CDMX — El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial activó un procedimiento administrativo en contra de la jueza federal en retiro, Martha Eugenia Magaña López, en lo que colectivos judiciales, defensores de derechos humanos y la propia afectada califican como un acto abierto de persecución política y venganza institucional por haber dictado una suspensión que frenaba el debate de la reforma judicial en agosto de 2024.
La represalia del Estado contra la exjuzgadora de distrito se fundamenta en una queja formal que interpuso la Secretaría de Gobernación tras su fallo. Aunque en su momento el Congreso de la Unión ignoró por completo la orden judicial y continuó con el proceso legislativo, el gobierno federal mantuvo la presión sobre Magaña López hasta turnar el expediente al nuevo órgano disciplinario, diseñado precisamente bajo las reglas de la misma reforma para fiscalizar a los impartidores de justicia.
A su llegada a las oficinas del tribunal para comparecer ante el citatorio, Magaña López denunció que este proceso es una “mordaza” operada desde el poder para amedrentar a cualquier juzgador que actúe con independencia. La jueza, quien decidió jubilarse de manera anticipada para no convalidar el nuevo sistema electoral judicial, recordó que el acoso en su contra comenzó de manera sistemática desde las conferencias matutinas presidenciales y las tribunas del Senado tras haber emitido su resolución.
El procedimiento busca castigar la autonomía de la exjuzgadora mediante sanciones administrativas que podrían escalar hasta la inhabilitación definitiva para ocupar cargos públicos. Organizaciones civiles alertaron que este caso es un intento de intimidación colectiva para enviar un mensaje de control absoluto sobre los jueces que aún permanecen en funciones y que pretendan emitir sentencias contrarias a las políticas de la administración federal.
La persecución contra Magaña López provocó protestas afuera de las instalaciones del tribunal, donde decenas de manifestantes, estudiantes de derecho y excolegas se congregaron para acusar que el Tribunal de Disciplina Judicial está operando con un carácter “inquisitorio” que aniquila la división de poderes. El caso no es un hecho aislado, pues fuentes cercanas al sector judicial confirman que el órgano mantiene abiertos al menos 248 expedientes de investigación contra trabajadores y jueces que han fallado en contra de la reforma o de los intereses gubernamentales.
