• Las Audiencias fueron convocadas por las comisiones de Justicia y de Salud
Este sábado concluyeron las Audiencias Públicas sobre la Minuta en materia de Regulación del Cannabis, que fueron convocadas por las comisiones de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados.
En esta jornada, expertos y usuarios consideraron que la propuesta actual contraviene distintas normativas, por lo que requiere de cambios que beneficien al aprovechamiento de esta sustancia y sus variantes, así como para mejorar el apartado de derechos e incentivar la recaudación fiscal.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, comentó que lo más importante es que el Poder Legislativo se abrió a todas las voces y expresiones, y reiteró el compromiso de revisar lo planteado por los ponentes.
La diputada Verónica Juárez Piña (PRD), quien fungió como moderadora, dijo que el Estado debe garantizar los derechos de todas y todos, especialmente de las y los usuarios quienes terminan siendo víctimas de extorsiones por parte de autoridades.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), secretaria de la Comisión de Justicia, señaló que hay interés de que quede bien reglamentado el uso medicinal y para investigación de la cannabis, sobre todo para pacientes que requieren de su acceso.
Ponentes piden rectificar y mejorar el dictamen
María Elena Medina-Mora Icaza, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, comentó que debe analizarse desde el enfoque de salud pública para ver las ventajas y desventajas. Planteó revisar el tema del consumo problemático a partir de los 18 años; sin embargo, aclaró, la dependencia en promedio se forma a los 17 años, por lo que tienen que considerarse todas las edades. “La consecuencia de tener jóvenes en la cárcel supera el beneficio de poder portar pequeñas dosis”.
Pedro Nicoletti Motta, cofundador de CANNATIVA y cultivador de más de 10 años en la industria legal, dijo que se debe terminar el paradigma prohibicionista que tanto daño ha hecho y hacer valer el derecho al consumo en la práctica, pero faltan capacidades para incentivar que la población se involucre con el objeto de esta ley. “En comunidad debemos salir adelante, no sólo en esta ley, sino en aplicar este derecho”.
Juan Pablo Ibarra Chapoy, del Movimiento Cannábico Mexicano, relató que los usuarios de mariguana tienen al menos una historia de abuso policial, discriminación, se les intimida y prohíbe su derecho a la protesta. “A pesar de que el cannabis es una planta de la herbolaria usada para más cosas, su semilla tiene la capacidad de nutrir a millones de personas en pobreza, además de que ayuda a personas con Alzheimer y Parkinson. La tarea de los diputados es garantizar el libre derecho de la personalidad”, expuso.
También del Movimiento Cannábico Mexicano, Erandeny Gutiérrez Yáñez, lamentó que si en un test de mariguana se sale positivo se les despide, en el caso de las mujeres se les quita hijos al considerar que no son aptas, pierden la libertad e incluso siempre son extorsionados. Relató cómo fue víctima de extorsión de policías federales: “Revisaron mis cosas y mi ropa íntima; me sentí abusada y humillada; así como mi caso hay miles y esto ya lleva 100 años, mientras el cannabis se encuentre en el Código Penal los abusos continuarán”.
María del Consuelo Monroy Dávila, presidenta de Siembra Cultura, A.C., dijo que harán llegar un documento más amplio con correcciones y aportaciones. Pidió ajustar dl dictamen al marco legal internacional sobre el uso del cannabis, y que haya un protocolo especial para mayor control y evitar que personas sin la madurez necesaria la consuman; reducir y multas para no fomentar la corrupción, así como establecer en consenso de zonas libres de humo.
Alfonso Jesús García Pérez, vocal ciudadano de Conagua, consideró que una vez aprobada esta reforma ya no será necesario el autocultivo, además que podría ayudar a que haya ingresos públicos hasta por 4 mil millones de pesos para la salud. “El 80 por ciento de los artículos en lo referente a la Ley General de Salud en materia de los cannabis no aplican, son contradictorios, por lo que esta parte debe ser desechada”, apuntó.
Isabel Camarena Reyes, de Mujeres Cannábicas de Mariguana Liberación, propuso que en el dictamen se establezcan campañas de concientización que deben estar basadas en estudios científicos para explicar sobre el daño de los estupefacientes, además de que la Secretaría de Salud sea la coordinadora y responsable de dichas campañas.
Ana Laura Coronado Cervantes, también de Mariguana Liberación, presentó diversas modificaciones y correcciones a la minuta, entre las que destaca que para los usos médicos y científicos deberá haber autorización de la Secretaría de Salud, así como otros ajustes que ayuden a mejorar el control y aprovechamiento.
Daniel Quiroz Uhart, del Centro de Amparos de Autocultivo, dijo que 200 gramos es demasiada cantidad, por lo que deben fijarse los montos máximos de manera adecuada, pues quien los porte podría ser juzgado como narcotraficante. Añadió que hay lagunas y no se distinguen los tipos de cannabis.
