Chiapas.- El Juez de Control, Carlos Inocencio Morales Urbina, decidió vincular a proceso al médico urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca, acusado de abuso de autoridad por la hija del ex diputado y presidente municipal del PRI, Miguel Arturo Ramírez López quien murió a causa de COVID-19, tras ser atendido por el galeno en un Bunker VIP del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, en donde se atienden políticos, familiares y empresarios con coronavirus.
Mientras Morales Urbina dictaba la medida de prisión preventiva, afuera del penal, periodistas, amigos, familiares y personal médico protestaban y exigían la libertad de Grajales Yuca, con consignas y pancartas en mano.
Denunciando tráfico de influencias por parte de la hija del político muerto, identificada como Karen Alejandra Ramírez Molina, quien incluso habría inventando una testigo adicional al caso, con el respaldo de la Fiscalía del Estado.
Los abogados defensores, Antonio Juárez Navarro y Miguel Negrón lamentaron la decisión del juez, quien –subrayaron– en todo momento mantuvo una actitud parcial en el proceso, como un “juez de consigna”.
“Algo que no había visto en los jueces desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero”, soltó Negrón, quien defendió a personas injustamente encarceladas en ese sexenio.
Por su parte, Juárez Navarro manifestó que el proceso contra el médico está “lleno de violaciones constitucionales, no es un litigio, estamos defendiendo a un preso político”.
El abogado dijo que recurrirá al amparo y si es preciso llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto apenas empieza, advirtió.
Tras destacar que la justicia en Chiapas mantiene en “prisión preventiva” a un médico que está siendo investigado por un delito no grave, que no ha sido considerado peligroso por la unidad de medidas cautelares, abundó:
“Demostramos fehacientemente que el doctor tiene un domicilio en la ciudad, que está enfermo y necesita tratamiento, así como vigilancia estrecha”.
Expuso que el expediente clínico de la persona que murió no fue solicitado para acreditar que, en efecto, los medicamentos que se exigieron a la familia se los pusieron al paciente, y las recetas presentadas como pruebas en su contra no las firmó Grajales Yuca.
“Probamos que las recetas sólo se expiden cuando no se pidieron en bitácora. Acreditamos que el paciente no era derechohabiente y por tanto tenían que pedir medicinas, porque el hospital no las tenía”, agregó el abogado.
Asimismo, señaló que en el receso que dio el juez Morales Urbina, en medio de la audiencia judicial, escucharon la conferencia de prensa que en ese momento daba el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca acompañado de Karen Alejandra “N” y Ana Paola “N”, la nueva “testigo colaborador”.
“El fiscal del estado sale y dice una serie de cosas que nada tenían que ver, con una testigo falsa y presionada para mentir, hay pruebas. Luego regresó el juez y dijo que él sí consideraba peligroso al doctor y que se tiene que quedar detenido para que no vaya a lastimar a la supuesta víctima.
“¿Con qué? ¿Con su estetoscopio? Esas son sus armas, las que todos los médicos usan”, alegó el jurista.
De acuerdo con Llaven Abarca, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias de investigación por el delito de abuso de autoridad en contra de Gerardo Vicente “N”.
Destacó que investiga la estructura directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) para el esclarecimiento total de los hechos y deslindar responsabilidades con una política de cero impunidad.
El funcionario informó que derivado de una denuncia presentada el 17 de julio, la FGE logró acreditar la responsabilidad del hoy imputado, solicitando y cumplimentando la orden de aprehensión en su contra conforme a derecho.
Señaló que, en las diligencias de investigación para la integración correspondiente de la carpeta de investigación, Ana Paola “N” hizo uso del criterio de oportunidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.
Asimismo, Llaven Abarca señaló que el 28 de julio se inició otra carpeta de investigación en contra del hoy imputado en agravio de Gustavo “N”, quien refirió que le solicitó una cantidad de dinero para recibir atención integral en el Hospital de Especialidades Vida Mejor.
Médicos y personal de ese nosocomio se manifestaron preocupados ante la fragilidad del delito que se imputa a Grajales Yuca, ya que ahora se pretende encuadrar el de asociación delictuosa, pero para ello tienen que detener a más presuntos culpables.
Señalaron que ningún paciente covid no derechohabiente ingresaba al Bunker Co-VIP, lugar donde fue atendido Ramírez López, sin la anuencia del subdirector del ISSTECH, Marco Antonio Ordóñez.
Eran los pacientes “recomendados” desde los más altos directivos, todos ingresaban casi de la mano de este funcionario, apuntaron.
Y él mismo se encargaba de asignarles la cama en la que se quedarían e informaba a sus superiores, dijeron los médicos. El doctor Ordóñez sabía quién ingresaba y a quien daban de alta, todo a detalle, recalcaron.
También sostuvieron que, ocho días antes de su captura, al doctor Grajales Yuca le dieron una buena noticia: que le darían su base como trabajador del ISSTECH, pero para ello tenía que firmar a su renuncia como trabajador de confianza. Que le darían dos meses de interinato y posteriormente se le asignaría su plaza base.
En ese momento el médico no sabía que ya le estaban integrando una carpeta de investigación.
El sábado 25 le llamaron a su casa, y ese día su mamá estaba de visita. Grajales Yuca dijo que saldría porque el “director del #ISSTECH” le había pedido atender un paciente grave en el Hospital Vida Mejor. Una cuadra después de salir de su casa lo interceptaron los agentes de la FGE.
Este sábado, se informó que el médico Vicente Gerardo Grajales Yuca, fue trasladado a un hospital particular del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tras presentar una crisis neurológica secundaria o crisis hipertensiva en el interior de su celda del Centro Penitenciario Numero 1, conocido como “El Canelo”.
De acuerdo con fuentes policiacas, el imputado fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien custodió al galeno acusado por el delito de abuso de autoridad, desde la cárcel al nosocomio llamado “Muñoa”, para que se le realizara una valoración médica.
Grajales Yuca al parecer es acompañado en su habitación por su esposa María Fernanda Ochoa Esquinca y también está custodiado por elementos de la Policía Estatal Preventiva.
El abogado defensor de Gerardo Grajales Yuca, Miguel Negrón, afirmó no tener conocimiento de que su cliente haya sido trasladado a un hospital. “Nos tienen que avisar como su abogado. “Creemos que sea una fake news”, acotó.
Sin embargo, familiares del galeno se hicieron presentes en el nosocomio, con la esperanza de que pueda ser liberado. Llegaron a preguntar y solo les dijeron que el médico se encuentraen la suite Sevilla.
Con información de Apro y Excélsior
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