas.
Sin embargo, desde hace décadas la clase política gobernante se ha encargado de que la marginación, la pobreza y la carencia social sean realidades permanentes a lo largo y ancho de Oaxaca, ocupando la dependencia social en una lucrativa manipulación electoral.
Y aunque hoy la entidad vive un proceso de “transformación” con la llamada primavera oaxaqueña que encabeza Salomón Jara Cruz, el legado de corrupción que dejó su antecesor, Alejandro Murat Hinojosa, permanece vigente gracias a la impunidad que le ha otorgado el gobierno federal.
Las denuncias no son pocas, tampoco los rubros donde Alejandro Murat y sus funcionarios habrían desfalcado al estado. La contratación de empresas fantasma, la compra de facturas falsas, obras inconclusas y el desvío de recursos está documentado prácticamente en toda la estructura gubernamental.
Pero para el originario del Estado de México, ser el segundo Murat en saquear Oaxaca (el primero fue su padre, José Murat Casab), implicó el poder replicar un esquema de despojos inmobiliarios que representarían más de mil millones de pesos en propiedades robadas a sus legítimos dueños, todo ello por medio de manipulación de información oficial, desde actas de nacimientos, registros de propiedad y hasta actas de defunción falsas.
Todo esto fue evidenciado por el gobierno del Presidente Obrador al denunciar una compleja red de tráfico, corrupción y hasta homicidios que involucran tanto a servidores públicos como a notarios y dirigentes sindicales. Y aunque existen cientos de carpetas de investigación por estos delitos, hasta el momento no existe ningún sentenciado ni mucho menos justicia para las víctimas.
Pero los despojos inmobiliarios no son un tema nuevo en Oaxaca.
De acuerdo a información pública, las denuncias comenzaron (o se incrementaron) con la llegada de José Murat Casab al gobierno del estado en 1998. Durante su mandato fue señalado de adueñarse de diversas propiedades a través de prestanombres. Casas, edificios, hoteles y hasta negocios comerciales habrían estado en la lista de adquisiciones del exmandatario oaxaqueño.
Uno de los casos más sonados fue el de una casona en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, la cual habría pertenecido a la señora Olga Castillejos Aquino, una mujer mayor cuya heredera decidió no confrontarse con el entonces gobernador. De acuerdo a las denuncias públicas, testaferros de Murat Casab intentaron adquirir dicha propiedad a un precio muy por debajo del valor real, por lo que la propietaria rechazó la oferta. Sin embargo, las presiones continuaron hasta que la mujer aceptó, no obstante, murió en circunstancias sospechosas antes de que se realizara el pago por la casa.
Hecho que no importó para que el Registro Público de la Propiedad, en ese entonces a cargo de Jorge Merlo, colaborador del exgobernador; reconociera a untercerocomodueñodelacasa.Añosmástarde,el edificio ya restaurado y modernizado, pasó a manos de Aurora Alcántara Rojas, esposa de José Murat y quien hoy es dueña del inmueble según documentos oficiales.
Situación similar a la del edificio del extinto periódico El Sur, ubicado en la colonia Reforma al norte de la ciudad, el cual era propiedad del empresario José Martínez Bastida, quien murió en 1998, un mes antes de la llegada de Murat Casab a la gubernatura. Y quien aprovechó el deceso del también expresidente de la Asociación Mexicana de Editores de la República Mexicana, para ejercer diferentes presiones a familiares y socios y, apoderarse tanto del medio de comunicación como del inmueble, el cual hoy también está a nombre del exmandatario, según los registros emitidos por el Registro Público de la Propiedad durante el gobierno de su hijo, Alejandro Murat, hoy aspirante a la Presidencia de la República.
Otro caso que hizo eco en la sociedad oaxaqueña, fue el intento de despojo que sufrió el comunicador José López Bolaños, a quien intentaron sacar de su vivienda, una propiedad en el Centro Histórico que también empleaba como negocio. De acuerdo a la denuncia hecha en mayo de 2021, el columnista gráfico habría sido agredido al interior de su domicilio y secuestrado para ser presentado ante Enrique Toro Ferrer, abogado de la familia Murat -según lo dicho por el propio Ferrer- y supuesto prestanombre del exgobernador José Murat.
Por este caso, Torro Ferrer pasó más de un año en la cárcel investigado por diversos delitos, sin embargo, poco antes de concluir el sexenio de Alejandro Murat y ante la falta de pruebas en su contra, salió en libertad.
Pero los escándalos inmobiliarios de la familia Murat no se limitan al territorio nacional. En el 2015, el New York Times publicó un reportaje sobre Murat Casab y sus hijos, en donde los vinculó con diversas propiedades en Estados Unidos incluidos dos departamentos en el lujoso Time Warner Center de Manhattan, que habrían sido adquiridos por medio de empresas fachada, las cuales se usan para ocultar tanto la identidad de los compradores como el origen de los recursos con los que se adquirieron los bienes.