A su vez, Brenda Lachman, representante del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, recomendó la aplicación de programas sobre el uso ecológico del cáñamo para que sustituya el uso de madera para muebles y papel, así como derivados del petróleo.
Yesica Aglae Velázquez Sánchez, del Colectivo Feministas Cannábicas, aseguró que es desproporcionada y absurda la multa a quien fume en áreas prohibidas, ya que fomenta la corrupción, cuando la sola sanción puede evitar que se repita esta conducta. Mencionó que el modelo que proponen las asociaciones ayudará a que ingresen recursos para el sector salud, se sustituyan derivados del petróleo y se eliminen contaminantes
Sylvia Ginsberg Vaquero, integrante de este movimiento, planteó que se aprovechen y reutilicen las fibras del cannabis o cáñamo y se fomente sus usos ecológicos.
Juan Carlos Martí, representante de Campo Mexicano Cannabis y Mujeres, alertó que replicar un modelo como el usado en legislaciones locales de EU provocaría una baja recaudación, usura, oligopolios, monocultivos. cultivos abusivos y bajo techo. Llamó a fomentar el uso ecológico, como sustitución de madera para papel y fibras, rescate de áreas de filtración, y que este material sustituya al nylon y poliéster, incluso gasolina con biodiesel.
De la revista “Cáñamo”, Leopoldo Rivera solicitó que se elimine al cannabis del Código Penal Federal y sea considerada una sustancia para aplicaciones terapéuticas y no peligrosa. Cuestionó de qué han servido cien años de prohibición, pues se han gastado millones de pesos y se han perdido miles de vidas humanas.
Janeliy López González, socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis, resaltó que la mariguana tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades que afectan su sistema nervioso o neurológico. “Las madres de estos enfermos somos orilladas a acudir al mercado no regulado, por lo que somos criminalizadas y presas de procesos burocráticos antes autoridades sanitarias insensibles”.
Gobierno, industria, sociedad y academia fijan postura sobre la minuta en materia de regulación de cannabis
En el primer día de las audiencias públicas sobre la minuta en materia de regulación de cannabis, convocada por las comisiones unidas de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados, funcionarios, sector industrial, sociedad civil, asociaciones, académicos e investigadores, expresaron sus posturas sobre el tema.
No se pretende promover el uso y consumo de cannabis
El coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer Villanueva, expresó que con la legislación se busca una regulación estricta y adecuada, no se pretende promover el uso y consumo de cannabis.
Agregó que se pretende que la producción destinada al mercado sea una actividad legal y no sujeta a penalizaciones pero, al mismo tiempo, se plantea que quienes no cumplan con las reglas sigan siendo sujetos de sanciones administrativas o penales.
Se necesita, dijo, que la reforma ayude a los productores rurales que han estado sujetos a la penalización y a un sistema prohibicionista. Además, que favorezca una nueva realidad para México y genere bienes públicos, bienestar y una situación que contribuya a la tranquilidad de las comunidades en el campo y en las ciudades.
Consideró necesario analizar el tema de los cigarros electrónicos que permiten la sustancia activa de cannabis, y planteó a la Cámara solicitar una prórroga para aprobar las reformas, a efecto de mejorarla.
Acabar con el mercado negro
El exdiputado federal, Fernando Belaunzarán Méndez, llamó a quitar la penalización del consumo, que los usuarios no pisen un Ministerio Público, ni sean perseguidos por las autoridades y que haya sanciones de manera administrativa, a efecto de reducir actos de corrupción, acabar con el mercado negro e incluir a los campesinos pobres, pues una sobrerregulación pondría barreras para los productores. “La despenalización efectiva es crucial”.
Sector industrial
Madelyn Guerrero Lugo, gerente de Asuntos Regulatorios de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, resaltó que diversas investigaciones han demostrado que se pueden aprovechar las propiedades cosméticas de cannabis no psicoactivo y precisó que en la minuta no hay mucha certeza de que se permita el uso en fines de belleza; “debe hacerse explícita la autorización”.
El vicepresidente de la Concanaco-Servitur, Antonio del Hierro Lee, consideró necesario aprovechar el mercado de cannabis; contemplar las experiencias internacionales, en temas de exportación, investigación y control de calidad, lo que ayudará a que México sea más progresista, así como generar empleos, ingresos y oportunidades para todos.
Sociedad civil y asociaciones
Para Lisa Sánchez, directora general de México Unido por la Delincuencia, es fundamental que el Congreso de la Unión regule el mercado de cannabis, a fin de que las personas adultas tengan un acceso seguro a la sustancia, y debe ampliar el derecho al libre desarrollo de las personas consumidoras. “La minuta no cumple con todos los criterios que establece la Suprema Corte de Justicia”, señaló.
