Imagen ilustrativa / Gobierno del Estado de Oaxaca
- A petición del Ejecutivo, Congreso de Oaxaca autoriza supresión de 1,344 plazas administrativas
- Permitirá un ahorro por más de 2,500 millones de pesos
- Hay corruptores y hay corruptos: Consejero Jurídico
- Claro que existe complicidad de las dirigencias sindicales
A solicitud del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Congreso local avaló la supresión de mil 344 plazas administrativas, otorgadas de manera irregular durante la administración anterior que encabezó el hoy Senador Alejandro Murat Hinojosa.
Así lo explicó el Consejero Jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero, quien indicó que los mecanismos para otorgarlas, pueden constituir un delito, por ello, se ha solicitado que se inicien las carpetas de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables de la comisión del delito de tráfico de plazas y servicios.
El titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno de Salomón Jara Cruz, detalló que del 2016 al 2022, primer y último año de la gestión de Murat Hinojosa; el número de empleados basificados se incrementó en más de 40%, pasando de 8,187 a 12,244, lo que representó un aumento presupuestal de 2 mil 24 millones 644 mil 976 pesos, pagados en servicios personales.
Recursos que ahora podrán utilizarse para programas sociales o mejorar prestaciones de otros sectores como la seguridad pública. Así cómo evitar mayores riesgos financieros que podrían afectar el Fondo de Pensiones y la seguridad de miles de pensionados.
Además, se reducirá el gasto en servicios personales por más de 2 mil 205 millones de pesos en los próximos cuatro años, apuntó.
Irregularidades y complicidad sindical
Dentro de las irregularidades encontradas en los expedientes están la falta de documentos, nombramientos sin asignaciones de actividades, incumplimiento de requisitos como el mínimo de tiempo laborando, falta de autorizaciones, conversiones a base directa, entre otras.
Sagrero detalló que si bien la Ley establece que es el patrón quien informa sobre las bases que puede ofrecer, existe un convenio entre el Gobierno y el Sindicato de burócratas, para que cada año se otorgue un determinado número de Bases, siendo 35 el máximo de espacios a ocupar. Refiriendo que las plazas otorgadas después del 2016 están fuera de dicho acuerdo.
Señalando que existe una evidente complicidad de las dirigencias sindicales y de los sindicatos, ya que es imposible que no se dieran cuenta de la creación de la plazas irregulares, ya que lleva todo un proceso financiero y administrativo en donde también participan sus órganos de control.
Reclamos y protestas de trabajadores
Respecto a las protestas de las personas que perdieron su espacio laboral y los reclamos sociales dada la temporada en la que se toma la medida, el Consejero Jurídico aseguró que este proceso no es contra los trabajadores, es en contra de los exfuncionarios, pero si ellos sabían que estaban cometiendo un ilícito como el pagar por su base, no tienen mucho que defender. Se estaban beneficiando de la hacienda pública a través de un acto ilegal, indicó.
“Pero si hay un error y la base está en regla, tendrán su derecho de acreditarlo” agregó.
“Justamente tardamos un tiempo, porque era importante tener todos los elementos en la mesa para responder a cualquier medio de impugnación que pudieran presentar”, puntualizó.
Sobre la respuesta del sindicato, el cual exigió que se cancelara el proceso de supresión; mencionó que la gremial fue notificada pero no ha explicado el incremento de las plazas, ni por qué no defendieron el derecho de los trabajadores o por qué permitían que les metieran bases.
Actos de corrupción que ya están siendo investigados, ya que entre las causales destaca la figura tanto de quienes recibieron las bases, como de quienes las otorgaron, añadió.
Invitando a los trabajadores a que presenten las denuncias correspondientes en contra de quienes les vendieron las plazas o los ayudaron a conseguirla de manera ilegal, aunque ello implique la posibilidad de ser señalados de cohecho.
Nuevas plazas o indemnizaciones
En conferencia de prensa, Geovanny Vásquez explicó que el decreto del Congreso del Estado para la revocación de nombramientos de base por supresión de plazas, es una facultad establecida en la Ley de Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado.
La cual establece en el artículo 39, fracción V, inciso J; que los nombramientos de los empleados dejarán de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado por la supresión de plazas que decrete el Congreso local.
Medida que no violenta el Art. 123 de la Constitucional Política, que en el apartado B fracción IX establece que en caso de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de Ley.
El Consejero Jurídico destacó que esta acción se realizó con base en el principio de austeridad republicana, ya que el recurso asignado para el pago de esta nómina excede el límite permitido en la Ley de Disciplina Financiera, para contratar recursos humanos, por lo que tampoco se abrirán nuevas plazas más allá de las previamente estipuladas en el convenio con el Sindicato.
No habrá impunidad
Al ser cuestionado sobre los alcances que tendrá esta medida en el combate contra la corrupción y si llegará a los exsecretarios de Administración, las dirigencias sindicales o incluso el exgobernador, el Consejero aseguró que esto no se trata de una venganza o revancha política, sino de hacer cumplir la norma. Por lo que se llegará hasta las últimas instancias para acabar con la impunidad que heredó el gobierno anterior.