Un ambiente un poco diferente al que tanto José Murat como su hijo Alejandro Murat, estarían acostumbrados tras gobernar uno de los estados más pobres del país y dejarlo incluso, en peores condiciones.
Poco antes de terminar su mandato, José Murat declaró: “Llegué al gobierno del estado con mi esposa, Lupita, y mis cuatro hijos (…). Y me voy como llegué, con los mismos pantalones, con los mismos zapatos, con las mismas camisas y el mismo coche”.
No obstante, en el 2004, la familia Murat adquirió dos condominios en Park City, Utah, con valor de 690 mil dólares. Aunque en su momento, Murat Casab fue enfático al declarar que él no era “dueño personalmente de ninguna propiedad inmobiliaria directa o indirectamente en Estados Unidos”. Ya que un departamento pertenecía a sus dos hijos y el otro, a sus dos hijas.
Ninguno de los señalamientos afectó a la familia Murat, por el contrario, adquirió mayor poder político y económico cuando Murat Casab se convirtió en operador político del expresidente Enrique Peña Nieto y construyó el llamado “Pacto por México”, que dio vida a las cuestionadas reformas estructurales impulsadas por el PRI durante el gobierno pasado.
El éxito fue tal, que se le permitió imponer a su hijo, nacido en el Estado de México, como candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca.
Tras ganar la elección, Alejandro Murat se convirtió en gobernador, pero la falta de arraigo y conocimiento del estado, lo llevó a replicar las estructuras que usó su padre cuando gobernó, invitando a los mismos funcionarios y en algunos casos a sus hijos.
Dando pie, a la creación de una red de corrupción dedicada al despojo inmobiliario, un lucrativo negocio que enriqueció a más de uno en poco tiempo. Pero la ambición hizo que perdieran el control y más de uno se involucrara en el negocio, incluso sin aval de los Murat, cometiendo error tras error, confiando quizás, que la impunidad está garantizada.
Lo que pareciera ser cierto ante la inacción de las autoridades, tanto estatales como federales. Ello a pesar de ser emanadas de un partido opositor y que ha enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción como una de sus principales propuestas políticas y sociales.
Según datos que compartió el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja durante la conferencia del Presidente López Obrador el pasado 15 de septiembre; el llamado “Cártel del Despojo” cuenta con la participación de Notarios, servidores públicos y hasta dirigentes sociales, quienes obtienen recursos a través de la apropiación y venta de inmuebles.
Por dichos delitos, se han iniciado 1,467 carpetas de investigación, solo de marzo del 2021 a julio de 2022. De las cuales 213 están relacionadas con falsificación de instrumentos notariales.
Mejía explicó que su método es detectar una propiedad que resulte interesante por factores económicos, la registran en el Registro Público de la Propiedad, en el Registro Civil y en Catastro, y en complicidad con notarios simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios.
Una vez que proceden con la simulación, hacen inscripciones precautorias en el Registro Público de la Propiedad (hoy Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca), en el Catastro y modifican las escrituras. En esto, añadió, también intervienen grupos criminales, gestores y líderes sociales.
Además, agregó el funcionario, va acompañado de otros delitos como violencia física, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad y hasta homicidios, poniendo como ejemplo el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño; el del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Pacheco Martínez y el del médico Carlos Eduardo López Martínez.
Ricardo Mejía advirtió que existen otras carpetas de investigación contra organizaciones sociales que participan en despojos de bienes particulares, así como de estatales y federales. Aunque por las reservas de Ley, ni pudo dar más información.
Hermanos Conzatti
Uno de los casos que mayor impacto tuvo a nivel nacional fue el de los hermanos Conzatti y Martínez, cuya identidad fue desaparecida y modificada en el Registro Civil y otras dependencias, con el objetivo de despojarlos de diversos bienes en zonas de alta plusvalía.
Tras una lucha de más de 23 meses y haber enfrentado intimidaciones, descalificaciones, amenazas y hasta demandas por parte del Estado; el gobierno de Oaxaca admitió su responsabilidad y ordenó que se repusieran de manera definitiva sus registros de nacimiento.
Pero la exigencia de justicia continúa, sobre todo de judicialización de todos los involucrados, incluidos funcionarios del Registro Civil, Catastro y Notarios públicosdeOaxaca,comoel135,JorgeMerlo,quien tambiénfuedirectordelRegistroPúblicodelaPropiedad durante el gobierno de José Murat Casab y ha sido señalado como el principal operador de este crimen.
