• Diputadas y diputados expresan inquietudes sobre extinción de los fideicomisos y acciones contra funcionarios
• Al cierre de 2019, se tenían 338 fideicomisos sin estructura: Sandoval Ballesteros
Con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, compareció, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho, le tomó protesta de decir verdad a la funcionaria, en términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política.
El diputado Alejandro Mojica Toledo (Morena) consideró que es evidente que la SFP es una autoridad que juega un papel fundamental para acabar con la corrupción y la frivolidad que ha desvirtuado el sentido del servicio público. Preguntó ¿qué reformas considera necesarias para atender las quejas sobre la supuesta inoperatividad, contradicciones o lagunas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas?
De la misma bancada, Alfredo Antonio Gordillo Moreno destacó que los ciudadanos esperan del Gobierno un buen desempeño, que realice sus tareas de manera eficiente, optimice los recursos públicos y atienda las demandas y necesidades de la sociedad. Pidió información sobre las auditorías de desempeño que realiza la SFP para mejorar la gestión pública y garantizar que las entidades, estrategias, políticas públicas y programas cumplan con el mandato.
México puede declarar muerto su proceso de consolidación democrática
La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) afirmó que es claro que este Gobierno es reacio a la rendición de cuentas y a los controles democráticos y puntualizó: “México puede declarar oficialmente muerto su proceso de consolidación de la democracia”. Preguntó sobre los motivos de la cancelación del nuevo aeropuerto y de las investigaciones del enriquecimiento de Manuel Bartlett. “La Ley espera ser cumplida sin pretextos ni salidas victimizantes”.
El uso racional de recursos debe ser pilar en la gestión pública
Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado del PRI, consideró que la transparencia y rendición de cuentas representan el componente de cambio en la interacción de las instituciones con la ciudadanía. Agregó que su grupo parlamentario está convencido de que el uso racional de los recursos debe ser un pilar en el desempeño de la gestión pública para dar resultados positivos.
Necesario, dar instrumentos legales a la Secretaría
El diputado Óscar González Yáñez (PT) dijo que la Secretaría de la Función Pública no tiene los instrumentos legales para actuar; por ello, afirmó, es necesario dárselos, porque “si pedimos cosas, podemos pasar por los derechos de servidores públicos, pero cómo le hacemos si el instrumento legal no ayuda, y esa es responsabilidad nuestra. No pidamos lo que no se puede hacer”.
Está paralizada la Plataforma Nacional Digital
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) preguntó ¿cómo estamos en la construcción de la plataforma nacional digital que mandata la Ley Anticorrupción del Sistema porque actualmente está paralizada? Y agregó que desde el 2019 se tuvo la posibilidad de instalar Comités Técnicos de fideicomisos, ¿por qué no se instalaron? ¿Por qué se optó por desaparecerlos?
Falta dar seguimiento a denuncias contra funcionarios
De Encuentro Social, la diputada Carolina García Aguilar dijo que la lucha contra la corrupción no es una bandera discursiva más, es un compromiso y puntualizó que quedaron en el pasado los derroches y despilfarros gracias a la reducción del 75 por ciento de los gastos generales del Gobierno; sin embargo, afirmó que aún está pendiente el seguimiento a denuncias en contra de algunos funcionarios de ésta y otras administraciones.
Irregularidades y opacidad, constantes en esta administración
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez (PRD) subrayó que las irregularidades, opacidad y conflicto de intereses han sido constantes en esta gestión. Afirmó que tres de cada cuatro contratos del Gobierno se han dado por adjudicación directa violando la Constitución y las leyes. La crisis por la pandemia abrió la puerta para que diversas dependencias contratarán con carácter de urgente sin tener que pasar por un proceso de licitación pública.
En esta administración no se ha protegido a nadie
En su intervención inicial, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló que se han acelerado las acciones para terminar con la impunidad y construir una administración pública orientada a la legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que verdaderamente contribuya al bienestar de las y los mexicanos. Este Gobierno, afirmó, será recordado por moralizar la política y por inaugurar una nueva ética pública.
