- Una amplia coalición de Organizaciones No Gubernamentales actúan legalmente contra el “plan B”.
- Con respeto a la Suprema Corte, exigen al máximo tribunal la defensa del orden constitucional.
- Las dos partes del “plan B” fueron votadas con los mismos vicios en el proceso legislativo. Ambas deben anularse por eso.
Ciudad de México.- Casi 100 organizaciones sociales de México acudieron a la Suprema Corte de Justicia, para interponer dos documentos en contra del plan B del gobierno federal. Se trata de dos instrumentos jurídicos (Amicus Curiae) en los que añaden nuevos argumentos en contra de los cambios electorales propuestos por el presidente López Obrador, pero que son “inconstitucionales en el fondo y en la forma, violatorios al proceso legislativo y desmantelan la estructura fundamental que organiza todas las elecciones en México”.
El primero de los instrumentos argumenta a favor de mantener la suspensión del conjunto de la reforma, “pues sus efectos son tan destructivos, que comenzar la implementación, traería daños irreparables de cara al proceso electoral que comenzará este mismo año”.
En el segundo instrumento, el proceso legislativo que aprobó la segunda parte del “plan B” que se dispone a discutir la SCJN, “es exactamente el mismo -peca de los mismos vicios- que la primera parte, ya desechada por el pleno”. Y realiza un amplio estudio de fondo que revela, artículo por artículo, las violaciones a la constitución, y además, propone un estudio sistemático de la inconstitucionalidad general, es decir, no solo electoral de esos cambios propuestos por el gobierno federal.
Asociaciones de los más diversos orígenes, de las más diversas causas, de varios estados del país, han convergido en la defensa del Instituto Nacional Electoral como piedra angular de la democracia mexicana. Ellas han convocado y han marchado en las dos grandes movilizaciones nacionales de noviembre (2022) y febrero (2023). Han discutido y difundido los graves riesgos que contiene esa reforma electoral y ahora interpone sus argumentos para fortalecer el juicio de las ministras y ministros de la Suprema Corte.
De entre ese cúmulo de organizaciones se encuentran Práctica Democrática, Voto por el Clima, México Unido contra la Delincuencia, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Nosotrxs, La Red de Rendición de Cuentas, Cemefi, Transparencia Mexicana, Borde Político, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común, entre muchas otras que han presentado sus actas constitutivas y su personalidad jurídica ante la Suprema Corte. Organizaciones ambientales, en defensa de los derechos humanos, la transparencia, contra la corrupción, contra la pobreza, por la construcción democrática de México, etcétera. Se han unido por la grave preocupación que genera ese intento de cambio inconstitucional.
