- “Toro Ferrer es el más tranza y ratero de todos los tiempos”: Salomón Jara
- El abogado Toro Ferrer opera con documentos falsos
El pasado 21 de agosto el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la expropiación de un predio en el que antiguamente funcionaba una fábrica de triplay, para construir un espacio urbano denominado el Parque Primavera Oaxaqueña, el cual beneficiará de manera directa a más de 447 mil habitantes de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas y San Pablo Etla.
Dicho terreno se ubica entre la carretera a Monte Albán y Riberas del Río Atoyac, con una superficie total de 11.84 hectáreas, superando los 50 millones de pesos de valor, cifra que sería pagada como indemnización a sus legítimos propietarios. Aunque la propiedad ha estado deshabitada por años y se ha visto envuelta en una serie de litigios, invasiones, delitos e irregularidades inmobiliarias.
Incluso se le involucró en un fraude por parte del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa en contra del gobierno federal, al que le ofreció el espacio para edificar el Archivo Agrario Nacional, sin contar con la capacidad jurídica para ello, engañando al Presidente López Obrador y a varios de sus funcionarios, quienes aprobaron la asignación de recursos públicos para un proyecto que no se ejecutaría, situación similar a la que enfrentaron decenas de obras en todo el estado durante la gestión muratista.
No obstante, con la llegada del morenista Salomón Jara Cruz a la gubernatura de Oaxaca, se retomó el proyecto para que los terrenos pudieran ser utilizados como un área de esparcimiento. Por lo que se llevó a cabo el proceso de expropiación.
“El lugar ya está asegurado, diversas instancias ya tienen presencia y están coordinadas para que, a partir de este anuncio, inicien inmediatamente los trabajos preparativos para el desarrollo del proyecto”, declaró en ese entonces el mandatario estatal.
Sin embargo, días después el exabogado y cercano colaborador del exgobernador José Murat Casab, se presentó como el supuesto representante de una de las propietarias del predio, advirtiendo que la cantidad anunciada por el gobierno estatal era insuficiente, por lo que presentaría un Amparo en contra del decreto de expropiación, el cual fue desechado por el Juez cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, por presentarse fuera de los plazos que marca la ley.
La resolución fue celebrada por Jara Cruz quien declaró que “Toro Ferrer es el más tranza y ratero de todos los tiempos”, reiterando los señalamiento por ser parte del llamado Cártel del Despojo (red criminal integrada por funcionarios, notarios y hasta gobernadores, dedicada al despojo inmobiliario) indicando que cuenta con diversas propiedades en el estado, el país e incluso el extranjero. Destacando bienes en los destinos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido, particularmente en Punta Colorada, donde “la mitad es de él”, apuntó el gobernador al asegurar que “lo vamos a investigar, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados”.
En ese sentido, el Consejero Jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero detalló que a raíz del amparo promovido por Enrique Toro Ferrer, detectaron diversas irregularidades como la posible falsificación de documentos para ostentarse como representante de una de las supuestas propietarias del predio de Triplay, identificada como María Elena Medina López.
Explicó que Toro Ferrer se ostenta como representante a través de una Carta Poder con la que ha emprendido diversos juicios y actos legales, a través de los años. Como en el 2016 cuando presentó una promoción para notificar al gobierno del estado que los terrenos pertenecían a la señora Medina López, de quien no se tiene rastro alguno.
De acuerdo a los documentos presentados, la supuesta carta poder estaba certificada por el Notario 100, Arturo Vásquez Urdiales, sin embargo, éste señaló que dicho poder no fue aceptado en términos del artículo 71 de la Ley del Notariado, por la falta de la firma de la titular, por lo que presumiblemente es falsa, al igual que una copia aparentemente certificada por el Notario Rodolfo Morales, quien negó haber realizado dicho trámite para Toro Ferrer.
Vásquez Sagrero puntualizó que las únicas firmas que aparecen son las de un posible familiar de Enrique Toro, de nombre José Antonio Moreno Toro y otra persona identificada como David Sosa Velasco.
Ante este escenario, el Consejero Jurídico advirtió que de hacer uso de un documento falso, Toro Ferrer podría enfrentar hasta la justicia federal.
Por ello, informó que no continuarán negociando con Enrique Toro Ferrer ya que no puede comprobar su legítima representatividad.
“Haríamos mal en seguir una negociación con quien no acredita tener el derecho correspondiente”, comentó al declarar que cuentan con más documentación que en caso de ser necesario, se llevarán a los tribunales porque “la instrucción es que se erradiquen estas prácticas”, aseguró.
Además mencionó el caso de Punta Colorada, donde se han presentado escrituras muy peculiares que aún no puede tachar de falsas porque están realizando la investigación, pero que muestran información un tanto incongruente. Como una fechada el 21 de febrero de 1932 donde tiene las coordenadas UTM, un sistema que según registros oficiales, se usó por primera vez en 1940 por el ejército de Estados Unidos y en México fue hasta 1990.
“En Puerto Escondido estamos de avanzada porque desde 1932 se estaban utilizando”, añadió Sagrero al cuestionar el nivel de manipulación que se hacía de los sistemas públicos.
Como las capturas de pantalla del sistema de Catastro que mostró el propio Toro Ferrer ante los medios de comunicación para sustentar sus dichos sobre el amparo que le fue negado. Información que no debería estar en manos de un abogado particular y que solamente debería tener el estado, agregó el Consejero Jurídico al criticar el nivel de impunidad con el que operaban en los gobiernos anteriores.
“Se metían hasta donde querían. En su acostumbrada forma de actuar le parece común tener y mostrar documentos que solamente puede tener el Estado, personal o el director del instituto catastral”, mencionó al cuestionar cómo la obtuvo.
Por último, el gobernador Jara Cruz recalcó que investigarán a Enrique Toro Ferrer y no permitirán que continúe “por ese camino que le facilitaban los gobiernos anteriores” y con los privilegios que gozaba.
Detención por despojo:
Torro Ferrer estuvo en prisión desde mayo del 2021 hasta noviembre del 2022, acusado de intento de despojo en contra de un comunicador y empresario, el cual fue golpeado y secuestrado por instrucciones del abogado, quien dijo seguir órdenes de los exgobernadores Alejandro y José Murat, quienes negaron los señalamientos, dejándolo a su suerte. Lo que ocasionó un distanciamiento y hasta un conflicto penal con su exjefe.
Aunque en un principio se le dictó prisión preventiva, dicha medida se modificó por el estado de salud del también exprocurador de justicia del estado y en busca de un acuerdo reparatorio con la víctima, por lo que se le concedió seguir su proceso en libertad.