Tania Ramírez, directora del Programa de Política de Drogas en México Unido Contra la Delincuencia, resaltó que el dictamen no responde a las necesidades; no se cumple con el mandato de la Corte al no respetar el libre desarrollo de la personalidad y no regular de manera correcta, y además se “está creando un mercado totalmente para la industria, sin límites a la misma y que lo último que toma en cuenta es proteger a las personas”.
Martín Barriuso, en representación de la Federación de Asociaciones Cannábicas Pannagh-España, mencionó que las principales ventajas de un club social de cannabis es que desde el primer momento en que empiezan a funcionar, miles de personas “inmediatamente dejan de recurrir al mercado ilícito”, y al ser entidades sin fines de lucro, no hay interés de enriquecimiento o de incitar al consumo.
De la Federación de Asociaciones de Cannabis, Ana Afuera, sostuvo que “cualquier regulación será mejor que los devastadores impactos negativos de la prohibición y proporcionará más control”; pero si se articula teniendo en cuenta aspectos relativos a la seguridad, salud y derechos humanos, se pueden prevenir muchos impactos negativos e inesperados.
Amaya Ordorika Imaz, coordinadora general de Incidencia Política de ReverdeSer Colectivo, mencionó que la minuta establece límites para los puntos de venta; prohíbe la publicidad de productos con cannabis; hay limitaciones en los espacios de consumo;, restricciones a las asociaciones y criminaliza a las personas usuarias de cannabis. “De aprobarse la minuta, se tendría una regulación sin despenalizar la posesión de la planta y de su consumo”.
Eda Myrna Martínez Pazaran, presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, dijo que la ley debe cumplir la expectativa de regular los actos ilegales en materia de comercio del producto, como el intervenir en los procesos de cultivo, producción y comercialización. Señaló que cerrarle las puertas al sector primario del país obligaría a consumir la materia prima del extranjero. Propuso una licencia a este sector para exportar.
Mariana Larrea, de la Asociación Mexicana para la Investigación, Normalización y Legalización de la Cannabis, precisó que la regulación ofrece oportunidades comerciales, industriales, inversión extranjera, empleos, desarrollo de la medicina, entre otros. “En medio de una pandemia se debe dar énfasis al desarrollo económico; nada en la ley es viable si no se elimina la criminalización a la siembra y la cosecha”.
Académicos e investigadores
Raúl Martín Del Campo, director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría, hizo un llamado a no precipitar la ley y estudiar con profundidad sus impactos. Estimó fundamental que se reconozca los efectos del consumo en exceso de la sustancia y despenalizar a los consumidores.
Agustín Antonio Herrera Fragoso, integrante de la Academia Nacional Mexicana de Bioética AC, indicó que si se da una licencia para comercializar, también se debe dar para el consumo. Hay que tener consideraciones de las necesidades sociales y de salud en todas las etapas de la vida; un trabajo conjunto de diversos sectores y responsabilidad hacia las nuevas generaciones.
La cofundadora del Instituto RIA, Zara Snapp, consideró necesario eliminar el delito de posesión simple y cualquier delito referente; homologar los espacios de consumo a los ya existentes para tabaco, para que no haya multas que puedan discriminar a las personas usuarias. Además, garantizar la participación en la siembra y producción a las Pymes, comunidades de cultivadores, indígenas y ejidales. “Es importante el apoyo a pequeños productores”.
El coordinador de la maestría en picoterapia de las adicciones del CIES, Mario Souza y Machorro, precisó que los usos recreativos o lúdicos de la mariguana son inexactos; la adición se da en uno de cada nueve usuarios, pero si se inicia en la adolescencia, es uno de cada seis; provoca un policonsumo de otras drogas, y daños a la salud, entre ellos, alteración de la memoria y hormonas, dificultad para prestar atención, ansiedad, daña memoria y concentración, altera el control motor, mala salud respiratoria y violencia.
John Walsh, de Washington Office on Latin America, enfatizó que lo más importante en el diseño de la norma debe ser asegurar la inclusión y lograr justicia social y “no se puede hablar de esta si no hay un diseño que permita la inclusión de los más desprotegidos y que sufren la guerra por las drogas y la prohibición”.
Tom Blickman, coordinador superior de proyectos Transnational Institute, precisó que el dictamen establece disposiciones desproporcionadas y estimó que se deben evitar los monopolios y cárteles de las grandes corporaciones para que el mercado sea justo. Estimó que para contrarrestar los monopolios valdría la pena considerar la posibilidad de establecer ciertos límites a la cuota de mercado que pueda tener una ampliación.
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