Zacatecas.– El conflicto social por la crisis en el acopio de granos en Zacatecas escaló este fin de semana hacia una crisis de gobernabilidad, tras la intervención de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) para desalojar un plantón de productores de frijol, docentes y colectivos civiles.
La acción policial, ocurrida el sábado 9 de mayo en las inmediaciones del Multiforo, derivó en la detención de al menos 12 personas (quienes fueron puestas en libertad horas más tarde) y ha catalizado una respuesta unificada de diversos sectores sociales que denuncian un uso desproporcionado de la fuerza pública.
La Secretaría General de Gobierno, encabezada por Rodrigo Reyes Mugüerza, ha mantenido una postura de defensa del Estado de Derecho. La administración estatal argumenta que el operativo fue una medida necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos que asistían a los festejos del Día de las Madres y para mantener el libre tránsito.
La narrativa oficial sugiere que el movimiento ha sido instrumentalizado por actores políticos con el fin de generar inestabilidad. El gobierno sostiene que ha cumplido con su parte al gestionar ampliaciones en el acopio (hasta 106 mil toneladas) y responsabiliza a instancias federales y a la falta de disposición al diálogo de los líderes manifestantes por el estancamiento del conflicto.
Por otro lado, para los manifestantes, el desalojo no fue un acto de orden, sino una medida para invisibilizar una protesta legítima. Las organizaciones agrarias exigen transparencia en el programa de Alimentación para el Bienestar, señalando que gran parte del cupo de acopio autorizado ha quedado en manos de intermediarios o “coyotes”.
Colectivos como el Movimiento Feminista de Zacatecas y el sindicato académico de la UAZ (SPAUAZ) han condenado las agresiones físicas documentadas durante el operativo, calificándolas como una criminalización de la protesta social.
El núcleo de la inconformidad reside en los retrasos en los pagos y la exigencia de un precio de garantía justo frente a los costos de producción actuales.
El desalojo ha tenido un efecto bumerán para el Gobierno de Zacatecas, logrando la cohesión de grupos tradicionalmente dispersos. Para este lunes 11 de mayo, se convocó a una movilización masiva que partió desde la Unidad Académica de Ingeniería de la UAZ.
Esta movilización representa un termómetro de la gobernabilidad en el estado, ya que la asistencia de sectores académicos y urbanos en solidaridad con el campo traslada el conflicto de un problema sectorial a uno de carácter social y político generalizado.
La capacidad de la administración de David Monreal para transitar de la contención policial a una mesa de negociación efectiva determinará si este episodio queda como un incidente aislado o se convierte en un desgaste permanente de su legitimidad política ante los sectores productivos más importantes de la entidad.
Un punto crítico que ha alimentado el descontento social es la marcada asimetría en la respuesta institucional. Mientras el aparato estatal demostró capacidad de despliegue y contención táctica frente a grupos de ciudadanos desarmados y líderes agrarios, esta determinación contrasta con la percepción de una política de seguridad pasiva frente al crimen organizado que asedia la entidad.
Para diversos analistas y sectores de la sociedad civil, resulta una contradicción política que el Estado ejerza su monopolio de la fuerza con celeridad contra la disidencia social, mientras las estructuras delictivas mantienen un control territorial que la estrategia oficial de seguridad no ha logrado desarticular.
Esta disparidad en la aplicación de la ley no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que refuerza el cuestionamiento sobre las prioridades de la actual administración en la protección de sus gobernados