Informó que se han impuesto más de cinco mil sanciones a servidores públicos, entre las cuales destacan más de mil 500 inhabilitaciones, casi mil suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones.
“Todas ellas, se han determinado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados; se han sancionado a los funcionarios de los más altos niveles, exsecretarios de Estado, exdirectores generales de empresas productivas del Estado, exgobernadores y otrora miembros del gabinete de seguridad enfrentan ya procesos judiciales y administrativos”, explicó.
“Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido la sanción administrativa más alta posible; esta administración no ha protegido a nadie”, añadió.
Indicó que la impunidad ante violaciones a los derechos humanos también es historia. La Secretaría, añadió, ha aplicado todas las sanciones administrativas y ha promovido procesos judiciales; en sólo dos años “he presentado ante la Fiscalía General de la República más de 513 denuncias penales; dos veces más que en todo el sexenio pasado”.
Precisó que se han sancionado a 321 proveedores y contratistas; se han impuesto multas resarcitorias por un monto de más de mil 500 millones de pesos. A lo largo de la pandemia se han realizado acompañamientos fiscalizadores y de asesoría, a más de tres mil 300 procesos de contratación en el sector salud, por más de 9 mil 500 millones de pesos.
“Estamos realizando una revisión escrupulosa de todas las contrataciones para asegurar que la emergencia no sea pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México; el Gobierno auspicia el derecho a la salud y asegura que este prevalezca por encima de cualquier interés de lucro”, apuntó.
Refirió que desde septiembre 2019 se han recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción; en las últimas semanas, se han aplicado multas por más de 21 millones de pesos a más de una docena de proveedores. Además, se apoyan los proyectos prioritarios como el Tren Maya, los programas de bienestar, las refinerías y diversos temas de Petróleos Mexicanos.
Añadió que hoy “la Cuarta Transformación avanza con el apoyo del pueblo. El 65 por ciento de los mexicanos confía en la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente de la República; gracias al trabajo que se ha realizado se duplicó la confianza en el Gobierno y se redujo en más del 23 por ciento la percepción de la corrupción”.
En respuesta a los comentarios de las y los diputados, la titular de la Función Pública expuso que en la construcción de la Plataforma Nacional Digital se trabaja al cien por ciento con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Añadió que se han recuperado alrededor de diez mil millones de pesos en materia de recursos federales e iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa.
Sobre el tema de los fideicomisos, expuso que éstos son meros contratos e instrumentos financieros que involucran una disposición de dinero encomendada de buena fe a una institución financiera para su entrega final a una tercera persona o a una causa específica; sin embargo, tienen que estar sobre la base de la continua transparencia y rendición de cuentas.
Añadió que con la eliminación de 109 fideicomisos no se cancelan los objetivos de los mismos, sino se “cancelan los cheques en blanco, la fe depositada en bancos y en instituciones financieras, así como el descontrol de los operadores opacos políticos y privados de los fondos; no se van a cancelar las becas, los subsidios ni los proyectos, pero ahora habrá mecanismos presupuestales que garanticen transparencia y rendición de cuentas”.
Subrayó que al cierre de 2019, se tenían 338 fideicomisos sin estructura y con disponibilidades de 740 mil millones de pesos, lo que representa el 22 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación
En la primera ronda de preguntas-respuestas-réplica, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) sostuvo que “la corrupción era un cáncer que destruía al país, pero hoy escuchamos un decidido combate”. Preguntó qué medidas tiene la Función Pública respecto de la figura de los testigos sociales y cómo se protege a los denunciantes.
De la misma bancada, el diputado Armando Contreras Castillo pidió saber qué pasos ha dado la presente administración para promover una sustancial participación de la sociedad organizada y no organizada en el control del Gobierno, y cuáles son las acciones de la dependencia, a fin de promover una nueva ética entre los proveedores y contratistas del Gobierno.
