Entre golpes, intentos de asfixia y amenazas, Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, fueron detenidos de manera arbitraria en diciembre del 2011 en la Costa de Oaxaca. Durante el arraigo en el que permanecieron tras la detención, fueron obligados y sometidos bajo tortura a firmar una declaración por delitos que no cometieron y finalmente permanecieron en prisión preventiva por 12 largos años.
A los dos hombres afromexicanos, los persiguieron por días y fueron amenazados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, durante las indagatorias por la desaparición de un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presuntamente ocurrida en su comunidad, Lagunas de Chacahua, Oaxaca, donde ambos trabajaban la pesca y venta de mariscos.
Su caso y muchos más, se suman a los 7 mil 253 casos de tortura que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reportó durante el periodo 2006- 2012 en México. Confirmando que la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, persisten en el sistema de justicia penal no solo en el estado de Oaxaca, sino a lo largo y ancho del país.
Honorio y Margarito obtuvieron su libertad por falta de pruebas, tras 12 años en los que vivieron parte de la violencia sistemática de los centros penitenciarios del Estado a los que fueron trasladados durante su proceso, a lo que se sumó la discriminación y el racismo que de por sí enfrenta la población afromexicana.
Desde el abandono y separación de sus parejas, la muerte de sus familiares, estar lejos de su comunidad y malos tratos, son experiencias que Honorio y Margarito lamentan y recuerdan fuera de prisión, sin embargo, el sentimiento de libertad y no haber perdido la fe en la justicia, ahora los motiva para retomar sus proyectos de vida.
Asimismo, agradecen el acompañamiento que realiza el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C y organismos civiles que durante más de una década no bajaron la guardia en la exigencia de justicia para lograr su liberación.
