El pasado 16 de octubre, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, fue detenido en Los Ángeles, California, acusado de vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, tras los reclamos del gobierno mexicano, el militar fue liberado y el gobierno norteamericano desistió del caso, limitándose a deportar a Cienfuegos asegurando que entregaría la información de sus investigaciones a la justicia mexicana.
A su llegada al país, la Fiscalía General de la República le notificó al ex responsable de la política de seguridad nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se le mencionaba en una investigación federal, sin embargo no ejerció ninguna medida en su contra.
Desde ese momento no se informó más del caso, hasta este jueves en el que por medio de un comunicado, la Fiscalía detalló que realizó “todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, concluyendo que Cienfuegos Zepeda “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos para protegerlos o ayudarlos.
“Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”, añade el documento.
Tras estos argumentos, la FGR menciona que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), “ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda”.