Para conocer más de este caso, platicamos con Caleb Gómez Conzatti y Martínez, uno de los afectados y quien también se ha convertido en uno de los representantes más visibles de la lucha que han emprendido varias víctimas de despojo en el estado.
Caleb, ¿nos podrías explicar, qué sucedió?
De manera muy resumida, el Estado a través del Registro Civil suprimió las identidades de mis hermanos y mía, eliminando casi todos los rastros: los libros físicos, bases de datos en el Registro y en la base nacional de actas de nacimiento. Nos eliminan y esos espacios registrales los ocupan para crear nuevos registros de nacimiento a nombre de terceras personas que no existen.
Después van y buscan personas muertas, familiares del notario 135, Jorge Merlo, eliminan a esas personas muertas y en esos espacios nos crean una identidad nueva. Y no solamente crean la identidad, crean además Claves Únicas de Registro de Población y los dan de alta en la base nacional, lo que quiere decir que alteran registros bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación además de los sistemas del propio Registro Civil.
De forma paralela, en el IFREO y Catastro comenzaron a eliminar los expedientes de las propiedades que teníamos a nuestro nombre, pero gracias a que tuvimos una respuesta relativamente rápida, el grado de desaparición de documentos es distinto en los registros, tanto que al día de hoy no cuadran. Hemos acreditado de forma sobrada que son documentales falsas y alteraciones a los sistemas, cosa que no se puede dar sin la aprobación de servidores públicos.
Seguramente una de tus siguientes preguntas va a ser ¿qué servidor público es el que está involucrado? y hemos sido muy puntuales, no es ningún funcionario menor de las dependencias involucradas que son, IFREO, Catastro, la Junta de Conciliación y Arbitraje y, el Registro Civil.
Estás hablando de alguien que coordina tanto las funciones registrales, como los sistemas y los archivos. Incluso están físicamente en distintas dependencias, por lo que necesitas la colusión de un servidor público del primer orden. Y lo que más llama la atención es que si vas uno por uno, prácticamente todos dependen de la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca.
En nuestro caso, nos inventan un supuesto laudo laboral en el que el ahora notario 135, Jorge Merlo, se hace pasar por trabajador de mi padre al que le debía dinero, el cual le pagó con casas en el centro e inscriben este laudo. Pero ¿de quién depende la Junta de Conciliación y Arbitraje?, también está sectorizada a la Consejería Jurídica. Entonces todo apunta a que de alguna forma, desde la Consejería Jurídica se pueden alinear todas estas dependencias para bien o para mal.
¿Qué ha representado enfrentar al Estado?
Es una experiencia que jamás pensé llegar a enfrentar, porque ninguno de nosotros ni de nuestro núcleo cercano, somos cercanos al poder ni a una fuerza política, ni nada que pudiera derivar en algún tipo de violencia institucional hacia nosotros. Somos personas con actividades particulares fuera de la vida pública, alejados de los factores reales de poder, entendidos como tales aquellos que controlan al estado.
Entonces, nos encontramos ante una violación gravísima de derechos humanos, que es la supresión de la identidad, porque en el momento que tu pierdes la identidad, pierdes absolutamente todo. Voy a empezar por lo menos importante: ¿de quién son tus cosas? ¿de quién es esa casa que está a tu nombre? ¿de quién es el automóvil que está a tu nombre? Tu récord académico, ¿a quién pertenece toda esa documentación? Pero lo más grave son tus lazos familiares empezando por tus hijos, ¿quién se supone que debe ejercer la patria potestad sobre esos menores de edad? El derecho que tiene una madre a recibir alimentos de ese hijo que desaparece jurídicamente de la faz de la tierra ¿quién se hace cargo ahora de esa persona mayor de edad? Había esposas no estaban casadas, según el Registro Civil, con las personas que ellas eligieron… Y así vas en cada uno de los ámbitos de tu vida y te das cuenta que no tienes nada, al menos no con tu identidad.
Y ahora imagina que en el momento que decides ejercer una acción en contra de esta violación de derechos, se te inician carpetas de investigación por usar tu nombre, por poseer tus bienes inmuebles. En nuestro caso se nos inició carpeta de investigación incluso porque habían desaparecido nuestros propios expedientes.
Este uso desproporcionado e injustificado de violencia política institucional en contra de nosotros, como persona y como familia, es una afectación que no se puede medir siquiera. En nuestro caso, hemos sido desplazados de forma forzada por las acciones tan violentas que emprendieron, como mandar gente armada a mi casa, enviar mensajes intimidatorios a familiares que te hacen temer por tu vida y la de tus seres queridos. Entonces te tienes que desplazar del estado e improvisar una vida.
