Ciudad de México.- La inseguridad y la violencia, principalmente del crimen organizado, ha continuado creciendo desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México; alcanzando cifras históricas en homicidios dolosos y feminicidios.

Aunque gran parte de la escalada de violencia es una herencia transexenal que se agravó durante la administración de Felipe Calderón y que creció ante las omisiones de su sucesor Enrique Peña Nieto; la estrategia que a implementado el actual gobierno federal, tampoco ha dado resultados, contrario a lo que asegura el Presidente López Obrador.

Ocupado en buscar culpables de esta situación, el mandatario mexicano pidió –durante su conferencia matutina– al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que enviara una “nota diplomática” al gobierno de Estados Unidos, para que informe sobre el operativo “Rápido y Furioso”.

En respuesta, el canciller publicó un video donde lee la misiva, en la que solicita que se le proporcione “toda la información que se disponga sobre el operativo Rápido y Furioso”.

“Hay dudas fundadas con respecto a lo ocurrido, si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo , entonces estaríamos ante grandes violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan, por parte de los que ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y al la sociedad”, declaró el funcionario.

Agregó que si México y sus autoridades desconocían el operativo, “entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada, provocando homicidios y otros grandes delitos contra nuestra sociedad”.

Dicha operación fue una iniciativa de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la cual consistía en introducir armas ilegales a México, para rastrear los grandes grupos de contrabandistas entre ambas fronteras, sin embargo, hasta la fecha se desconocen los detalles de lo que podría ser considerado un acto violatorio a la soberanía nacional, de acuerdo al presidente Obrador.

Este hecho tuvo lugar durante la administración de Felipe Calderón, entre 2006 y 2011, años en los que se permitió el tráfico de más de 2 mil 500 armas a México.

De acuerdo a los reportes presentados, la mayoría de este armamento terminó en manos del crimen organizado, quienes libraban literalmente una guerra con las fuerzas federales, principalmente el Ejército y la Marina.

Aunque el expresidente Calderón ya ha negado que tuviera conocimiento del mismo, la agencia norteamericana informó que el entonces Procurador Eduardo Medina Mora, sí estaba enterado.

La periodista Dolia Estévez difundió un memorando donde la ATF señala a Medina Mora, como copartícipe en un programa que antecedió a Rapido y Furioso, denominado “Gunrunner”.

En el texto se revela que el 16 de noviembre de 2007 el Fiscal General de EU, Michael Mukasey, se reunión con Medina Mora en Washington. DC; para definir “el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes de armas”.

Sobre el encuentro, la entonces Procuraduría General de la República, informó a través de un comunicado, que se habían revisado temas de la agenda bilateral en materia de justicia.

El proyecto Gunrunner fue precursor a la operación “Rápido y Furioso” e inció como un programa piloto en Laredo, Texas, y se expandió como iniciativa nacional en 2006.

Diego Martínez @diegomtzsanchez

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