Vigilar adjudicaciones directas
Por el PAN, la diputada Martha Elisa González Estrada resaltó que de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, durante los primeros 9 meses de 2020 la Administración Pública Federal ha firmado 104 mil 999 contratos por 333 mil 910 millones de pesos, de los que el 79.3 por ciento han sido adjudicados de manera directa. Cuál ha sido la intervención de la SFP en las secretarías para que se respete el texto constitucional y cuántos procesos se han iniciado por adjudicaciones directas, preguntó.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Sonia Rocha Acosta aseguró que aumentó la discrecionalidad y opacidad en la designación de adquisiciones. “No se ha respetado el protocolo de licitaciones públicas; las compras del Gobierno deben ser bajo los principios de transparencia. La adjudicación directa debe ser la excepción y no la regla. La Secretaría requiere llevar a cabo las investigaciones de forma imparcial y evitar impunidad”.
Perspectiva de género en el servicio público
La diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) destacó que en los últimos 40 años las mujeres han ocupado solamente el 12 por ciento de las secretarías de Estado en los diferentes gabinetes; uno de cada tres puestos de mando es ocupado por mujeres en el Gobierno federal, por lo que pugnó por garantizar la perspectiva de género en la capacitación y profesionalismo del servicio público, y cuestionó cómo promueve la SFP el servicio profesional de carrera.
Consecuencias para quien deforma el servicio público
José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, mencionó que ahora hay consecuencias jurídicas para aquellas personas que deforman el servicio público y “reafirmamos nuestro compromiso para acabar con la corrupción”. Preguntó a la funcionaria sobre las acciones preventivas que implementa para combatir y erradicar hechos de corrupción y si se cuenta con los avances tecnológicos necesarios para realizar auditorías en tiempo real.
Colaboradores del Gobierno violan la ley
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) dijo que la corrupción no es el motivo principal para desaparecer los fideicomisos porque pudieron haberse reforzado, a fin de tener una mejor administración y transparencia de estas figuras administrativo financieras; “el verdadero fin es la concentración de los recursos para el manejo discrecional del gobierno federal, ésa es la realidad”.
Delincuencia organizada en el deporte
De Encuentro Social, el diputado Ernesto Vargas Contreras entregó a la secretaria una investigación del SAT sobre la red de corrupción en el deporte nacional: “Estamos hablando ya de delincuencia organizada. Hay empresas que utiliza la Conade para contratar servicios, reportan ingresos, pero no utilidades, y no pagan impuestos; están en Campeche, simulan operaciones financieras, es decir son factureras”.
Fonadin se maneja de manera discrecional
Del PRD, el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo comentó que el Fondo Nacional de Infraestructura se maneja de manera discrecional porque no se da a conocer cómo y bajo qué reglas se utilizan los recursos. Requirió información respecto de cuánto ingresa al fondo y la manera en que se maneja. Además, qué ha hecho la secretaría en el caso de Notimex.
Defensa de víctimas de la corrupción
La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) celebró la creación de la coordinación general de ciudadanización y defensa de víctimas de la corrupción y preguntó cuáles son las principales políticas, estrategias y planes, de conformidad con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la impunidad y de mejora de gestión pública 2020-2024, a fin de vincular a la ciudadanía en la estrategia contra la corrupción.
No nos tiembla la mano contra quienes abusan
En sus respuestas, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros indicó que en el tema de los testigos sociales es importante tener su acompañamiento legal, aunque se trabaja por recuperar una nueva ética pública y por ello, a raíz de la reforma de la Ley de Adquisiciones “estamos proponiendo fortalecer el rol al eliminar la figura, pero sustituyéndola con otra, que es la de los ciudadanos que observan las compras”.
También se plantea fortalecer “lo que ya tenemos asignado, que es el ámbito de nuestra fiscalización y control a las compras públicas, porque no vamos a permitir que el responsable de las compras, que es la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, interprete su propia fiscalización”. Además, “estamos proponiendo reducir el porcentaje de subcontratación que hoy permite un 49 por ciento y se plantea limitarlo a 20 por ciento”.
Afirmó que en esta administración se evitan los conflictos de interés, la colusión y las diversas faltas administrativas que “eran la regla de oro en el pasado. No nos tiembla la mano para quienes están abusando de nuestro Estado, y para quienes actúan con dolo”.
En el procedimiento de compras consolidadas, dijo, damos un acompañamiento; se han recibido muchas denuncias y en las últimas semanas se aplicaron multas millonarias a más de una docena de proveedores, solamente en el ISSSTE. Asimismo, se inhabilitaron y multaron a empresas que son monopolios en la distribución de medicamentos.
Reconoció que falta mucho por trabajar en temas de la paridad en general, mientras hay más de 35 mil hombres en puestos de mando en la administración federal, solamente hay 26 mil 700 mujeres en semejantes áreas jerárquicas y “aunque en este Gobierno las mujeres son mayoría en las direcciones generales sólo hay un 30 por ciento de ellas”.
Expuso que uno de cada cinco pesos del presupuesto que se dedicaba a compras de bienes y servicios se iba al bote de la corrupción; en lo que va del 2020, se ha podido generar ahorros por 80 mil 672 millones de pesos en materia de consolidación de las adquisiciones; en el sector salud los ahorros ascienden a 18 mil 481 millones de pesos en compras consolidadas, también en medicamentos y materiales de curación.
Sobre las reformas, expuso que la pretensión es incorporar la bitácora electrónica en materia de adquisiciones, pues “este sistema electrónico de compras gubernamentales va a permitir ser una herramienta para la fiscalización y para las tareas de acompañamiento a las compras consolidadas y de todo tipo”. También se busca sustituir la figura de testigo social en las compras públicas por una nueva figura de observador ciudadano.
Sandoval Ballesteros afirmó que la eliminación de los fideicomisos acabará con los intermediarios. “Ya no queremos esas intermediarias financieras que lucraban con los millonarios recursos del presupuesto. Se trata de tener esos recursos bien controlados y sujetos a la rendición de cuentas para entregarlos a los mexicanos a través la política de bienestar”.
Mencionó que hay en trámite casi 100 expedientes que se relacionan con las delegaciones de “estas dispendiosas estructuras del pasado y también de actuales” y ya están en proceso de asignación de responsabilidad algunas de ellas.
Respecto a la investigación del SAT sobre el deporte, solicitó hacerla más formal para integrarla a las direcciones generales. “Ayudará mucho que usted ya tiene el mapeo de las relaciones con empresas, porque también podemos hacer una revisión en esos temas. Reitero que lo nuestro es administrativo, no penal, pero no nos tiembla la mano para hacer las denuncias penales desde la Secretaría”.
En cuanto al Fonadin, indicó que es un fideicomiso de la Secretaría de Hacienda y “vamos a tener mucho cuidado en la auditoría que vamos a realizarle, porque tampoco se va a librar de una muy buena auditoría a profundidad”. Aclaró que este fondo no desaparece y seguirá ayudando a la infraestructura.
Respecto a la Agencia de Noticias de Notimex, dijo que se han iniciado dos investigaciones contra miembros del Sindicato Único de Trabajadores, así como sobre comprobaciones de viáticos de algunos funcionarios que fueron acusados de abusar de las prerrogativas de viajes al extranjero. También se estudian las denuncias contra la directora debido a presuntos ataques o acosos cibernéticos en redes sociales hacia periodistas y trabajadores de la Agencia.
Comentó que se ha trabajado claramente para transformar de fondo la lógica de la participación de los ciudadanos y fue abierta una plataforma de denuncias. En 2019 se lanzó el sistema de los ciudadanos alertadores de la corrupción y la coordinación general de ciudadanización y defensa de víctimas de la corrupción trabaja con los órganos de vigilancia y control. Se protege a los ciudadanos porque necesitan garantías laborales, cívicas y de seguridad.