El colmo de los hechos es que nosotros siendo víctimas, vivimos escondidos por los mensajes de impunidad que se envían respecto de estos servidores públicos y Notarios. Por ejemplo, en el caso del entonces titular del Registro Civil, premiando primero con una candidatura a diputado por el PRI y después con un cargo en la administración estatal para regularizar terrenos urbanos. Y el mismo caso se da con otros personajes cercanos al exgobernador.
El mensaje para las víctimas es devastador. Este impacto personal y familiar es enorme y lo más grave es que afecta a familias enteras, a mujeres, a menores de edad y a adultos mayores. El daño psicológico, el daño moral, porque no es noticia nueva que en el momento que decidimos defendernos, se nos inicia una campaña de desprestigio en la que nosotros somos los victimarios. Entonces no solamente es la violación a los derechos humanos con la supresión de la identidad, sino la revictimización y el uso sistemático del aparato estatal para intimidarte y para falsificar documentación en favor de personajes conocidos por dedicarse a despojar desde el gobierno de José Murat.
Ahora, ¿porque el Estado jamás fue capaz de salir a la luz pública a defender una posición sobre si era o no cierta la corrupción al interior del gobierno de Alejandro Murat, sino que es un particular, un notario de Nochixtlán, el que sale a defender a todo el aparato estatal?
Son ya más de una veintena de procedimientos del orden penal y civil, pero simplificándolo un poco, nosotros desde el inicio tuvimos la fortuna de contar con mecanismos de defensa que nos otorgaron medidas cautelares en contra de las autoridades locales y federales, obligándolas a reconocer la identidad que acreditamos ante el juez y con la que nos hemos identificado desde el momento de nacer.
Esto nos permitió no pisar la cárcel, si no hubiéramos podido acreditar nuestra identidad habrían podido proceder las carpetas de investigación que nos iniciaron por suplantación de identidad y despojo.
El tiempo y la generosidad de la sociedad y los medios que tomaron esta noticia como una causa social, ya que todo mundo sabe que esto ocurre o sabe de alguien a quien le pasó algo similar, es lo que ha permitido colocar este caso como referente que representa la injusticia a la que ha sido sometida muchísima gente durante muchos años en Oaxaca.
Todo esto obligó de alguna forma al Estado de Oaxaca a revisar el caso, nosotros tuvimos la oportunidad de exponerle todo esto y con documentos en mano al exgobernador, quien ante la contundencia de las evidencias, instruyó que el Registro Civil revisara nuevamente en sus archivos y evidentemente tuvo que reponer nuestras actas de nacimiento de forma oficiosa, las cuales nos fueron entregadas en mano propia por el exgobernador. Pero se nos había prometido continuar con las investigaciones, topara donde topara, y ahí es donde nos encontramos.
El exfiscal de Oaxaca anunció en el mes de agosto del 2022, que estaban seguros que podrían tener órdenes de aprehensión, pero yo no tengo conocimiento de que exista una orden en contra de nadie.
Nosotros solicitamos un deslinde de responsabilidades, tanto de servidores públicos como de particulares, que se asociaron de forma delictuosa para llevar a cabo esto. Y si sumas las más de 200 carpetas de investigación donde participan notarios públicos, es evidente que nos encontramos ante delincuencia organizada. Toda una estructura montada desde el Estado para dar apariencia de licitud a bienes inmuebles que se adquieren de forma ilícita.
¿Qué sigue?
Todos estos procedimientos legales desgraciadamente son lentos, y si a eso le sumas que la propia autoridad es la que ha inundado los juicios con documentación falsa, se vuelve aún más lento. Si hubiera existido la disposición de aportar pruebas, seguramente hubiera caminado de forma diferente y hoy, a dos años, tendríamos a más de uno en la cárcel.
Es lento, pero es el único camino que existe en un país que aspira a instituciones democráticas, porque la otra opcion es tomar la vía de la calle, algo que ya tiene convulsionado al estado, y en gran parte lo entiendes, muchas de las movilizaciones sociales se debe a que las instituciones son las primeras precursoras de la violencia social.
Lo que pedimos es que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca actúe con imparcialidad y apegados a derecho, que su Magistrado Presidente, Eduardo Pinacho garantice las condiciones para que sus jueces que pueden ser víctimas de todo este aparato de poder fáctico que ha gobernado Oaxaca, puedan resolver con libertad, sobre todo considerando que resolver nuestro caso significa afectar un negocio de miles de millones de pesos, así como otros intereses políticos.
El caso de los hermanos Conzatti es solo uno de cientos, muchos de los cuales han comenzado a surgir a la luz pública aprovechando el efecto social para defender sus derechos violentados desde el poder y la impunidad. Por lo que en los siguientes números continuaremos dando voz a las denuncias en contra del denominado “Cártel del Despojo oaxaqueño”.
Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva, de Enero 2023. Descárgala gratis aquí:
